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Por Cristian Alarcón
 Desde las ventanas de la cárcel
de Villa Devoto volaban ayer mensajes envueltos en piedras. Eran algunos
de los ya 1600 presos en huelga de hambre que intentaban con cartas manuscritas
divulgar lo que llaman “la huelga de la paz”, subrayando el
carácter “no violento” de la medida con la que pretenden
obtener conmutaciones de penas similares a las obtenidas tras 116 días
de ayuno por los presos de La Tablada. Por la noche la intención
de nacionalizar el conflicto se hacía real. El último informe
del Ministerio de Justicia reconoció que ya hay 2000 detenidos
en huelga de hambre en varias cárceles del país: General
Roca, Santa Rosa, Neuquén, Rawson, Ezeiza y Marcos Paz. “Vamos
a continuar sin comer hasta el 5 de febrero y si en esa fecha no hay novedades
vamos a comenzar con una huelga seca”, adelantaron ayer los reclusos
a través de sus familiares y abogados. Pero el secretario general
de la Presidencia, Horacio Jaunarena, dijo ayer que “no hay ningún
margen de negociación” con los internos porque su situación
y la de los condenados por el asalto al cuartel militar son “inequiparables”,
con lo que endureció la posición del Gobierno, que desde
el comienzo se negó a un diálogo con los detenidos.
Ayer a la tarde, los presos hicieron llegar al subsecretario de Política
Criminal y Asuntos Penitenciarios un petitorio en el que reclaman no sólo
la conmutación de penas sino un cambio profundo en la política
carcelaria del Gobierno. “Uno de los puntos centrales es la creación
de un ámbito dentro del Ministerio de Justicia en el que se pueda
organizar un plan de empleo para los familiares de los presos sociales
y en el que se puedan atender los reclamos sobre los permanentes abusos
que el Servicio Penitenciario Federal comete contra el detenido y su familia”,
le dijo ayer a este diario Juan Carlos Sarmiento, director del área
legal de la Fundación por los Detenidos Sociales. El otro reclamo
es la creación de una comisión multisectorial en la que
participen representantes del Gobierno, de la Procuración Penitenciaria,
los jueces de Ejecución Penal, las organizaciones no gubernamentales
que trabajan en cárceles y organismos de derechos humanos, con
el objetivo de discutir cambios en la política pública aplicada
sobre las unidades penitenciarias.
Las palabras del secretario general de la Presidencia después de
la reunión de gabinete de ayer sonaron tajantes: “Iniciaron
la huelga de hambre luego de haber desayunado”, ironizó Jaunarena.
“El Gobierno recurrirá a la persuasión para que se
entienda que no hay ningún margen de negociación con respecto
a quienes iniciaron una huelga de hambre que desde nuestro punto de vista
es injustificada”, sentenció. Tal como ya lo había
hecho el subsecretario de Política Criminal y Penitenciaria, Alvaro
Ruiz Moreno, el radical explicó que la diferencia entre los condenados
de La Tablada y los presos sociales es que en el primer caso se les otorgó
el beneficio presidencial porque no habían tenido derecho a un
segunda instancia judicial, tal como indica el Pacto de San José
de Costa Rica. “Pretenden asimilar una situación absolutamente
diferente, por lo cual no hay ninguna razón para equiparar soluciones”,
cerró.
En el foco de este conflicto se encuentra la Procuración Penitenciaria,
un organismo destinado a proteger los derechos de los detenidos, que depende
del Ministerio de Justicia. El procurador, Francisco Mugnollo, admitió
ayer a Página/12 que su oficina carece de los recursos necesarios
para ocuparse del control de las cárceles: sólo disponen
de una docena de abogados, tres médicos y una psicóloga
en el plantel. Aun así, en el último año, la Procuración
presentó 15 denuncias penales por posibles abusos, además
de recibir unas cien llamadas diarias de detenidos que acusan maltratos,
demoras injustificadas en sus salidas y trabas para estudiar. “La
Procuración todavía no tiene una estructura suficientemente
amplia, teniendo en cuenta la cantidad de internos que hay sólo
en lacapital –aseguró–. Hace un año que asumimos
las funciones y poco hemos armado porque no teníamos el personal
ni el equipamiento técnico.”
“Los presos sólo están pidiendo que se cumpla con el
artículo 16 de la Constitución, que plantea la igualdad
ante la ley de los ciudadanos”, planteó ayer a este diario
Patricia Pérez, de Fundeso. La ONG, cuyo presidente honorario es
el criminólogo Elías Neuman, considera que los presos se
“hartaron de esperar una respuesta del Gobierno desde comienzos de
diciembre” y llegaron a una situación terminal de hacinamiento,
falta de alimentación y atención médica, a lo que
se suma el “incumplimiento de la ley de ejecución penal”
que posibilita las salidas transitorias de los detenidos. “Las condiciones
de hacinamiento son las de pabellones con capacidad para cincuenta con
no menos de 120 personas”, señaló.
El propio procurador penitenciario asumió que “hay muchas
situaciones que pueden ser violaciones a los derechos humanos, desde la
salud y la educación hasta las requisas y un modo de operar en
el control y la vigilancia que es violento y violatorio”. Ayer la
organización de Abuelas de Plaza de Mayo expresó su apoyo
a los presos sociales. Estela Carlotto le dijo a Página/12 que
“el Estado argentino debe atender estas demandas en tanto tiene que
haber igualdad de posibilidades, más allá de las diferencias
con el caso de La Tablada, porque los años en la cárcel
siempre son un oprobio y el rencor y la desesperanza contribuyen a la
denigración”.
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Reclamo con antecedentes
Por C.A.
Dos grandes huelgas de hambre anteceden a la que ayer ya sumaba
a varias cárceles del país. La primera fue aquella
iniciada en los últimos días de la dictadura y los
primeros de la democracia alfonsinista. Después de 61 jornadas
de protesta, los presos de 22 cárceles acordaron con los
nuevos legisladores una rebaja que se llamó el “tres
por dos”, o sea que cada dos días pasados en la cárcel
sin condena se computaron tres. Fue en 1994, cuando la huelga de
hambre, después de varias protestas que incluyeron motines,
culminó con la sanción de la ley del “dos por
uno”.
En este caso, los internos también reclaman una ámbito
de discusión de las políticas penitenciarias y un
espacio en el que el Estado se ocupe de sus núcleos familiares,
diezmados por el desempleo, y de las denuncias de arbitrariedades
del SPF. Según Patricia Pérez, de Fundeso, el nivel
de organización de los presos de Devoto es hoy parecido al
que se registró durante los primeros años de la democracia.
“Ahora no sólo se plantea una cuestión reivindicativa
sino que hay un salto cualitativo –dijo–. Discuten política
penitenciaria y criminal, y proponen articulación con las
organizaciones de la sociedad civil.”
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EL
ESTADO DEBE INDEMNIZAR A UNA GUARDIACARCEL
Cómo compensar a una rehén
En un fallo inédito,
la Justicia ordenó al Estado nacional indemnizar a una ex agente
del Servicio Penitenciario Federal, quien en 1996 había presentado
una demanda contra el Ministerio de Justicia por el “daño
psíquico y moral” sufrido al haber sido tomada como rehén
durante un motín en la Cárcel de Mujeres de Ezeiza. A pesar
de que la ex oficial, Sandra Amelia Flores, declaró no haber sido
víctima de abusos o de daños físicos, en su demanda
señaló que “los momentos de gran tensión”
que padeció mientras estuvo cautiva en el penal la llevaron a abandonar
su carrera en el Servicio Penitenciario, causándole una “pérdida
de chance”, es decir, truncando su desarrollo profesional en la institución.
Por estos motivos, el Estado deberá compensar a Flores, con una
suma cercana a los 200 mil pesos.
La odisea de Sandra tuvo lugar hace cinco años, en el interior
del Pabellón 3 del Instituto Correccional de Mujeres de Ezeiza,
donde se desempeñaba como jefa de turno. El martes 2 de abril de
1996, mientras asistía a dos de sus compañeras en un traslado
a Tribunales, una de las reclusas del Pabellón 3 la obligó
a meterse a una de las celdas. Las internas iniciaban un motín
en solidaridad con el que acababa de estallar en Sierra Chica, y reclamaban
mejores condiciones de alojamiento para ellas y sus hijos, que también
vivían en la cárcel. Durante 6 días, esta mujer jujeña,
que en ese entonces tenía 21 años y estaba embarazada de
3 meses, convivió con las presas más peligrosas de la Unidad.
Sin embargo, no fue maltratada ni dañada físicamente; algo
que sus familiares relacionaron con su forma de ser: “Sandra es sencilla
y muy buena, gracias a eso tiene una excelente relación con las
internas”, contó en aquel momento su hermano.
Meses después de ser liberada, Flores demandó al Ministerio
de Justicia argumentando que había sido víctima de “momentos
de gran tensión”, que condicionaron su vida futura y la obligaron
a abandonar su carrera. Al retirarse, la mujer fue indemnizada por el
SPF: recibió el equivalente a 30 sueldos de inspector general –el
máximo rango en la jerarquía del Servicio– y fue beneficiada
con una pensión. Aun así, la denuncia de Flores por “daños
psíquicos, morales y pérdida de chance” prosperó,
y recibió un fallo favorable en primera instancia. En la misma
demanda, Flores exigía al Estado que se hiciera cargo de los medicamentos.
El fallo fue apelado por el Ministerio de Justicia, pero los miembros
de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal ratificaron la decisión de los jueces de primera instancia,
obligando al Estado a pagar 50 mil, 60 mil y 46 mil pesos, respectivamente,
como resarcimiento por el daño psíquico, moral y la pérdida
de chance, más los intereses computados desde el día en
que se inició el motín.
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