|
En una decisión política que sorprendió a más
de uno, el presidente uruguayo Jorge Battle puso en el primer lugar de
su agenda, al asumir en marzo, la resolución del problema de los
desaparecidos; no juzgar a los culpables de los crímenes de la
dictadura (dado que los uruguayos votaron una amnistía a comienzos
de la democracia), sino que se conozca el paradero de las víctimas.
En agosto, la Comisión para la Paz quedó conformada. Pero
el coronel retirado Manuel Cordero, uno de los personajes más conocidos
de la dictadura, le dijo ayer al semanario Búsqueda que hay un
pacto entre 200 ex oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía
para no dar a conocer ninguna información. El representante del
gobierno en la Comisión, Carlos Ramela, desmintió a Cordero:
dijo que hace dos semanas la Comisión se reunió con varios
de los personajes principales del régimen militar para tratar justamente
el tema de la información.
Cuando Battle impulsó la creación de la Comisión
para la Paz, hasta la izquierda del Frente Amplio elogió la actitud.
La propuesta del nuevo gobierno uruguayo era en algunos aspectos un calco
de la Mesa de Diálogo que se estaba negociando en Chile, donde
también rige una Ley de Amnistía, sólo que en Santiago
la idea estaba inspirada en colaborar para asegurar la impunidad de Pinochet
y de otros oficiales de la dictadura en medio de un vendaval judicial
que, como se ve en estos días, no consiguió ser detenido.
Tanto en Uruguay como en Chile, se acordó que los informantes y
los responsables de las desapariciones permanecieran en el anonimato para
facilitar la entrega de datos. En Chile, los militares entregaron cierta
información hace tres semanas, pero fue escasa y denunciada como
falsa por los organismos de derechos humanos, luego de excavaciones basadas
en datos entregados que no dieron ningún resultado.
Pero parece que en Uruguay, los militares implicados en las violaciones
a los derechos humanos ni siquiera van a abrir la boca. Al menos eso es
lo que se puede desprender de las declaraciones del coronel Cordero, señalado
por los organismos de derechos humanos de Uruguay como uno de los personajes
más siniestros del régimen que terminó en 1985. Según
Cordero, en marzo, cuando Batlle lanzaba su propuesta, 200 militares y
policías retirados acordaron un pacto de silencio, hasta ayer secreto,
ante una eventual convocatoria para que den información sobre los
desaparecidos. Esta decisión se basó, según Cordero,
“en órdenes dadas por sucesivos comandantes una vez que vino
la democracia y que están muy claras”, según las cuales
“el tema de los hechos de la guerra subversiva es un problema del
mando” y son los jefes actuales de las Fuerzas Armadas y de la Policía
los que deben responder. Paradójicamente, Cordero terminó
participando en las reuniones que culminaron con el acuerdo de la Comisión
para la Paz.
Carlos Ramela desmintió parcialmente a Cordero. En declaraciones
radiales, dijo que “debe hacer ya más de tres meses que la
Comisión se ha reunido con militares retirados que fueron protagonistas
importantes de los hechos del pasado y sus nombres no han trascendido,
ni van a trascender”. El secretario de la Comisión para la
Paz también señaló que “no se crearon inconvenientes,
no hubo fricciones, ni se crearon situaciones tensas”. Lo que aún
no se sabe es si en éste y otros encuentros el pacto de silencio
del que habla Cordero fue respetado.
Además de Ramela, la Comisión para la Paz está integrada
por el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, el dirigente sindical
José D’Elía y el sacerdote Luis Pérez Aguirre,
del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), y tiene el apoyo de la Asociación
de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos. Según
una comisión del Parlamento uruguayo, 164 uruguayos, ocho de ellos
niños, desaparecieron durante el régimen militar, 127 de
ellos en Argentina.
ROBOS,
FOTOS PORNO, FONOS ROTOS, TODOS COMO LOCOS
La banda de Billy The Kid
Por Martin Kettle
*
Desde
Washington
Se dice que el presidente norteamericano,
George W. Bush, ordenó la semana pasada una investigación
sobre un posible vandalismo sistemático en la Casa Blanca y sus
oficinas por parte de los miembros del equipo de Bill Clinton. Las sospechas
abarcan a daños mucho más serios a la propiedad gubernamental
que la gastada de las teclas “W” removidas de los tecleados
de decenas de computadoras de la Casa Blanca. Entre los nuevos daños
que podrían descubrirse figuran el corte de líneas telefónicas,
archiveros cerrados con cola y fotos pornográficas en las impresoras.
El daño es particularmente importante en las oficinas que ocupó
el equipo del ex vicepresidente Al Gore, a quien Bush derrotó en
las polémicas elecciones de noviembre. Se dice que Tipper, la esposa
de Gore, llamó a Lynne Cheney, la mujer del actual vicepresidente,
Dick Cheney, para disculparse por el desmadre. Según el sitio del
ciberchismoso Matt Drudge, que no siempre tiene informaciones corroboradas,
las investigaciones serían encabezadas por Harriet Miers, la secretaria
de personal de la Administración Bush. El portavoz de la Casa Blanca,
Ari Fleischer, dijo ayer que la nueva administración va a revisar
algunos informes, pero se rehusó a entrar en detalles y dijo que
no se tomará ninguna acción legal al respecto. “Aunque
las cosas se hicieron de una manera menos amable que lo debido, no es
a estos temas a los que apunten ni el presidente Bush ni su equipo.”
Una de las cosas que se dice es que una puerta de la Casa Blanca aparece
con una graffiti que dice “Oficina de Estrategegia”, en referencia
a la broma que le hace a Bush el programa “Saturday Night Live”
por su dificultad con las palabras de muchas sílabas. La evidencia
incluye mensajes obscenos en los contestadores, desconexión de
teléfonos y la inclusión de fotos pornográficas en
medio de las resmas de papel sin utilizar en las impresoras. Uno de los
informes dice que hay cajones de archivos sellados con pegamento. Los
informes coinciden con algunas versiones de que el último viaje
de Clinton a bordo del avión presidencial Air Force One, de Washington
a Nueva York, el sábado por la tarde, fue la ocasión para
una orgía de robos. El avión presidencial quedó totalmente
saqueado por miembros de la administración saliente amantes de
souvenirs. Entre las cosas que se llevaron figuran la porcelana, la platería,
los saleros, la mayoría de los cuales tenía el sello presidencial,
según el Washington Times.
Miembros de la Administración Clinton dijeron ayer que cuando se
hicieron cargo de la Casa Blanca en 1993 también se encontraron
con algunas sorpresas no del todo agradables dejadas por los inquilinos
anteriores, incluyendo en muchos cajones una profética nota: “Volveremos”.
* De The Guardian de Gran Bretaña. Especial para Página/12
|
