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Es significativo
que nuestros compatriotas se quejen de las nuevas normas migratorias
españolas, porque tienen tantos requisitos que les dificultan
la radicación, mientras nosotros tenemos una ley de facto
sobre la materia dictada por Videla, que produce una maraña
inextricable de trámites, genera una industria de la gestoría
y todo a un costo que pueden pagar los delincuentes internacionales
pero no los trabajadores manuales. Quizá lo de España
indique que es momento de hablar en serio sobre migraciones.
Sin duda que será el gran problema de los años venideros:
los capitales se desplazan con costo cero hasta encontrar mano de
obra esclava y, como es natural, ésta trata de desplazarse
hasta que le paguen mejor. La globalización glorifica el
primer desplazamiento y condena el segundo, en su afán por
hacer que el navío espacial tierra selle sus bodegas de esclavos,
para que no perturben a los pasajeros de primera que toman sol en
la piscina de cubierta. Pero cunde la alarma porque los negros aparecen
en la piscina.
No hay sello posible. Bush no es por texano bruto que quiere privilegiar
la relación con México, sino porque sabe que, si no
logra subir el nivel de vida en México, en algunos años
tendrán un candidato a presidente de los Estados Unidos que
andará en guaraches y comerá tacos y enchiladas.
 Europa
quiere poner orden, pero no sabe cómo hacerlo, porque los
esclavos llegan de cualquier manera, incluso a nado. La “fortaleza
Europa” es un sueño que se desmorona con la propia tecnología
de la globalización. Para colmo, como corresponde a su nivel
de vida, cada día los europeos tienen menos hijos y, por
ende, necesitan mano de obra.
Cuando veo a los negros en alguna ciudad europea vendiendo sus cosas
expuestas sobre grandes manteles, prestos a ser envueltos al primer
asomo de presencia policial, pienso con profunda satisfacción
que antes de que termine el siglo XXI Europa será mestiza
y, gracias a Dios, se habrán terminado para siempre las pretensiones
de raza superior que vienen desde la Edad Media. El único
que parece darse cuenta de esto es el Papa, no así alguno
de sus obispos, que aconseja que no lleguen musulmanes.
Nosotros no estamos en nuestro mejor momento económico, de
modo que no somos ningún polo de atracción de inmigrantes.
Vienen en el número en que siempre vinieron en los últimos
lustros y en su mayoría son de países limítrofes.
No inciden sobre nuestro mercado de trabajo, porque los técnicos
argentinos que se van no lo hacen porque sus puestos estén
ocupados por bolivianos, paraguayos, uruguayos, chilenos y peruanos,
sino porque esos puestos no existen. Los inmigrantes desempeñan
aquí por lo general las tareas más humildes y tienen
hijos y nietos argentinos. Los voceros del racismo vernáculo
no hacen a este respecto más que fraguar datos falsos, por
lo que es muy dudoso que su actividad pueda calificarse de periodística;
más bien se trata de proselitismo xenófobo y racista.
Tampoco es cierto que haya una sobrerrepresentación en la
población penal, porque si se excluyen las “mulas”
o portadores de tóxicos (que no son inmigrantes, claro),
el porcentaje respeta la proporción poblacional según
estratificación social.
La ley de facto Videla no sólo es discriminatoria sino que
nos crea serios problemas y sus consecuencias son absolutamente
absurdas. La dificultad y los negocios que crea no tienen el efecto
de disminuir la inmigración, sino de disminuir la inmigración
legalizada, de modo que se nos va acumulando una población
migrante no legalizada, con dos serias consecuencias graves: primero,
es una población vulnerable a toda forma de explotación,
desde la laboral hasta la sexual; segundo, genera un problema de
seguridad, porque en varios años se nos acumula una población
que, por no estar documentada, no podemos controlar.
Por razones humanas, pero también de sana política
poblacional y por razones de prevención del delito y de seguridad,
es necesario acabar de una vez con la ley de facto Videla y aclararnos
las ideas: lo mejor que podemos hacer es facilitar los trámites
migratorios, exigiendo fundamentalmente los certificados de antecedentes
penales. De ese modo tendremos la posibilidad de expulsar a los
que traen antecedentes de criminalidad y quedarnos con el resto,
pero registrados y documentados y, más aún, sería
bueno facilitarles el acceso a la ciudadanía lo más
rápido posible. Eliminaríamos el negocio de la radicación;
evitaríamos la presencia de indeseables (su expulsión
sería perfectamente legítima); individualizaríamos
mejor a los indeseables (quien no tenga documento nacional sería
porque no quiere o porque es delincuente); tendríamos la
población inmigrante documentada y, por ende, controlada;
podríamos incorporarla al país más rápidamente;
evitaríamos la criminalidad que la explota laboral o sexualmente,
y aumentaría nuestra población, ¿o todavía
no nos dimos cuenta de que tenemos un país despoblado?, ¿o
estamos esperando alguna catástrofe ecológica en alguna
otra parte del mundo para que otros nos lo pueblen de repente y
sin preguntarnos mucho?
* Titular
del I.N.A.D.I. Director del Departamento de Derecho Penal y Criminología
U.B.A. Vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho
Penal.
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