Por Julio Nudler

Entre los precios que está pagando el Ministerio de Salud por los medicamentos que compra para su banco de drogas y los precios de esos mismos remedios en las farmacias hay en muchos casos diferencias escandalosas. Sobre los precios de venta al público sugeridos por los laboratorios pueden obtenerse en numerosas farmacias descuentos que llegan al 20 o 25 por ciento, pero la distancia con los valores ofertados a Salud sigue siendo enorme, y en todo caso muy superior a la brecha explicable por tratarse de colocaciones en cantidad. Aunque el ministro Héctor Lombardo se ufana de haber conseguido pronunciadas caídas, muchas veces asombrosas, en los valores ofertados por los laboratorios o algunas droguerías en las licitaciones, los precios de los medicamentos en las farmacias de la Argentina siguen siendo estratosféricos, y es cada vez más frecuente que los enfermos deban renunciar a adquirirlos. Hasta el momento el gobierno de Fernando de la Rúa no tomó ninguna iniciativa frente a la notoria distorsión de este mercado, pese a que ella es denunciada desde el propio Poder Ejecutivo por la Secretaría de Defensa de la Competencia y el Consumidor (ver nota aparte). Recién ayer el ministro de Economía, José Luis Machinea, anunció que está analizando medidas a adoptar.
La drástica reducción de los precios en las licitaciones oficiales dejó completamente al descubierto los excesos que soporta el paciente común cuando tiene que pasar por caja en una farmacia. Pero también resulta sugestivo que, en casos como los que se ven más abajo, los precios de venta de diferentes marcas con el mismo contenido sean bastante o muy similares, al punto de sugerir la existencia de un acuerdo previo entre los laboratorios. En principio podría pensarse que la llamativa similitud de los precios está expresando un parecido margen de comercialización por encima del costo. Pero la noción misma de costo queda cuestionada cuando se descubre que igual medicina es provista al Estado a valores notablemente inferiores, sin razón para suponer que le vendan a pérdida.
A continuación algunos ejemplos, referidos a drogas contra el sida y oncológicas, que son las que básicamente compra Salud. Respecto de las adquisiciones oficiales, por licitación o a veces compra directa, se consigna en general el precio más bajo de la serie, que es casi siempre el de la compra más reciente, ya que, como se señaló, el ministerio logró drásticas reducciones. El ministro Lombardo atribuye ese abaratamiento a su decisión de acabar con la anterior manipulación de las licitaciones por parte de los laboratorios. Aquí algunos casos elocuentes.
Las cápsulas de 40 mg de Stavudina Elvetium fueron compradas por Salud a razón de 16 centavos la unidad. Ese mismo laboratorio, y bajo la marca STV, sugiere un precio de venta al público (PVP) de $ 6,64 por cápsula, es decir, 41 veces superior. Y, en realidad, es el más barato del mercado, al fijarle al envase de 60 cápsulas un precio de $ 398,38. Las otras siete marcas disponibles oscilan, para igual presentación, entre los $ 400,10 (Revixil, de Gador) y los $ 430,20 (Zerit, de Bristol). Es interesante observar que hasta la licitación realizada en marzo de 2000, Salud venía adquiriendo este medicamento a valores que oscilaban en torno de los 4 pesos por cápsula, compatibles por tanto con el PVP de esta especialidad. Pero a partir de otra licitación, efectuada tres meses después, los precios ofertados se derrumbaron a valores inferiores a los 30 centavos.
Los comprimidos de Lamivudina de 150 mg, del laboratorio Elea, pudieron ser adquiridos por Salud a razón de 39 centavos la unidad. El público puede encontrar esta droga básica bajo diez marcas diferentes, en presentaciones de 60 comprimidos que cuestan entre $ 315,02 (con el nombre Ganvirel, de Elvetium) y $ 333,36 (3 TC, de Wellcome). Vale decir que el menor PVP es de $ 5,25 por comprimido, y el mayor, de $ 5,56. Como se indicó arriba, hay por un lado una incomprensible distancia entre el precio pagado por Salud y el sugerido para el público (la relación es de 1 a más de 13), y a pesar de esto la brecha de precios entre diez marcas en el mostrador farmacéutico no llega al 6 por ciento.
En el caso de la Zidovudina, Salud compró a $ 0,177 cada cápsula de 100 mg Kampel Martian. En plaza existen once marcas disponibles. Una de ellas, Crisazet, es de Kampel, y en su presentación de cien cápsulas cuesta $ 201,50. Esto significa que cada cápsula vale 2 pesos, más de once veces el precio licitado. Sin embargo, hay otras marcas mucho más caras aún, como el Retrovir, de Glaxo-Wellcome, con un precio de $ 3,17 por cápsula.
La Didanosina de Richmond fue comprada por el ministerio a $ 0,643 el comprimido de 100 mg. Ese mismo laboratorio sugiere un PVP de $ 147,50 por el envase de 60 comprimidos, que implica 2,46 pesos por unidad. En este caso hay una decena de marcas, que varían entre $ 131,62 (Moxitun, de Labinca) y $ 152,55 (Videx, de Bristol).
La caja de comprimidos de Ciproterona 50 mg Delta Farma que el Ministerio de Salud pagó $ 29,50, vale en la farmacia 350,90. Esta es, además, la opción más barata entre las once marcas existentes, aunque, de nuevo, las diferencias de precio son exiguas entre ellas.
La ampolla de 100 mg de Etoposido, de Biocrom, vale $ 3,95 para Salud y $ 78,50 en farmacias, donde el paciente puede elegir entre dieciséis marcas. La más económica de ellas es la de Delta Farma, pero aun así cuesta $ 72,90. La más cara es Citodox, de Rontag, que vale 88,91, siempre por un frasco ampolla.
También Biocrom proveyó a Salud la Ifosfamida de 1 gramo, en frasco ampolla, a un valor de 8,96 pesos. Pero la presentación más económica que puede ofrecer un boticario, proveniente del laboratorio Delta Farma, cuesta $ 76,90. La marca IFX, de Rontag, cuesta en cambio $ 102,46 y está así en el otro extremo de la escala, compuesta por nueve alternativas. Cinco de ellas cuestan alrededor de 85 pesos.
El Paclitaxel de 100 mg, en frasco ampolla, fue facturado por Richmond al ministerio a razón de 69 pesos redondos. Pero en las farmacias la disyuntiva más barata es Dalys, de Dosa, y cuesta $ 930,90. En la otra punta está el Taxol, de Bristol, a $ 1054,45. El mismo genérico, pero de 300 mg, fue adquirido por Salud a Delta Farma a 135 pesos. En farmacias se puede optar por Taycovit, de Elvetium, a $ 2950,84, mientras que el Taxol cuesta $ 3158,10. Entre esos extremos hay otras tres opciones.
El Carboplatino de 150 mg en frasco ampolla fue cotizado para el banco de drogas estatal a $ 12,79 por Sidus y 12,90 por Delta Farma. El primero de esos laboratorios sugiere venderlo al público a $ 286,65. En el caso de esta droga oncológica, las diferencias de precio entre las once marcas existentes son mucho más marcadas de lo que es habitual en el mercado. La disyuntiva más costosa es el Carbotanil, de Teva-Tuteur, que vale $ 429,92, mientras que el Carboplatino de Elvetium cuesta $ 224,95.

ECONOMIA CRITICA LA ACTITUD DE LOS MEDICOS
“No recetan lo más barato”

Por J.N.

Las distorsiones del mercado de medicamentos “afectan negativamente el bienestar social”, afirma un documento de la Secretaría de Defensa de la Competencia y el Consumidor, aunque esta comprobación no ha tenido hasta hoy consecuencias políticas prácticas. “Las decisiones de consumo respecto de la elección del medicamento, la cantidad y la marca –se señala– no son tomadas por el consumidor; es decir que en este mercado se da la situación de que quien consume (el enfermo) no elige, quien elige (el médico) no paga y quien paga es un tercero (por ejemplo, una obra social, cuando no es el paciente quien lo hace total o parcialmente)” (los textos entre paréntesis no están en el original de la Secretaría). En tono crítico, esta dependencia de Economía recuerda que en el curso de los años ‘90 (en realidad, a comienzos de esa década) “se eliminó todo tipo de control de precios y de márgenes de comercialización en medicamentos”, libertad obviamente inapropiada mientras este mercado presente las imperfecciones antes descriptas, que llevan a una distorsionada formación de valores. De hecho, los precios de las medicinas “han ido incrementándose sin pausa a lo largo de toda la década”. Además de aumentos directos, las alzas también se aplicaron, especialmente después de 1995, a través de la introducción de nuevas presentaciones. Esta permanente inflación forzó un aumento del gasto en remedios, pese a la caída en las cantidades compradas por el público. Según la crítica la visión oficial, en este negocio hay “asimetría y asincronía de la información”. Dicho en otros términos: los laboratorios manejan la información más completa en tiempo y forma, mientras que los pacientes/consumidores carecen de ella, y entre unos y otros están los médicos, que son quienes deciden cada tratamiento.
La idea gubernamental es corregir esta disparidad mediante información, divulgando planillas donde figuren medicamentos sustitutos, que tendrían este carácter “por tener el mismo principio activo (genéricos) y la misma acción terapéutica, y a partir de ello posibilitar comparaciones de precios, ampliando el poder de decisión de los agentes” (es decir, médicos y enfermos). La realidad es que esas planillas vienen siguiendo un trabajoso proceso de confección porque hay sólo dos personas asignadas a la tarea, que lidian con miles de marcas para cientos de específicos, que además van variando continuamente, de modo que los listados se desactualizan antes de ver la luz.
La publicación de esas nóminas fue dispuesta por una resolución de 1992, tomada en conjunto por los ministerios de Economía y de Salud, pero parece haber tenido más la intención de maquillar la verdadera política de liberación irrestricta de precios y márgenes, ya que recién a fines de 1998 comenzaron a difundirse algunas comparaciones de valores. También se recordó que todas las farmacias debían exhibirlas para “concientizar a la población”, pero nadie se ocupó de obligar a que se hiciese. Los listados que llegaron a divulgarse fueron muy parciales, e incluso los que pueden bajarse del sitio de Defensa de la Competencia en Internet están desactualizados.
Con datos referidos a 1997 se estableció que un mismo mal puede tratarse a costos muy diferentes, según la marca de medicamento que se utilice. Así, una otitis puede combatirse con Amoxicilina gastando, para todo el tratamiento, $ 11,10 o 21,60. Medicarse un mes una osteoartrosis con Diclofenac Sódico puede costar entre $ 36,60 y 76,80, según la marca elegida. Con la cefalea y el popularísimo Acido Acetilsalicílico ocurre otro tanto, pero en mucho mayor grado: uno puede tener a raya el dolor de cabeza durante un mes con una inversión que va de un mínimo de 2,60 a un máximo de $ 44.
“Los médicos no recetan lo más barato”, acusa Defensa de la Competencia a los terapeutas, a quienes además les recrimina actitudes poco éticas. Si no cuidan el bolsillo del consumidor/paciente es porque”reciben `beneficios’ de los laboratorios si prescriben sus marcas (viajes, etc.)”.

PARA COMPETENCIA DA IGUAL LA MARCA. PARA SALUD NO.
Ideas rivales en el Gobierno

Por J.N.

“Entre las 41 presentaciones comerciales (marcas) cuyo principio activo es Ampicilina comprimidos por 500 mg se observa una diferencia del 212,5 por ciento entre el precio de venta unitario más alto y el más bajo. (...) En el caso de los productos a base de Penicilina G Sódica inyectable por 1000000 UI (existen seis presentaciones), la diferencia entre los precios máximo y mínimo es del 393,8 por ciento.” Estos son apenas dos ejemplos de la enorme dispersión de precios que prevalece en las farmacias para remedios en principio equivalentes. En todo caso, para una importante dependencia del Gobierno, como es la Secretaría de Defensa de la Competencia y el Consumidor, son considerados medicamentos sustitutos (es decir, intercambiables por su similar efecto terapéutico) aquellos que contienen el mismo principio activo y en la misma concentración por cada unidad de producto.
En base a este criterio, una manera efectiva de ayudar a que los enfermos se curen al más bajo costo posible consiste en proveerles la información más completa sobre drogas, marcas y precios. Así podrán elegir, si lo desean, el remedio más barato. Esta visión coincide con la del decreto 150/92, que estableció la obligación para los médicos de prescribir por genérico o droga básica, en lugar de indicar una marca comercial, con lo que se transfería al paciente la elección de ésta. Pero al año siguiente otro decreto, el 177/93, abolió aquella obligación y dejó a los facultativos la opción de recetar por genérico o por marca. Según la Secretaría que conduce Carlos Winograd, esa “marcha atrás” fue fruto de “la presión de la oferta”, léase los laboratorios.
Pero el ministro de Salud, Héctor Lombardo, discrepa abiertamente de este enfoque, como sostuvo en una reciente entrevista concedida a Página/12, aduciendo que dos medicamentos pueden mostrar diferente eficacia terapéutica aunque contengan la misma droga básica, según demostraría la experiencia clínica. Por tanto, es el médico quien debe indicar el producto (la marca). Pero Lombardo también alega que la Anmat, organismo dependiente de su ministerio que autoriza la venta de medicinas, carece hasta ahora de la tecnología necesaria para aprobar solamente las especialidades que reúnan todos los parámetros de eficacia. Otras fuentes, tanto universitarias como sectoriales, indican en cambio que esa tecnología moderna está disponible en la Argentina y podría utilizarse si se quisiera.
Conviven en el Gobierno, por tanto, dos líneas de acción incompatibles entre sí, ya que carece de sentido inducir a los pacientes a elegir la marca más barata de una droga si no se les dice si es más, menos o igualmente eficaz que las ofertadas por otros laboratorios.

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