Por Pedro Lipcovich

”Si el funcionamiento de los geriátricos estuviera debidamente reglamentado y controlado, tragedias como la del miércoles, cuando cuatro ancianas murieron ahogadas en un subsuelo, podrían evitarse”, sostiene Eugenio Semino, defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. El funcionario relacionó el accidente con que “no debiera haberse permitido una sala bajo nivel; debieran haber habido mejores accesos y más cantidad de personal”. El geriátrico Los Girasoles, donde se produjo el accidente, había sido intimado hace nueve meses a efectuar modificaciones, aunque “las causas de esa intimación no tienen relación con el accidente”, según el Gobierno de la Ciudad, cuyos funcionarios acuerdan en la necesidad de una ley que regule a los geriátricos.
Los Girasoles funciona en un edificio de tres plantas en Superí 2261, barrio de Belgrano. Justo allí la calle, en pendiente, hace un recodo adonde, en caso de lluvia, va a acumularse el agua desde otras calles. El miércoles había 49 ancianos, unos 40 de los cuales estaban en la sala de estar, en el subsuelo. Había tres personas a cargo. A las 18.30, en un lapso de 8 a 10 minutos, la tormenta hizo que un torrente inundara Los Girasoles. La sala de estar terminó bajo dos metros y medio de agua. Los internos, ayudados por el personal, se autoevacuaron por la escalera, pero tres ancianas murieron ahogadas: Delfina Castro, Elena Garibaldi y Wenceslada González. Una cuarta, Isabel Salazar, falleció de un paro cardíaco vinculado con la crisis nerviosa que sufrió. Otro anciano fue internado con un cuadro de hipotermia y ayer estaba ya fuera de peligro.
Según sostuvo ante este diario Eugenio Semino, “no debería estar permitida una sala bajo nivel en una zona donde hay antecedentes de inundaciones; no había tampoco suficientes accesos que permitieran el desalojo en forma rápida; además el personal era insuficiente, ya que lo indicado es una persona por cada cinco o seis internados”.
Las razones de fondo consistirían en que “no hay una legislación para la habilitación y el control de los geriátricos. Esta ley debiera ser nacional. En su ausencia, bien valdría que la Legislatura porteña reglamentara la actividad”. La legislación “debería prever normas edilicias y de seguridad, la cantidad y capacitación del personal y las actividades en las instituciones”. Actualmente, “la habilitación que se requiere a los geriátricos no difiere de la de cualquier establecimiento comercial”, sintetizó el ombudsman de la Tercera Edad.
Los Girasoles fue habilitado en 1992 para funcionar como geriátrico, aunque “en la unidad de planeamiento del Gobierno de la Ciudad, llamada DGFOC, figura como ‘vivienda multifamiliar’, lo cual puede deberse a falta de comunicación entre organismos municipales”, observó Semino. El 24 de mayo de 2000, la Unidad de Contralor de Geriátricos Privados del Gobierno de la Ciudad efectuó una inspección en el edificio de la calle Superí. Como consecuencia, Los Girasoles fue intimado a regularizar su situación, ya que había refacciones no autorizadas y, por otra parte, la cantidad de metros cúbicos del edificio era insuficiente para la de internados.
Según Semino, luego de esa inspección “los expedientes quedaron flotando en la nebulosa”. A juicio del defensor de la Tercera Edad, “como la Unidad de Contralor no tiene poder de policía, ni fijar sanciones, ni siquiera entrar a los establecimientos si los dueños no quieren”.
Raúl Fernández, secretario de Gobierno de la Ciudad, aseguró que, tras la inspección de mayo, “se intimó a Los Girasoles a una modificación, y en agosto la Dirección de Habilitaciones y la Unidad de Control hicieron una inspección conjunta. De todos modos, en principio las razones de aquella intimación no tienen relación con el accidente del miércoles”.
El secretario de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad, Daniel Figueroa, dijo a este diario que “la Unidad de Contralor de Geriátricos Privados, más que una ventanilla de inspección hacia los establecimientos, es una puerta de entrada de denuncias que efectúen los abuelos residentes o sus familiares; la de los geriátricos es una actividad legítima a partirde contratos privados entre los empresarios y los residentes”. Figueroa acordó en que “debe haber una legislación específica para los geriátricos, con una ley nacional y leyes distritales”.
Hay 866 geriátricos privados en la Ciudad de Buenos Aires, donde residen 17.502 personas: 3730 hombres y 13.772 mujeres. De ellos, 4063 son “personas dependientes, sin movilidad”; 7657 son “semidependientes, que se pueden desplazar con ayuda”, y 5782 son “autoválidos”.
En la Legislatura porteña aguardan tres proyectos de regulación de los geriátricos: el de la ex legisladora Kelly Olmos, de 1998; el de la ex legisladora Dora Martina, de 1999, y el de la legisladora Sandra Doch, de 2000.

LOS EXPERTOS DISCUTEN COMO RESOLVER LAS INUNDACIONES
Un debate pasado por agua

Por Horacio Cecchi

En Buenos Aires, después de que llovió no paró. A la tormenta natural e imprevista que el miércoles descargó 135 milímetros de agua todos juntos en dos horas siguió una tormenta mucho más previsible de cuestionamientos y críticas al plan hídrico porteño, y que amenaza con extenderse durante bastante más tiempo. Página/12 consultó a arquitectos, ingenieros y ex funcionarios, que trazaron un mapa caótico y demasiado húmedo sobre los próximos diluvios. “Buenos Aires el miércoles fue un desastre”, sostuvo contundente Carlos Lebrero, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos. “No se resuelve el problema con abrir un canal. Lo que hay que hacer es tomar una decisión política entre el gobierno de la provincia y el de la ciudad, y tratar el problema como un sistema pluvial orgánico”, aseguró Julio Keselman, ex presidente de la misma entidad. “Cuando nosotros nos fuimos se interrumpieron las obras del plan hídrico de la ciudad”, se quejó el ingeniero Hugo Clausse, ex secretario de Obras y Servicios Públicos porteño durante la gestión de Enrique Olivera.
“Se han realizado obras que mejoraron algunas áreas”, consideró Lebrero y puso como ejemplo de los resultados a La Boca: “Es un caso muy importante –dijo–, pero, de cualquier manera falta mucho por realizar. Buenos Aires fue un desastre y todos lo sufrimos.” Según Lebrero “son muchas las cuestiones que originan esta situación. Por un lado, el control de la basura. Por el otro, cada vez hay menos permeabilidad en la ciudad”.
Por el lado de la basura, Lebrero no es el único que tomó posición. “En la avenida Juan B. Justo y Santa Fe no fue un problema de un tapón en el Maldonado. Con la obra que hicimos, sacamos ese tapón. El problema tiene que ver con la limpieza de las calles –aseguró el ingeniero Clausse–. No se puede justificar con que la gente tira la basura. Habrá que seguir predicando, pero mientras tanto hay que juntarla.” Según Clausse, “no está mal que se tenga un plan a largo plazo, pero hay que prestar atención al ‘mientras tanto’. La limpieza de las cañerías que aportan a los grandes conductos, que están sucias. Zonas como Palermo, donde las raíces de los árboles obstruyen los canales y hay que estar cortándolas con sierras en forma regular. Son todas cuestiones que mientras se hace una obra a largo plazo no se pueden descuidar. Mientras estuvimos, el mantenimiento se cumplió”.
La opinión de Clausse coincide con un dato obtenido por este diario de una fuente reservada del gobierno nacional, que antes revistaba en el porteño. “Buena parte de las obras propuestas durante la gestión anterior quedaron interrumpidas apenas cambiaron los dueños de los escritorios -citó la fuente–. Para evitar las inundaciones de Belgrano se había planeado un canal paralelo bajo la avenida Monroe. El canal se empezó en el río y llegó hasta Libertador, pero se juntaron firmas de vecinos y la obra se aplazó.”
“El contrato con el concesionario de limpieza es por una cantidad determinada de veces en que se limpia –explicó la misma fuente–. Si se requieren más pasadas, se considerarán como servicios adicionales, que se pagan aparte. En el segundo semestre del año pasado, para ahorrar plata, se redujeron los adicionales en la limpieza de los sumideros.”
Para Keselman, la cuestión no pasa por ampliar caños. “Para que esto no pase más, primero hay que tomar una decisión política. Los arroyos que cruzan Buenos Aires nacen en la provincia. Se tienen que poner de acuerdo los dos gobiernos. La otra es que un entubamiento no resuelve gran cosa. Lo que se debe hacer es considerar el problema como un sistema hidráulico. Un entubamiento no resuelve nada si la costa se va comiendo al río y las bocas de desagüe se quedan atrás. No resuelvo nada si no pienso en el nacimiento de los arroyos. Si no pienso en que si los adoquines, que filtran, fueron reemplazados por asfalto, que es impermeable.”

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