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Por
Victoria Ginzberg
 El
represor Julio Simón, conocido como el “Turco Julián”,
intenta ganar tiempo antes de afrontar el juicio oral por la apropiación
de la menor Claudia Victoria Poblete. Su abogado, Jorge Appiani, presentó
un escrito para que se declarara la prescripción de la causa y
otro en el que pidió que lo juzgara la Justicia militar. El primer
planteo fue rechazado por el juez Gabriel Cavallo “en base a los
principios generales del derecho internacional que forman parte del derecho
interno argentino” y el segundo espera su resolución, aunque
el asunto ya fue aclarado el año pasado por la Corte Suprema.
Al oponerse a la prescripción de la causa, Cavallo señaló
que el delito atribuido al acusado es un crimen contra el “derecho
de gentes” y que, en consecuencia, para juzgarlo deben aplicarse
las reglas del derecho internacional que –aseguró el juez–
“forman parte del derecho interno argentino”.
El magistrado procesó a Simón y a Juan Antonio Del Cerro
(a) “Colores” el 1º de noviembre pasado por la apropiación
de Claudia Victoria Poblete. En esa oportunidad –en un fallo novedoso
para la Justicia argentina– consideró que los represores habían
cometido “actos de genocidio”. Se trata del mismo fundamento
que sostiene el juicio contra los militares argentinos que lleva adelante
el juez español Baltasar Garzón.
Appiani, socio del represor Jorge Olivera, reclamó también
que el expediente de su defendido quedara a cargo del Consejo Supremo
de las Fuerzas Armadas (Consufa). A este planteo se opusieron las Abuelas
de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales, que son parte
en el proceso. Ambos organismos de derechos humanos coincidieron en que
se trata de un “tema ya resuelto” y en que “la intervención
de los tribunales militares más allá de su jurisdicción
disciplinaria viola la Constitución nacional”.
Este debate fue saldado el año pasado por la Corte Suprema en la
causa en la que el juez Adolfo Bagnasco investiga el plan sistemático
para apropiarse de los hijos de desaparecidos durante la última
dictadura militar. En esa oportunidad, el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas, un órgano administrativo que depende del Poder Ejecutivo,
intentó intervenir en el expediente del robo de bebés ante
un pedido del represor Santiago Omar Riveros. La Corte se opuso a este
planteo por unanimidad y la mayoría de los ministros hizo hincapié
en que la solicitud del Consejo era “extemporánea”. El
ministro Antonio Boggiano citó la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas y consideró: “Es
de suma gravedad institucional la eventual responsabilidad internacional
en que pudiera incurrir la Nación por el incumplimiento de las
obligaciones internacionales”. En este contexto, y como se desprende
de los argumentos de sus escritos en esta causa, el juez Cavallo rechazaría
la intervención del Consufa. Una vez resueltas las quejas de la
defensa, el expediente estará listo para ser elevado a juicio.
Ese camino ya fue recorrido por el matrimonio Landa, los apropiadores
directos de la menor, que ahora está a la espera de que se fije
la fecha del juicio oral.
Claudia Victoria Poblete fue secuestrada cuando tenía ocho meses
de edad, junto con su mamá. Gertrudis María Hlaczik, el
28 de noviembre de 1978. Su padre, José Liborio Poblete, desapareció
el mismo día. La familia fue llevada al centro clandestino El Olimpo,
donde, entre otros, torturaban y secuestraban Colores y el Turco Julián.
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