Por Victoria Ginzberg
Ricardo Gil Lavedra se afeitó la barba y disfruta que sus amigos le
digan que parece más joven. Después de tres meses fuera del círculo íntimo
del poder se lo ve de buen humor, pero por momentos parece no haber
terminado de digerir la forma en que fue obligado a renunciar a su puesto
frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El ex camarista del
Juicio a las Juntas piensa seguir trabajando para reformar el sistema
judicial y espera que el Consejo de la Magistratura "extreme el
celo" para resolver las situaciones de los jueces cuestionados. Dice
"no creo" cuando se le pregunta si aceptaría un cargo
legislativo pero confía en que en las próximas elecciones el pueblo vote
"por un cambio" en el Senado. Cuando quiere, rehuye las
definiciones contundentes, pero deja la moderación al hablar de las supuestas coimas del Senado. "El manejo político
de todo el episodio ha sido lamentable", asegura respecto de la
crisis que, como consecuencia indirecta e inesperada, provocó su
alejamiento del Gobierno. --¿Volvió a hablar con el Presidente luego de su renuncia?
--Sí. Volvía a hablar con él. Lo he visto dos o tres veces. --¿Y en qué términos?
--En términos cordiales. Yo conozco al Presidente desde hace
muchos años y somos amigos. --¿Volvieron a hablar de
su salida del Gobierno? En su momento usted manifestó estar sorprendido y
tener bronca por la forma en que se le pidió que se fuera.
--Lo conversamos y quedó claro, por lo menos en los términos que
pueden serlo. --Estamos en un año
electoral. ¿Aceptaría un cargo legislativo?
--No. No creo. Yo no vivo de la política. No necesito cargos
sustitutos. Por eso no quiero premio consuelo. Quienes hacen de la política
su profesión y en muchos casos también su medio de vida, siempre están
buscando de qué manera seguir enganchados. No es mi caso. Quizás no
debería haber aceptado el cargo que me ofrecieron en su momento. --¿Se arrepiente de
haber aceptado?
--Quizás no es arrepentido la palabra, pero si fue malo que el
cargo haya sido por un lapso tan corto. Uno no puede desarrollar las cosas
que tiene pensadas y el sacrificio es muy importante porque no se puede
estar saltando de la actividad profesional a la oficial de un momento a
otro. --¿Qué instrucciones le
daba el Presidente para su área?
--No había indicaciones puntuales. Yo venía hablando desde la
campaña electoral de los grandes lineamientos. Por supuesto los grandes
trazos de las políticas los conversé con él.
--¿Cómo fue su relación
con la Corte Suprema?
--Creo que inauguramos una suerte de relación institucional
respetuosa de su independencia y a la vez de intensa cooperación. Los
jueces tuvieron la oportunidad única de tratar con un gobierno que no los
había elegido y con el que podían ser independientes, porque no iba a
hacer maniobras raras que alteraran el curso de sus decisiones. --¿Alguna vez un
funcionario le sugirió que, en casos importantes para el Gobierno, se
hablara extraoficialmente con algún ministro de la Corte?
--Los jueces no necesitan que les digan qué casos son importantes
para el Gobierno, eso es público. No veo mal que los jueces puedan hablar
con funcionarios del gobierno que les manifiesten sus preocupaciones, como
no veo mal que reciban a las partes. La independencia la tiene cada juez
dentro de sí, no se pierde por escuchar las preocupaciones del gobierno.
En ese sentido las relaciones con la Corte han sido muy buenas. Sobre todo
ha sido muy buena la preocupación compartida de acometer la reforma del
sistema judicial, que es una deuda pendiente. Tenemos una Justicia cara,
muy ineficiente, costosa y que llega poco a la ciudadanía.
--¿El Consejo de la
Magistratura es lento?
--El Consejo de la Magistratura tiene que extremar el celo para
poder sanear los pocos casos que contaminan el resto del poder judicial.
Es intolerable que haya jueces que se hayan enriquecido en el desempeño
de su cargo. Tengo esperanza y reclamo, junto con toda la ciudadanía, de
que el Consejo de la Magistratura cumpla con la tarea que la Constitución
le encomendó. Tiene que actuar con celeridad, quizás con mayor
celeridad. --Usted se tuvo que ir en
el medio de la crisis del Senado, ¿cómo vio la "resolución"
de este tema?
--Yo no tuve nada que ver con lo del Senado (se ríe). --Pero su alejamiento fue
consecuencia del reacomodamiento del Gabinete causado por ese
acontecimiento.
--El episodio del Senado me parece un hito, es la exteriorización
de algo que está en el ambiente desde hace mucho tiempo. Mienten aquellos
políticos y periodistas que dicen que se desayunaron con que se cobraba
por las leyes cuando se suscitó este episodio. Eso marca la decadencia
terminal: cuando los legisladores cobran por sacar leyes pierde todo
sentido el régimen de la democracia representativa. Es una burla, una
parodia. La finalización de este episodio lo tiene que dar la ciudadanía
y el momento de demostrarlo es cuando se renueve el Senado. Es importante
que el pueblo vote un cambio, que vote la terminación de esas prácticas.
--¿Le sorprendió que el juez Carlos Liporaci haya dictado la
falta de mérito de todos los senadores involucrados?
--Sí. Me pareció una investigación muy lenta y me llamó la
atención que se tomara esa medida después de que el propio juez había
manifestado que tenía indicios graves para llamar a indagatorias a los
senadores y se habían exteriorizado públicamente las confesiones de
algunos de ellos. Estos casos no hacen más que socavar la creencia de la
gente.
--Para usted, ¿hubo coimas?
--No lo sé. Más del 90 por ciento de la gente piensa que la hubo
y yo pertenezco a toda la población.
--Usted vivió la crisis desde adentro del Gobierno.
--Es cierto y lo que debo decir es que cuando se desató la crisis
el Presidente ordenó que los integrantes del Gobierno se sometieran a
todos los controles administrativos y judiciales.
--Esa actitud se contradijo con el respaldo a los funcionarios
sospechados.
--Eso tiene más que ver con decisiones de índole política.
Sinceramente no había indicios concretos que (Fernando) De Santibañes y
(Alberto) Flamarique hubieran intervenido en este tema. Pero me parece que
el manejo político del episodio ha sido lamentable, por parte de todos
los actores involucrados. --¿Qué opina de la renuncia de Chacho Alvarez?
--Respeto mucho su estado de ánimo porque me consta cuál fue la
lucha que quiso librar. Quizás pudo no haberse sentido acompañado. Pero
esto desencadenó una crisis política interna en la Alianza muy
importante y como la Alianza es el partido de Gobierno esto le hace mal al
país. --¿Como evaluó la resolución del tema Tablada?
--No es simple. Esa gente era muy joven cuando cometió el hecho,
pero lo que hizo fue terrible. Creo que tienen derecho a la revisión de
su sentencia por un tribunal superior. Muchos integrantes de la Alianza
batallaron en contra de la solución legislativa. El senador (José María)
García Arecha militó abiertamente contra la sanción de la ley. Tampoco
entiendo cómo el tema no se pudo resolver judicialmente. Cerradas las
etapas legislativa y judicial, el Presidente trató de solucionarlo como
pudo. Si el Gobierno hubiera tomado una decisión política más enfática
en su momento no se hubiera llegado a eso. La sanción de la ley, que la
Argentina debe, hubiera sido una salida más limpia.
--¿La Oficina Anticorrupción funcionaría mejor con una mayor
autonomía?
--La Oficina nació por defecto de un órgano que tiene la misma
competencia, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Si este órgano
funcionara. la OA perdería gran parte de su sentido, como órgano de
investigación, no en lo que se refiere a políticas de transparencia y de
prevención. Que haya dos organismos con la misma competencia no es algo
bueno y en el futuro va a haber que discutir esto.
--¿Sigue estando en desacuerdo con que los militares argentinos
acusados de crímenes contra la humanidad sean extraditados?
--Argentina no puede extraditarlos porque no puede declinar la
validez de su orden jurídico. Esto no quiere decir que yo no esté de
acuerdo con que los crímenes de lesa humanidad sean horrendas y deben ser
castigados, pero el único camino es el Tribunal Penal Internacional. Sí
es una obligación del Estado colaborar para establecer la verdad de lo
ocurrido. El derecho a la verdad es política del Gobierno, como también
lo es la defensa de la legislación argentina en el caso de los juicios en
el exterior y el no interferir en las detenciones en el exterior de
ciudadanos argentinos acusados de estos crímenes. --¿Qué pasaría si un
juez dictara la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final?
--Tendrán que decidirlo los jueces.
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