Por Mariana Carbajal

El Gobierno porteño tuvo que ceder ante la bronca incontenible de los damnificados por el furioso temporal del miércoles. A la línea de créditos blandos para enfrentar los daños provocados por el agua, la ciudad sumó a última hora de la tarde nuevos beneficios para los recientes inundados: quienes sufrieron pérdidas en sus propiedades gozarán de una reducción de hasta el 80 por ciento en la contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) de este año, mientras que los automovilistas que padecieron estragos en sus vehículos recibirán una suma fija –aún no determinada– a través de un descuento en la tasa de patente. En una prolongada reunión de gabinete, el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, resolvió destinar dinero del presupuesto de la ciudad para limpiar o reparar las fachadas de las viviendas y comercios afectados por la inundación, y bajar en 3 puntos la tasa anual de los préstamos ofrecidos un día después del diluvio. Así, Ibarra intenta frenar la ola de críticas y las duras recriminaciones que recibió su gestión por las consecuencias de la tormenta. Se trata de la primera vez que un gobierno porteño anuncia un paquete de medidas de estas características. “No es un resarcimiento”, quiso dejar en claro el jefe de Gobierno.
Ayer por la tarde, antes de conocerse el plan de compensación económica para los inundados, vecinos del barrio de Villa Pueyrredón cortaron la avenida General Paz para reclamar ayuda material del Gobierno porteño. El tránsito quedó interrumpido en la mano que conduce al Río de la Plata y en la colectora, entre Constituyentes y la salida de Albarellos. Por la mañana, el malestar de los contribuyentes afectados por los 135 milímetros de agua caídos en dos horas el miércoles se escuchó a través de las radios. La principal queja giró en torno a la línea de crédito blando abierta en el Banco Ciudad (ver aparte). En lugar de préstamos, clamaban por indemnizaciones. Se estima que los perjudicados son alrededor de 300 mil, la mayor parte en los barrios de Belgrano, Villa Urquiza, Saavedra, Villa Crespo, Villa Santa Rita, Villa Devoto y Flores.
Para calmar los caldeados ánimos, el jefe de Gobierno decidió lanzar el paquete de auxilio económico, cuya forma de instrumentación se definirá a partir del lunes. Lo hizo un día después de negar la posibilidad de un “resarcimiento” para los que sufrieron pérdidas porque –según sus propias palabras a Página/12– “los perjuicios no los causó el Gobierno de la Ciudad sino que fueron producto de un temporal inédito”.
Anoche, Ibarra declaró que “el Gobierno decidió medidas de emergencia porque entiende que es obligación de los gobernantes reparar daños provocados por un fenómeno natural extraordinario; del mismo modo es obligación desarrollar acciones destinadas a cumplir con las obras de infraestructura necesarias para reducir al mínimo las consecuencias de situaciones meteorológicas críticas”.
Las cuatro medidas resueltas tras una extensa reunión con sus principales colaboradores –en la que se barajaron distintas alternativas– son las siguientes:
Un programa de limpieza y/o recuperación gratuita de fachadas. Incluirá la reparación de mampostería externa. Los interesados deberán inscribirse en los Centros de Gestión y Participación (CGP) de los barrios afectados por el temporal, adonde se abrirán registros. Las obras estarán a cargo de la Subsecretaría de Servicios Generales y serán solventadas con dinero del presupuesto de la ciudad.
Reducción de la cuota anual de ABL hasta un 80 por ciento, de acuerdo con el perjuicio sufrido. Habrá tres categorías de daños. El Gobierno realizará un censo de las pérdidas en comercios y viviendas, y estudiará, para el caso de los contribuyentes que ya abonaron la tasa correspondiente a todo el 2001, si les extenderá un crédito para el año próximo o les devolverá el importe pagado.
Compensación para automovilistas. Los propietarios de autos dañados por la inundación percibirán una suma fija, a través de una bonificación en la cuota de patente, una vez que se haya realizado la reparación correspondiente. Serán beneficiados sólo aquellos dueños de vehículos empadronados en la ciudad. Para corroborar el daño, el Gobierno hará una verificación técnica del auto a través de una compañía de seguros. Todavía no se definió el monto que será reembolsado.
Créditos blandos con tasa del 6 por ciento para comercios, consorcios y reposición de material de trabajo, y del 9 por ciento para personas físicas .
A paso lento, ayer se empezó a normalizar la situación en los barrios más afectados. El Gobierno porteño y los propios perjudicados trabajaron para absorber el agua de viviendas, comercios, subsuelos y garajes. Defensa Civil desagotó más de un centenar de casas y edificios. En algunos estacionamientos subterráneos, recién por la mañana pudieron verse los autos en el primer subsuelo, pero todavía era imposible llegar a los pisos inferiores. Las compañías Edenor y Edesur aseguraron que habían restablecido el servicio eléctrico en los barrios damnificados, pero la lluvia que cayó en la tarde de ayer provocó un nuevo corte de luz en algunas manzanas de Belgrano .
La oposición aprovechó el vendaval para criticar la gestión de la Alianza. El secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala, deberá rendir cuentas sobre el Plan de Obras Hídricas el martes en la comisión de Obras Públicas de la Legislatura. El bloque de Nueva Dirigencia insistió en que exigirá una interpelación del jefe de Gobierno. La ombudsman Alicia Oliveira directamente responsabilizó a las autoridades porteñas por los perjuicios padecidos por miles de vecinos y anunció que está evaluando la posibilidad de iniciar un juicio por responsabilidad contra el Ejecutivo local. Además invitó a los damnificados a presentar su denuncia en la Defensoría. “Vamos a elevar todos los reclamos que recibamos al Gobierno con una recomendación para que, tras acreditar sumariamente los daños sufridos, se abone la indemnización que corresponda en cada caso.” También reclamó un resarcimiento económico para los inundados el diputado del Partido Obrero, Jorge Altamira. Mientras que los legisladores Víctor Santamaría, de Nueva Dirigencia, y Jorge Argüello, de Encuentro por la Ciudad, junto al ex ombudsman Antonio Cartañá, coincidieron en que Buenos Aires necesita más presupuesto para obras de infraestructura hidráulica. “Además de inversiones hidráulicas, lo que le falta a la ciudad es toda una política respecto del manejo de estos problemas: hay que ganar más espacios absorbentes”, señaló Argüello.

SERAN POR UN MONTO DE 1,8 MILLON
Oferta de créditos

A partir del lunes, quienes hayan sufrido daños durante la tormenta del miércoles último en edificios, comercios o viviendas podrán empezar a gestionar un crédito en dólares en el Banco Ciudad, a tasas reducidas, a devolver en un plazo de hasta dos o tres años, según el caso, y con tres meses de gracia. El presidente de la entidad, Roberto Feletti, adelantó que se hará frente a toda la demanda de préstamos, sin límites, y señaló que según el cálculo de los técnicos estiman recibir alrededor de 350 solicitudes, por un monto total aproximado de 1,8 millón de dólares. A continuación, una guía práctica de las condiciones y características de cada línea crediticia.
En todos los casos, una vez que se presente la solicitud, el banco realizará un informe ambiental sobre el daño producido por el agua. Recién después se otorgará el dinero, que podrá empezar a devolverse a partir del cuarto mes. En un primer momento se anunciaron con tasas de 9 por ciento anual para consorcios y comercios y del 12 por ciento para particulares. Ayer, a última hora de la tarde, el Gobierno porteño informó que las redujo en 3 puntos en cada caso, gracias a “un aporte de 300 mil pesos del Fondo de Ecualización de la Secretaría de Desarrollo Económico”.
Para los consorcios, el monto máximo será de 30 mil dólares, con tasa del 6 por ciento, a un plazo de hasta 36 meses. En el caso de los locales comerciales, el préstamo se extenderá hasta 8 mil dólares, también a una tasa del 6 por ciento, a devolver hasta en 24 cuotas. Las personas físicas tendrán acceso a créditos de un máximo de 5 mil pesos, a 9 por ciento, a pagar hasta en dos años.

Otra anciana víctima de la inundación en el geriátrico

La mujer, de 94 años, había sido rescatada del agua tras el diluvio con una hipotermia. Fue internada, pero ayer murió en el hospital. Así, suman cinco las muertes en Los Girasoles. El geriátrico de Belgrano, bajo investigación de la Justicia.

El expediente judicial donde se investiga la tragedia en el geriátrico Los Girasoles sumó ayer una quinta víctima: Celina Mariani, de 94 años, falleció en el Hospital Tornú, donde había sido internada con un cuadro de hipotermia luego de haber sido rescatada de las aguas que habían ingresado al sótano donde tenía su habitación. “Ahora investigamos cinco muertes”, confirmó una fuente judicial, aunque aclaró que la carátula definitiva de la causa “dependerá de lo que digan las autopsias y las pericias ordenadas en el geriátrico” y que determinarán si se trató de un accidente, de un homicidio culposo o de un hecho doloso. Anoche, fuentes de la Secretaría de Gobierno porteña aseguraron que el geriátrico “tenía la habilitación en regla”, pero el secretario de Obras Públicas de la Ciudad, Abel Fatala, admitió que pudo haber alguna irregularidad en lo que se refiere a la utilización del sótano como dormitorio.
“No puede haber habitaciones en sótanos”, recalcó Fatala, quien precisó que “esto no rige sólo para geriátricos sino para cualquier construcción en general”. Explicó que un sótano, para ser autorizado como habitación, debe tener “ventilación y una serie de cosas que evidentemente no estaban en condiciones en esta construcción”. El funcionario estimó que tal vez “la habilitación la pidieron para hacer funcionar este local para otro tipo de actividad y terminó siendo utilizado como dormitorio”.
Voceros del geriátrico Los Girasoles, ante la consulta periodística, se abstuvieron de informar sobre la muerte de Mariani, pero insistieron en que cuentan con “todas las habilitaciones en regla” y que se trató de “una desgracia lamentable”. El juez de la causa, Juan Cicciaro, ordenó “una serie de pericias técnicas” para determinar las causas de las muertes. Ayer, personal de la comisaría 37ª interrogó a un número importante de testigos, pero esa información todavía no fue elevada al juzgado.
Cicciaro, su secretario Hugo Decaría y el fiscal Marcelo Romá realizaron una inspección en el geriátrico de la calle Superí al 2200 que se prolongó hasta las 3.30 de la madrugada del jueves. En forma paralela, ante el juzgado de instrucción de Luis Zelaya se presentó una denuncia penal contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por “cuádruple homicidio culposo”, antes del deceso de la quinta víctima.
La causa fue iniciada por el abogado Miguel Angel Pierri, conocido a partir de su intervención en la causa por la muerte del cuartetero Rodrigo, secundado por su colega Roberto Polito. Reclamaron que se investigara la responsabilidad de la Dirección General de Habilitaciones y Clausuras del Gobierno porteño. “Entendemos que hubo negligencia grave por parte de los titulares del geriátrico y que tampoco se verificaron las inspecciones correspondientes”, explicó Pierri.
El defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, dijo que después de una primera visita de inspección realizada en mayo del año pasado, donde la Unidad de Contralor de Geriátricos Privados del Gobierno porteño detectó irregularidades, hubo una segunda que se concretó en agosto pasado. Allí se constató que “había un exceso de población, ya que el lugar estaba habilitado para alojar a 40 personas y había 47”. El número se había incrementado luego a 49.
En el geriátrico se habían realizado construcciones nuevas que no figuraban en el año 1992, fecha de la habilitación original. Una fuente allegada a la investigación recordó que en ese año el intendente municipal era el peronista Carlos Grosso, luego denunciado por numerosos casos de corrupción, que incluyeron a los organismos encargados de realizar la verificación de las habilitaciones para distintos comercios de la ciudad. Anoche, la población del geriátrico se había reducido bastante, porque varios de los internados fueron retirados del lugar por decisión de sus familiares, a partir de la inquietud creada después de la tragedia. Semino consideró que esos traslados “son peligrosos si no se realizan con la aprobación de los ancianos, que seguramente han encontrado en el lugar a una familia sustituta y todo cambio implica una pérdida”. El jefe del Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, lamentó la muerte de las ancianas yadelantó que se investigará administrativamente para determinar si hubo responsabilidad de algún funcionario.

COLAS DE 50 METROS PARA COMPRAR MERCADERIA AFECTADA POR EL AGUA
Cabildo, una avenida en liquidación

Desde la inundación del miércoles pasado, la avenida Cabildo –entre Monroe y Mendoza– se ha convertido en el reino del “deme dos”: obligados por el agua a rematar sus mercaderías, los dueños de los negocios de la zona intentan rescatar, a través de las liquidaciones, por lo menos el valor de costo de la ropa. Frente a los locales se estiran colas de hasta media cuadra: se consiguen remeras desde 2 pesos, carteras desde 5 y zapatos desde 10. Y hasta han aparecido los “falsos inundados”: locales que no perdieron mercaderías por la tormenta, pero que igual ostentan el cartelito de “liquidación x inundación” para que la competencia con los que venden todo más barato no sea tan desigual.
“Liquidamos todo. Pase y revuelva”, invita un cartel en un negocio de todo por dos pesos, en Cabildo al 2200. Las clientas han seguido la indicación al pie de la letra: en tres canastos, las musculosas se mezclan con las polleras en un revoltijo con olor a humedad. El encargado explica que no hace mucho que incorporaron el rubro textil al local: “Yo no perdí tanto, porque las cajas las tenía en el fondo y no en un sótano, como otros”, cuenta. “Pero tener esto acá en el frente me frena la venta de la otra mercadería”, agrega. Con “esto” se refiere a los canastos de ropa, alrededor de los que se concentran por lo menos dos docenas de mujeres. El resto de la mercadería son llaveros, muñecos, platos, cuadernos, cortinas de baño, cosméticos. Todo acomodado en las estanterías del negocio, casi sin tocar. “Igual prefiero que se venda esto a que no se venda nada”, suspira el hombre.
En la esquina de Cabildo y Blanco Encalada, Virginia espera que el semáforo le dé luz para cruzar. Apenas puede con las cinco bolsas que carga, llenas hasta el tope. Dos en la mano izquierda, tres en la derecha.
–¿Toda esa ropa es para vos?
–No, no, llevo para mi hija y para mi sobrina... Aunque para mí, alguna pavadita también compré.
Recorrer la avenida Cabildo desde Monroe hasta Mendoza habitualmente no demanda más de diez minutos. Sin embargo, desde la tarde en que el agua entró en los negocios sin pedir permiso, esas tres cuadras se han convertido en un hormiguero. Las mujeres hacen cola frente a los locales, esperando entrar para revisar una pila enorme de ropa mojada o sucia. En Gan, un comercio de jeans ubicado en Cabildo entre Blanco Encalada y Olazábal, una vendedora arenga a la multitud femenina que, de rodillas, evalúa el grado de humedad de las prendas: “¡Vamos chicas, acá no hay que pensar! ¡Compren, compren y salgan!”. La eufórica impaciencia de la señorita es lógica. En la vereda, casi 50 nuevas clientas esperan su turno para entrar a revolver.
Bruno lleva media hora esperando en una cola de media cuadra, para entrar a Dexter Shop, una cadena de indumentaria deportiva. Llegó con dos de sus amigos, y supone que aún deberá esperar otros cuarenta minutos para acceder al local y comprar algo. En el interior, un chico regatea con un vendedor el precio de unas zapatillas. Unos minutos después se retirará vencido: el vendedor no aceptó, y las zapatillas quedarán para otro cliente. Sonia, en cambio, ni siquiera puede darse el lujo de rechazar un regateo; porque su local de Cabildo y Blanco Encalada se le inundó apenas dos días después de la inauguración. Por eso, ahora ofrece en la vereda remeras desde 3 pesos. “Con suerte, recuperaremos el 20 o 30 por ciento de lo que invertimos. No creo que más”, acota.
En un negocio cercano a la calle Mendoza, alguien comenta en voz baja que, en realidad, la mercadería no está arruinada, aunque el cartel de “liquidación por inundación” sigue fijo en la vidriera. “Lo que pasa es que es la única forma de que la gente entre, porque si no los demás nos sacan las pocas ventas que tenemos”, cuenta uno de los vendedores, al tiempo que pide discreción. Del mismo negocio, Paula sale radiante, con dos bolsas. Tiene 18 años y viajó desde San Miguel para no perderse las ofertas. “Hicimos una vaquita con dos de mis amigas, y vine yo porque hoy pude faltar al trabajo.” Paula atiende el kiosco familiar, pero ayer el padre la dejó hacerse la rata. “Te dejo porque todavía tengo que ir a ver zapatos”, se despide, mientras se pierde en la multitud de compradores de ocasión.

Producción: Silvina Seijas

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