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“Diga sus nombres y sus apellidos, y el apodo si lo tuviere.”
El juez Juan Guzmán Tapia debe haber repetido esas instrucciones
centenares de veces durante su carrera, pero ayer el destinatario fue
el ex dictador y senador desaforado Augusto Pinochet Ugarte, que por primera
vez se sentó formalmente en el banquillo de los acusados (aunque
en su lujosa residencia del barrio santiaguino de La Dehesa) para contestar
sobre su responsabilidad en el caso de 75 fusilamientos conocido como
“Caravana de la Muerte”, ocurrido en 1973. La estancia del magistrado
en la residencia de Pinochet se prolongó por dos horas y cuarto,
aunque según el general retirado Guillermo Garín, portavoz
del ex dictador, las preguntas y respuestas que efectivamente se intercambiaron
habrán durado unos 15 minutos, y Pinochet habría contestado
sólo 15 de las 75 preguntas que le llevó Guzmán.
Ahora Guzmán deberá evaluar la salud mental de Pinochet
para decidir su procesamiento, que los abogados querellantes adelantaron
que reclamarán hoy mismo.
“Todo fue muy armónico, el juez y el general conversaron muy
respetuosamente”, dijo Garín. Pinochet, pulcramente vestido
de traje y corbata, apoyado en un bastón, saludó al juez
en el salón principal de su enorme y moderna residencia de más
de 500 metros cuadrados y ambos se instalaron allí en el espacio
acondicionado para el trámite. Según Radio Cooperativa,
el ex dictador habría reconocido “haber sabido” de los
casos de desaparecidos y de lo que ocurrió durante su régimen
militar (1973-90), pero sin entrar en detalles. Pinochet habría
dado esta respuesta ante una pregunta específica del magistrado
en el marco del interrogatorio. Una fuente judicial que tuvo acceso a
la transcripción textual del interrogatorio dijo que Pinochet habría
respondido que “no ordené matar a nadie” al contestar
la primera pregunta. Las preguntas de Guzmán estuvieron dirigidas
a establecer si, como superior jerárquico, Pinochet ordenó
cometer esos delitos a algunos de sus subordinados. “No, no supe
hasta mucho después”, habría dicho el ex dictador,
para agregar que la responsabilidad de investigar lo que ocurría
en cada zona del país no era suya sino de los jefes militares de
esas regiones.
Con esta declaración indagatoria y el resultado de los exámenes
médicos y psiquiátricos, Guzmán cumplió el
último paso necesario para decidir el futuro procesal de Pinochet,
si dicta o no un auto de procesamiento en su contra o sobresee la causa.
Y las fuerzas enfrentadas se preparan para el momento de decisión.
Ayer, el general Garín dijo que “el juez Guzmán pudo
constatar personalmente el estado de salud, y debe haberse llevado una
impresión bien clara al respecto”. Por otro lado, los abogados
querellantes, que presentarán hoy su demanda en favor del arresto
y el procesamiento del senador desaforado –que el magistrado tendrá
un plazo de cinco días para contestar–, presentaron también
ayer un escrito solicitando al juez Guzmán que investigue si hubo
o no irregularidades en el informe final de los recientes exámenes
mentales y psiquiátricos practicados a Pinochet.
Y esto por un motivo que puede ser clave: el médico Luis Fornazzari,
el perito que representó a los querellantes en los exámenes
médicos, se negó a firmar el informe final de la pericia
por existir una discrepancia en el diagnóstico con el pre-informe.
Fornazzari denunció desde Toronto, Canadá, donde vive y
trabaja. que mientras el pre-informe diagnosticó que Pinochet padece
de demencia en un grado leve a moderado, el documento final establece
que el ex dictador sufre demencia subcortical vascular de grado moderado,
lo que supone una discrepancia. El abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez
sostuvo que “aquí hay alguien que cometió un delito,
una falsificación ideológica que hay que investigar”.
Ya que el Código Penal chileno establece que sólo la demencia
puede eximir a un inculpado de un proceso.
EL
GOBIERNO SE PREPARA A RECONQUISTAR “FARCLANDIA”
Colombia remilitariza la paz
La “zona desmilitarizada”
es la imperfecta piedra angular de las imperfectas negociaciones de paz
entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC). De 42.000 km2 de extensión, aporta el lugar
donde se realizan las negociaciones pero al mismo tiempo una base de operaciones
militares para la guerrilla. El gobierno estaba dispuesto a tolerar esta
situación mientras continuara el proceso de paz, pero después
de que las FARC lo “congelara” en noviembre, Pastrana les dio
hasta el 31 de este mes para reiniciarlo si quería que prolongara
la entrega de la zona. La guerrilla no cedió, y anteayer mismo
rechazó una propuesta de negociación de último momento.
Mientras tanto, el ejército colombiano completaba ayer una concentración
militar en torno a la zona, que llega a más de 2500 tropas. El
comandante local, Javier Arias, aseguró que “podemos recuperar
la zona en menos de 24 horas”.
Es claro que Bogotá considera que su margen de maniobra ha dejado
de existir. Para reiniciar las negociaciones, las FARC exigen que mejore
su lucha contra los grupos paramilitares, mejora que debería ser
certificada internacionalmente. Hasta entonces, el proceso de paz estará
“congelado”. Todos los encuentros para encontrar una fórmula
común fallaron. La semana pasada el Alto Comisionado para la Paz,
Camilo Gómez, presentó a las FARC una propuesta de 11 puntos
como base para relanzar la negociación. Pero el lunes el líder
máximo de la guerrilla, Manuel Marulanda Vélez (“Tirofijo”),
la rechazó afirmando que esos puntos ya estaban incluidos en la
agenda existente, que sólo se reactivaría una vez que se
verificara la intensificación pedida en la lucha contra los paramilitares.
Ayer el negociador Juan Gabriel Uribe enfatizó que “no vamos
a rogar, la súplica no es la base de un proceso de paz: si las
FARC no lo descongelan quiere decir que no están interesadas en
él”. Pastrana reiteró esta posición ayer desde
París, y canceló su presencia en la cumbre económica
de Davos en Suiza para volver de urgencia a su capital.
Cuando llegue, su gama de alternativas estará limitada a una sola
decisión. Desde la semana pasada la XII Brigada del ejército,
con jurisdicción sobre la zona desmilitarizada, prepara un plan
de contingencia para reconquistarla. Para subrayar la amenaza, esa formación
ha sido ostentosamente reforzada con tropas especializadas en la lucha
contrainsurgente. Ayer mismo se informó sobre el despliegue de
600 soldados armados con fusiles de asalto y equipos de visión
nocturna cerca de “Farclandia”. Y el comandante de la XII Brigada,
el general Arias, sólo evidenció confianza ante la perspectiva
de tomar por asalto quizás el más imponente bastión
guerrillero. “Mis soldados pueden hacerlo, están preparados
física y psicológicamente”, aseguró a la radio
colombiana.
Pero lo más probable es que toda esta panoplia militar no busque
más que persuadir a la guerrilla de regresar, nominalmente al menos,
a la mesa de negociaciones. Es posible que incluso el Ejército
prefiriera posponer el Día D. Sus fuerzas no han realizado ofensivas
a gran escala contra la guerrilla desde que en 1996 una brigada antiinsurgente
fuera masacrada en la jungla, con la pérdida de más de la
mitad de sus efectivos. Por lo menos, es probable que el alto mando prefiera
esperar hasta que la ofensiva contra las zonas cocaleras del sur del país
erosione la base económica de la guerrilla. Pero si se lanza la
reconquista el 1º de febrero, este orden de prioridades podría
revertirse. El general Arias admitió que en caso de dificultades
“se contempla” el uso de los 3000 hombres de los batallones
“antidrogas” entrenados por Estados Unidos, no obstante la naturaleza
contrainsurgente de la ofensiva. Así, la guerra total podría
llegar a Colombia antes de lo que cualquiera se imaginaba.
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