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Por Adriana Meyer
 Mientras el Consejo de la Magistratura
se prepara para apretar el acelerador del juicio político contra
Carlos Liporaci, el magistrado estaría pensando renunciar en marzo.
La versión ya había circulado en diciembre, pero volvió
a recorrer los pasillos de los Tribunales y los despachos de los pocos
consejeros que no están de vacaciones. A fines de febrero, la Comisión
de Acusación del Consejo elevará a juicio político
la causa por presunto mal desempeño del juez. Pero antes escuchará
al ex secretario de Liporaci, Guillermo Gowland, quien había revelado
a Página/12 que su ex jefe pagó a un financista para que
le fraguara un crédito y así le permitiera justificar parte
de la compra de su casa. Esa adquisición desencadenó su
enjuiciamiento en la Magistratura y en la justicia penal federal.
Apenas corrían los primeros días del año cuando Gowland
le dijo a este diario que “el juez Carlos Liporaci le pagó
20 mil dólares a la financiera Cofiarsa para que le inventara un
préstamo por 160 mil dólares a nombre de su esposa, Lidia
Inés Calb”. El ex secretario se enteró de esta situación
por medio de su abogado Isaac Damsky, amigo personal del dueño
de esa financiera, José Levy. Según Gowland, el propio Levy
le reconoció que “aceptó el trato acorralado por las
deudas”. El 31 de diciembre Gowland recibió en el contestador
de su teléfono celular una amenaza de muerte contra él y
Levy.
En la primera reunión formal que celebrará Acusación
en el año 2001, el lunes 5 de febrero, se escucharán los
últimos testimonios de personas sugeridas por el juez, para luego
analizar el dictamen acusatorio que ya está preparado. Página/12
pudo saber que la Comisión citará también a Gowland
y a Levy para preguntarles sobre el crédito antes de resolver si
el acusado puede seguir en su cargo. Fuentes consultadas por la agencia
DyN aseguraron que la Comisión quiere “apurar” el expediente
de Liporaci, pues al menos tres integrantes del Consejo manejan una información
que asegura que el cuestionado magistrado podría renunciar en marzo.
El lunes 5 de febrero, Acusación celebrará una reunión
extraordinaria –habitualmente se reúne los martes– para
escuchar a los empresarios Diego Torrisi y Francisco Ogando, supuestos
prestamistas de Liporaci para la compra de su suntuosa casa de Vicente
López. Para ese mismo día también fue convocada la
contadora María Laura Baulán. La citación de los
tres testigos se desprendió del descargo por escrito presentado
por el magistrado en diciembre, en el que intentó justificar su
situación patrimonial y planteó reparos y objeciones al
accionar del Consejo. El martes 6, el cuerpo volverá a reunirse
y comenzará a analizar los elementos de cargo contra Liporaci.
Durante un allanamiento a Cofiarsa, el juez Gabriel Cavallo encontró
una habitación secreta en la que había cupones de tarjetas,
cheques y una carpeta con la solicitud de uno de los créditos de
Liporaci. Si bien el hallazgo pareció complicar en forma definitiva
al juez, cuando el financista Levy fue interrogado por Cavallo negó
haber inventado el préstamo. “Si antes de actuar el Consejo
espera los resultados de esta investigación se equivoca y no hace
su trabajo”, comentó a Página/12 un funcionario judicial
que asegura que Cavallo no va a acelerar el trámite de la causa.
Será decisivo el resultado de una pericia contable que busca determinar
si la evolución patrimonial de Liporaci es acorde a sus ingresos.
PIDE
NO SER EXTRADITADO A ESPAÑA
Cavallo trata de zafar
El abogado del represor Ricardo
Miguel Cavallo, José Scelzi, no deja de insistirle al juez Adolfo
Bagnasco para que tome alguna medida que evite que su defendido sea juzgado
en España. A pesar de que la Cámara Federal rechazó
que este tema fuera tratado durante la feria judicial, Scelzi reclamó
ayer que el magistrado se dirigiera al gobierno mexicano para suspender
la extradición. El canciller azteca, Jorge Castañeda, anunció
que fijará su posición antes de que culmine la primera semana
de febrero.
Scelzi pidió al juez que notificara a las autoridades de la Cancillería
de México que existe una causa –“como expresión
de la soberanía nacional”– en la que se busca imponer
la jurisdicción argentina para juzgar a Cavallo, conocido por sus
víctimas de la ESMA con los alias de “Sérpico”
o “Miguel Angel”. A principios de noviembre del año pasado
el abogado solicitó que el marino fuera trasladado al país,
donde lo amparan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Sin embargo,
técnicamente Bagnasco no tiene un proceso abierto contra el represor,
ya que los fiscales rechazaron su competencia y este tema aún no
está dirimido.
El defensor del marino también había reclamado la intervención
oficial del Poder Ejecutivo, pero la Cancillería se desligó
del caso y estimó que era un problema de la Justicia.
El juez mexicano Jesús Guadalupe Luna Altamirano expresó
el 12 de enero pasado que era procedente la extradición de Cavallo
a España, donde será juzgado por genocidio y terrorismo.
Si el Ministerio de Relaciones Exteriores de México concuerda con
esta posición, la defensa contará con un período
de 15 días para presentar un recurso de amparo.
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OPINION
Por José Rigane *
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No hay una sola CGT
El Gobierno debió admitir la necesidad de adecuar la ley
de Asociaciones Sindicales a los parámetros internacionales
que garantizan la libertad sindical. Frente a esta decisión
comienzan a saltar las voces que alertan sobre un nuevo intento
de dividir el movimien-to obrero. Algunos cacarean sobre una movida
de la Alianza “gorila”, destinada a liquidar las conquistas
obreras. Olvidan que, corridos por la realidad y las presiones internacionales,
los menemistas en 1997 ya tuvieron que reconocer la existencia de
la Central de Trabajadores Argentinos.
Pero la CTA no liquidó el modelo sindical de 50 años
de existencia surgido al compás del garantismo sindical de
los gobiernos peronistas con paritarias, convenciones colectivas,
defensa de higiene y seguridad, vacaciones y aguinaldo. Muy por
el contrario, la CTA surgió como autodefensa de los trabajadores
y los sindicatos, que no aceptaron la entrega de sus cláusulas
convencionales protectoras a manos de un gremialismo oficialista
que se ganó el mote de “sindicalismo empresario”.
No por casualidad la CTA fue llamada “Central antimodelo”.
La resistencia a las privatizaciones, la Marcha Federal en 1995,
la Carpa Blanca, son su signo distintivo.
La CTA nació para unir las luchas de los trabajadores formales
con aquellos que, teniendo ocupación, no guardan relación
de dependencia. Se construyó para sumar y sumarse a los desocupados,
los precarizados, los jubilados. Todos excluidos de la organiza-ción
sindical. (No olvidemos que los sindicatos de la CGT sólo
afilian a quien tiene trabajo estable y formal; en la CTA, en cambio,
la afiliación es directa y la elección de sus autoridades
también).
Menem y sus ministros de Trabajo trataron de pagar el menor costo
posible en la OIT. Patricia Bullrich pareciera querer apurar algunas
cuestiones que, al tiempo que la diferencien del menemismo, le permitan
sincerar la nueva realidad organizativa de los trabajadores y, de
paso, viajar a Ginebra más tranquila. Si avanza en los lineamientos
de la Organización Internacional del Trabajo, nadie podrá
decir que lo hace para congraciarse con un sector sindical. No será
una concesión sino una solución de compromiso.
La CTA, desde su autonomía política, no teme ninguna
discusión que permita profundizar la democracia en todos
los espacios institucionales.
La CTA prioriza un modelo de país con una distribución
de la riqueza que no es el que nos proponen desde las estructuras
sindicales y políticas actuales y lo hace desde el rescate
de la identidad clasista, desestimando la falsía de un sentimentalismo
que disimula organizaciones que ya no representan la nueva composición
de la clase obrera.
* Secretario de Interior de la CTA
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