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Por Adriana Meyer
 El Gobierno también
quiere mostrar iniciativa en el caso AMIA, antes del inicio del juicio
oral. Los funcionarios de la gubernamental Oficina Anticorrupción
(OA) deberán destinar atención y recursos a la investigación
del atentado contra la mutual judía, ocurrido en 1994. Así
lo dispuso el presidente Fernando de la Rúa al poner su firma en
uno de los treinta decretos difundidos anteayer. La OA se sumará
a la Unidad Especial de Investigación, creada en junio también
por decreto. El desempeño de esa “task force” ha generado
cierta disconformidad entre los familiares de las víctimas del
atentado y la comunidad judía por sus escasos resultados.
Durante la reunión ampliada de gabinete realizada en la quinta
de Olivos la semana pasada, la viceministra del Interior Nilda Garré
planteó la necesidad de activar el tema AMIA. De la Rúa
coincidió e instruyó a su hermano, el ministro de Justicia,
Jorge de la Rúa, para que redactara el decreto 107. La norma, que
también lleva la firma del ministro del Interior Federico Storani,
indica que “en razón del avance de la investigación
y la inminencia del juicio oral y público resulta necesario disponer
de todos aquellos recursos técnicos y humanos que coadyuven al
diligenciamiento expeditivo al que debe responder la Administración
Pública Nacional para cooperar con la autoridad judicial a los
fines del completo esclarecimiento del hecho y la sanción de los
responsables”. El organismo que conduce José Massoni fue elegido
por su “alto nivel técnico” y su “reconocida capacidad
operativa en actividades de apoyo a la labor judicial”.
La OA sólo tiene facultad de intervenir en aquellos casos de corrupción
en los que exista un presunto perjuicio patrimonial para el Estado y en
los que estén sospechados funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.
A priori esa es la limitación para investigar, por ejemplo, a los
policías bonaerenses que entorpecieron la investigación
de Galeano en más de una oportunidad. Pero, al parecer, la OA no
tendrá qué investigar. Según el texto del decreto,
que aún no fue publicado en el Boletín Oficial, las funciones
que le asignaron son de “apoyo directo a la coordinación de
la labor de los organismos que integran la Unidad Especial”, que
depende de la secretaría de Asuntos Políticos del ministerio
del Interior a cargo de Nilda Garré. “El Gobierno quiere mostrar
que pone todos sus mejores recursos en esto”, leyó un funcionario
del Ejecutivo.
La Unidad Especial está integrada por personal de la SIDE, la Policía
Federal, Prefectura Naval, Gendarmería y el Servicio Penitenciario
Federal y nació con el objetivo de coordinar toda la información
de las causas conexas a la principal en que se investiga el ataque. Son
70 los expedientes “satélite” al que instruye el juez
federal Juan José Galeano, algunos referidos a hechos de corrupción
cometidos por distintos organismos del Estado. “Siempre es útil
que se sumen recursos pero es más lo que se pueden llevar que lo
que pueden aportar”, opinó un funcionario judicial con acceso
al expediente principal. En esas causas conexas se investiga, entre otros
hechos:
 la desaparición de los
cassettes de escuchas a los principales sospechosos del caso que fue responsabilidad
de la Policía Federal;
la desaparición de las
copias de esos cassettes que estaban en manos de la SIDE. Garré
ordenó varios sumarios internos en ese organismo;
el vaciamiento de la agenda
del principal imputado, el armador de autos Carlos Telleldín, y
la desaparición de los efectos secuestrados en su casa durante
un allanamiento (ambos hechos también implican a la Federal);
el descontrol migratorio que
impidió que se cumpliera una medida pedida por el juez hace dos
años: la confección del listado de personas que entraron
al país. La Dirección Nacional de Migraciones adujo que
no se podía realizar porque tenían fichas hechas a mano
y no contaban con los datos informatizados pero quienes conocen el caso
aseguran que eseorganismo habría incurrido, como mínimo,
en negligencia porque la realización de ese listado era posible
con los recursos existentes.
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OPINION
Por Julio De Giovanni *
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En tiempo y forma
Es conocida la historia que ha protagonizado un matrimonio de Ingeniero
Budge, provincia de Buenos Aires, que solicitó asistencia
médica en el Hospital Sardá, parte del sistema de
salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para un caso
de anancefalia. En octubre del 2000 promovió una acción
de amparo en la Justicia Contencioso Administrativa de la Ciudad
de Buenos Aires, la que abrió las puertas de las instituciones.
Después actuaron en tiempo y forma el juez de Primera Instancia,
el fiscal asesor de menores, la Cámara de Apelaciones, el
Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma y la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Como funcionarios públicos es prudente no emitir opinión
sobre el fondo de las cuestiones sometidas a decisión del
Poder Judicial. Basta decir que el derecho a la salud importa el
completo bienestar físico, psíquico y social de la
persona. Es un hecho positivo que va mucho más allá
de la ausencia de enfermedad, que comprende la prevención
y la obligación a cargo de distintas instituciones del Estado
incluido el Poder Judicial. El juez, al fallar, no puede sino hacerse
cargo de estas nuevas realidades y arribar a una nueva forma de
juridicidad más atenta al bienestar de la persona.
Dice un aforismo que los jueces hablan por sus sentencias. Agregamos
que también hablan por sus conductas. En todo el devenir
del camino jurídicoprocesal que termina en la Corte Suprema
los diversos operadores del derecho intervinientes emitieron distintas
opiniones –a veces contrapuestas–, que concluyeron con
la sentencia de la Corte autorizando a adelantar el nacimiento.
A esto lo llamamos activismo judicial. Todos actuaron conforme a
su ciencia y conciencia y en ejercicio de su alta responsabilidad
de magistrados.
Desde el punto de vista procesal, para obtener una sentencia útil
en los tiempos que marcaba el caso el Superior Tribunal de Justicia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma pretoriana
pero absolutamente legítima, acortó los plazos para
el eventual planteo y tratamiento de la cuestión federal.
Y la Corte Suprema, como no ocurría desde hace más
de quince años, habilitó el mes de feria para dictar
su sentencia. Este camino de acercamiento del poder jurisdiccional
a los reclamos de la gente sin duda jerarquizará su imagen.
Es un activo compromiso de los magistrados que acerca la Justicia
al pueblo, que sabrá valorar sus conductas.
Lo acontecido demuestra también que funcionan las instituciones
de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo su facultad de Jurisdicción
(art. 129 de la Constitución Nacional). Funciona, asimismo,
la seriedad de su técnica hospitalaria. Las instituciones
dieron una respuesta impecable al llamado de los ciudadanos.
* Subsecretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
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