Por Mariana Carbajal

La ligadura de trompas de Falopio es, una vez más, centro de una polémica en la ciudad de Buenos Aires. El Hospital Alvarez prescribió esa intervención a una mujer, con cuatro cesáreas previas y a punto de dar a luz su quinto hijo por el mismo método quirúrgico, ante el peligro que podría significarle un nuevo embarazo. Pero los médicos se niegan a practicársela sin una autorización de la Defensoría del Pueblo. “La exigencia es ridícula. Si hay una prescripción médica no es necesaria ninguna autorización, ni judicial ni de esta oficina”, señaló la ombudsman porteña, Alicia Oliveira, en diálogo con Página/12. Oliveira firmó ayer una resolución por la cual recomienda a los profesionales del Alvarez
que lleven adelante la ligadura tubaria sin más exigencia que el consentimiento de la paciente. “Vamos a realizar un seguimiento del caso. De no practicar la ligadura, presentaremos un amparo en la Justicia”, advirtió la defensora del pueblo.
La protagonista de esta historia se llama María Inés Herrera. Tiene 31 años y con su marido y sus cuatro hijos –próximamente serán cinco– vive en el partido de Ituzaingó, en el oeste del conurbano bonaerense. “Tengo amigas que se hicieron la ligadura de trompas en privado, sin ningún problema. Incluso, en un hospital: arreglaron con el médico, le pagaron y listo. Me dijeron que cobran unos 600 pesos, pero yo no tengo esa plata, y lamentablemente, según me advirtieron los médicos, no me puedo arriesgar a un nuevo embarazo”, contó a este diario María Inés.
La fecha acordada en el Alvarez para la cesárea es el 2 de febrero. A una semana del parto, María Inés todavía no sabe si le realizarán la operación de infertilidad femenina que tanto necesita. Según dejó constancia en un informe médico la jefa de Obstetricia del Alvarez, Diana Galimberti, la mujer “fue sometida a cuatro cesáreas; el embarazo actual se produce con DIU; es hipertensa y diabética; presentó intolerancia a los anticonceptivos hormonales, por lo que se indica la ligadura tubaria como método definitivo, ante el riesgo de un nuevo embarazo”. Otra gestación pondría en grave peligro la salud de María Inés, ante la posibilidad de ruptura del útero, por la apertura de las cicatrices de las sucesivas cesáreas.
“En el hospital me mandaron a la Defensoría del Pueblo para que me den una autorización. Yo no sé nada de leyes. Lo único que tengo claro es que otros métodos anticonceptivos no me funcionaron y necesito la ligadura”, agregó la mujer.
Tras estudiar el caso, la ombudsman emitió ayer una resolución por la cual recomienda a los médicos del Alvarez a cumplir con “la indicación terapéutica que consideren corresponden, para proteger la integridad física de la sra. María Inés Herrera”. Además, Oliveira recomendó al secretario de Salud de la Ciudad, Marcos Buchbinder, que dicte “las reglamentaciones o instrucciones necesarias a fin de evitar en lo sucesivo que se le exija autorización judicial (o de otro tipo), a las mujeres con indicación médica precisa para practicar la ligadura, a fin de evitar riesgos a la vida o graves lesiones a su salud”.
El caso reaviva la polémica en torno a la ligadura de trompas. Los médicos se resisten a practicar esta intervención sin autorización de un juez por temor a juicios de mala praxis. Alegan que el Código Penal considera como “gravísima” una lesión que afecte “la capacidad de engendrar o concebir”. Pero los magistrados se niegan a firmar un permiso porque consideran que no es necesario cuando –como dice la ley de Ejercicio de la Medicina– existe una indicación terapéutica para la operación de infertilidad.
“Los médicos insisten en interpretar la ley a su manera, y no aceptan ni la jurisprudencia ni la doctrina jurídica que dice que la ley no prohíbe este procedimiento si existe una clara indicación médica”, cuestionó Oliveira. Así lo dejó asentado dos años atrás, la jueza en lo civil de laCapital Federal Cecilia María Rejo, al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por una mujer de 35 años, a quien las autoridades del hospital Ramos Mejía, de la Ciudad de Buenos Aires, no querían realizarle la ligadura, aunque una nueva gestación la pondría en “grave peligro de muerte”. También llegó a la misma conclusión, a mediados del 2000, un comité de expertos convocados por la Defensoría y el gobierno porteño.
“Siempre es lo mismo: la mujer pobre es la que pierde. La que puede pagar la intervención en el sector privado no anda dando vueltas como María Inés Herrera a días de su parto. ¿Quién se hace responsable si, por este tramiterío, le da un pico de presión y sufre algún contratiempo?”, objetó Oliveira.

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