Por Pepa Roma
El País

–El principal objetivo del Tribunal Internacional para Ruanda es conseguir la paz y la reconciliación en ese país. ¿En qué medida lo está consiguiendo?
–No está teniendo todo el impacto que debería sobre la población en Ruanda, aunque los juicios se transmiten por radio desde la sede del tribunal en Arusha, Tanzania. Por ello, hemos acordado con el gobierno ruandés abrir un centro de información en Ruanda con documentación y videos que permitan seguir los trabajos del tribunal y estamos pensando en ampliar la difusión de nuestro trabajo por televisión. Es importante que llegue a los ruandeses y a todos los africanos el mensaje de que se ha terminado la cultura de la impunidad. Ha sido la impunidad la que ha permitido cometer las mayores atrocidades en Africa, incluidos los más terribles crímenes de naturaleza económica.
–Pero no se están juzgando crímenes económicos...
–No, pero si los menciono es porque cuando hablas de lo que pasa en Africa, es imposible ignorar la pobreza. Ves a tanta gente luchando por sobrevivir mientras ciertos líderes nadan en el lujo y sacan billones de dólares del país para ponerlos en bancos de Occidente, que no puedes pasar por alto casos como el de Mobutu. Cuando robas los diamantes, los recursos de un país, como en el Congo, los efectos son los mismos que si cometieras genocidio.
–Sin el grado de pobreza que origina tanta frustración y lleva a jóvenes sin tierra ni futuro a afiliarse en milicias como único medio de vida, ¿habríamos asistido al genocidio en Ruanda?
–Si tienes una clase media con trabajo, medios de vida y educación, tienes a gente interesada en preservar la sociedad y la ley de su país. Pero cuando la gente es tan pobre, carece de educación y se ve impotente, es muy fácil conseguir que participe en la barbarie, como sucedió en Ruanda. Se derribaron todas las convenciones sociales y culturales, y gentes que hasta entonces habían convivido armoniosamente, que incluso se habían casado entre sí, se lanzaron a matar y comerse la vaca del vecino, a violar a sus mujeres.
–Canibalismo, mujeres a las que les rebanan los pechos o son violadas en público antes de ser asesinadas, ¿es algo nuevo en las guerras de hoy?
–Es una pregunta que me he hecho muchas veces. ¿Estamos asistiendo a una degradación de la raza humana? Sabemos de las esclavas sexuales de los japoneses durante la II Guerra Mundial; sabemos que en Vietnam, mucho soldados recibían el mensaje de que era moralmente aceptable violar a las mujeres del Vietcong. Tal vez son atrocidades que siempre estuvieron ahí y que sólo ahora empezamos a conocer gracias a que las mujeres tienen la valentía de hablar y denunciarlas. Antes, una violación se ocultaba porque era más importante preservar el honor del hombre de la familia que ocuparse del sufrimiento de la mujer. Ya no. Pero la gran proliferación de este tipo de atrocidades en las guerras de hoy hace preguntarse si se trata de una estrategia militar que se emplea ahora para aniquilar al enemigo. Sólo te las explicas cuando oyes tantos testimonios revelando las órdenes que se daban desde arriba a los soldados para destruir e impregnar a las mujeres del enemigo; por ello, en el Tribunal de Ruanda hemos sentado precedente al incluir las violaciones de guerra dentro de los crímenes de genocidio y contra la humanidad. Y lo mismo sucede con las atrocidades cometidas por la población civil. Tenemos cada vez más evidencia de que el estado de barbarie fue propiciado por intereses políticos que se dedicaron no sólo a explotar las diferencias étnicas, sino incluso a planear el genocidio.
–¿No fue un estallido de venganza de la mayoría de la población hutu contra una minoría tutsi que siempre había estado en los puestos de poder gracias a su alianza con las antiguas potencias coloniales?
–No fue un estallido espontáneo de odio, como se ha hecho creer. Al menos no es lo que sale a la luz en los juicios. Estamos oyendo cómo fue planificado y organizado desde arriba. Los paramilitares del interahamwe sabían muy bien a quiénes mataban cuando llegaban a los hospitales. Y lo mismo sucedía en los controles de carretera, se sacaba de los coches y mataba a los tutsis y se dejaba al resto, fueran hutus o extranjeros. El ex primer ministro Kambanda, entre otros testigos y procesados, es uno de los que han contado cómo se planificaba desde el gobierno, y se declaró culpable de participar en decisiones para repartir armas y matar tutsis.
–Su tribunal sólo tiene potestad para juzgar crímenes de guerra cometidos en 1994, cuando se producen las matanzas de tutsis a manos de hutus. Pero los crímenes han continuado hasta ahora, dentro y fuera de Ruanda, con venganzas de tutsis contra hutus. ¿No da la impresión de que se está impartiendo la justicia de los vencedores, castigando sólo a un bando, como en Nuremberg?
–Nuremberg fue criticado de forma bastante justificada como la “justicia del vencedor” porque los aliados crearon un tribunal para castigar solamente a los criminales nazis. No tuvo nada de independiente, fueron los vencedores juzgando a los vencidos. El nuestro es independiente en cuanto procede de un mandato de la comunidad internacional y fue creado por Naciones Unidas, y porque nuestro estatuto no dice que un grupo tenga que ser procesado y otro no. Sucede que los que perpetraron las matanzas son hutus, y la mayoría de las víctimas, tutsis, aunque también hubo hutus moderados entre ellas. Pero creo que tiene razón en su crítica. Uno de los puntos débiles de nuestro tribunal es que tiene un mandato limitado para los crímenes cometidos en 1994, lo que ha dado lugar a esta situación en la que sólo los hutus están siendo juzgados. Todavía.
–¿Qué confianza en la ley o espíritu de reconciliación se puede esperar cuando se juzga sólo a una parte?
–Afortunadamente, nuestro trabajo coincide con el de los tribunales nacionales de Ruanda, los cuales llevan más de 115.000 casos. Al igual que han hecho las comisiones de la verdad en Sudáfrica y otros países que salen de un conflicto, también allí se está tratando de exponer a la luz lo que ha sucedido. Pero para hacer frente a tal cantidad de denuncias a escala local, se ha revitalizado el viejo sistema tribal para dirimir conflictos llamado Gachacha. En lugar de enviar a los culpables a la cárcel, se suele encargarles que realicen cometidos en desagravio para la comunidad. Es un gran avance que los ruandeses hayan encontrado una solución propia para encargarse de impartir justicia y detener las venganzas, en vez de copiar algo que les viene de fuera.
–¿La participación de varios hombres de negocios como el director de la Tea Factory, Alfred Musema, condenado a cadena perpetua, es una prueba de intereses económicos que iban más allá de los políticos tras las matanzas?
–Como director de una fábrica, la capacidad para contratar y despedir a la gente daba a Musema una posición de poder y liderazgo sobre todos aquellos que dependían de él. Se le encontró culpable de dar órdenes a civiles para matar y violar, y toda la evidencia señala que eran dadas dentro de un marco de colaboración con el Gobierno y el Ejército. Otro hombre de negocios, Rutaganda, era además el segundo de la milicia Interahamwe. Ahora bien, averiguar qué intereses económicos o extranjeros había tras esa guerra no es nuestro cometido. De momento.
–Muchos analistas han querido ver en la guerra de Ruanda un episodio más de la pelea entre Francia y Estados unidos por la supremacía en Africa, el primero como aliado de los hutus, y el segundo, de los tutsis.
–Todas las pruebas que han salido a la luz en los juicios muestran que existía un grupo interesado en frustrar los acuerdos de paz firmados antes de 1994, los cuales aseguraban un Parlamento con representación de todas las minorías y fuerzas políticas. Qué otros intereses o poderes estaban implicados, quién puso el dinero o las armas, no ha salido a la luz. Todavía. Puede salir en forma de pruebas y testimonios, como el delantiguo mando de los cascos azules en Ruanda, que había advertido de la necesidad de intervenir antes de las masacres, pues tenía conocimiento de las enormes cantidades de armas que estaban entrando y distribuyéndose de forma clandestina por todo el país. Si además ves, por las pruebas dejadas por los casquillos de bala, que ninguna de las ametralladoras y armas que se utilizaban eran fabricadas en Ruanda, no puedes dejar de preguntarte quién las estaba facilitando, qué otras fuerzas estaban implicadas.
–¿Hace usted estas preguntas en el juicio?
–No podemos hacerlas en el juicio, pero nos las hacemos dentro de nuestra cabeza. Por supuesto, como juez te pones orejeras y te acostumbras a escuchar de forma científica, tomando nota sólo de las pruebas que hacen al caso que se juzga, diciéndote si esta prueba es pertinente y la otra no. Pero cuando te despiertas a las cuatro de la madrugada en casa, no puedes dejar de hacerte todo tipo de preguntas.
–En Sudáfrica tienen uno de los mayores traficantes de mercenarios, la compañía Executive Outcomes, cuyo máximo responsable, Eeben Barlow, declaraba recientemente a Reuters que la mayoría de sus clientes eran particulares y que las guerras en Africa dependían cada vez menos de los estados y más de las multinacionales. ¿Qué puede hacer la Justicia?
–Es un ejemplo más de las enormes lagunas que tiene la Justicia para ocuparse del tráfico de armas, drogas, mujeres, mercenarios, o de controlar a los que entran y salen de los países con diamantes y enormes sumas de dinero para colocar en bancos occidentales o comprar armas. Por eso insisto en la necesidad de juzgar estos crímenes. No puedes matar y saquear los recursos de un país para llevártelos a tu cuenta corriente y luego recibir refugio e incluso ser tratado como alguien respetable en Francia, como Mobutu, o en Oriente Próximo, como Idi Amin. Los responsables económicos, políticos y militares creen que pueden salirse con la suya porque países occidentales a los que nadie critica les han dado cobijo. Es algo que hoy preocupa a los pueblos de todo el mundo.
–Una guerra como la de Sierra Leona, donde los motivos económicos parecen evidentes ¿hará ver la necesidad de tipificar ese tipo de delitos de origen económico?
–Esta es mi preocupación. He visto el borrador del estatuto del Tribunal Internacional para Sierra Leona, y todo lo que contempla es el mismo tipo de responsabilidades individuales para los actores directos de los crímenes, pero no para sus instigadores. Si se descubre que alguien se ha estado llevando diamantes a manos llenas del país, no tiene potestad para juzgarlo. Se considera sólo un delito de robo del que debe encargarse otro tribunal ordinario. Falta un verdadero reino de la ley a escala internacional que no deje en la impunidad crímenes económicos tan graves.
–¿Habrá que esperar al Tribunal Penal Internacional para ver el fin de la impunidad a escala mundial?
–El Tribunal Penal Internacional tiene las mismas limitaciones. Su mandato no contempla esos delitos ni tampoco los que se hayan cometido antes de su entrada en funcionamiento. No va a satisfacer las expectativas de todas las gentes en el mundo que están esperando que se imparta justicia contra algún tipo de criminal o malhechor notable de su país. Y así nunca conseguiremos la paz y la reconciliación en los países. Es este sentido de la injusticia y la impunidad el que lleva a las gentes a tomarse la justicia por su mano. Las poblaciones de todo el mundo que han sido víctimas de este tipo de delitos sólo sentirán que reina la justicia si se pide cuentas a los líderes e instigadores.
–Para que se adhieran países reticentes como Estados Unidos, ¿cree que sería conveniente que el Tribunal dependiera del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como pide ese país?
–Creo que esto sería subordinar la independencia del tribunal a los intereses políticos de los más poderosos económica y militarmente, que son los que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad. El TPI no pretende quitar la potestad a los Estados para juzgar a sus ciudadanos,sino sólo encargarse de los casos en los que un Estado no tiene la voluntad o los medios para juzgar, como fue el caso de Chile con Pinochet. Me parece inmoral que un país como Estados Unidos se niegue a que sus ciudadanos se rijan por el mismo tribunal y las mismas leyes que pretenden aplicar a los ciudadanos del resto del mundo. Me pregunto cuáles son sus prevenciones y miedos a la hora de firmar.
–El caso Letelier, la operación Cóndor, están poniendo en evidencia la relación de la CIA con la represión en América latina, e incluso empiezan a salir nombres como el del secretario de Estado de la época, Henry Kissinger. ¿Hasta dónde cree que debería llegarse en las investigaciones?
–Tanto los jueces como la gente de la calle tenemos que decir que no puede trazarse una línea que excluya a algunos de ser juzgados. Soy partidaria de llegar a la transparencia total. Es imposible eliminar el crimen, pero se pueden prevenir cuando se sabe que terminarán por salir a la luz. Es la única forma de acabar con la cultura de la impunidad.
–Sin embargo, Sudáfrica optó por la amnistía para los crímenes cometidos durante el apartheid y dio potestad a la Comisión de la Verdad para sacar los delitos a la luz, no para juzgarlos.
–La reconciliación sólo es posible cuando se tiene la sensación de que se ha impartido justicia. Fui una de las más críticas con la amnistía; para todos los que habíamos sufrido el apartheid, fue una píldora muy difícil de tragar. Algunos, como los familiares de Biko, todavía no la han aceptado, y me consta lo descorazonada que se sintió la gente al ver al máximo responsable de la Comisión para la Verdad, Desmond Tutu, abrazarse en público con Winnie Mandela tras demostrarse su participación en los crímenes de jóvenes negros. Pero aceptamos la amnistía como una solución de compromiso avalada por la sabiduría de Mandela, a la que se había llegado a cambio de que la minoría blanca que había gobernado durante 300 años cediera voluntariamente el poder. Fue una situación de toma y daca.
–¿En qué se parecen los crímenes de guerra en Ruanda a los de la ex Yugoslavia y la forma en que son juzgados por los tribunales de la ONU?
–La crítica que se puede hacer a los dos tribunales es que somos muy lentos. Pero creo que la diferencia principal es que en el de la ex Yugoslavia sólo se ha logrado juzgar a soldados y responsables de bajo nivel, lo que en los periódicos han llamado “peces chicos”. Nosotros tenemos bajo custodia 40 acusados que tenían mando y daaban órdenes, desde el primer ministro y demás miembros del Gobierno a comandantes del Ejército, alcaldes, gobernadores, hombres de negocios, lo que se llama “peces gordos”. Somos los primeros que han condenado a un jefe de Gobierno y dictado una condena por genocidio y crímenes contra la humanidad desde Nuremberg, que ahora puede servir de precedente para enjuiciar a Pinochet. Ellos no han condenado todavía a nadie.
–¿Quiere decir que Ruanda, junto con el caso Pinochet, está sirviendo al mensaje del fin de la impunidad, y Yugoslavia no?
–El problema con el que se encuentran, que no es culpa del tribunal, es la falta de voluntad política por parte de los Estados para entregar a los principales culpables, como Milosevic o Karatzic.
–Los dos tribunales están presididos por mujeres, Carla del Ponte es además juez instructor en el de Ruanda. ¿Qué papel están teniendo las mujeres en la resolución de los conflictos?
–Las mujeres, como víctimas y también por ser las que se quedan a cargo de la familia, son las que están detectando y denunciando de forma más clara y contundente la naturaleza de las nuevas guerras. Se dan cuenta de cómo influyen en la vida cotidiana tanto las decisiones políticas y económicas como la actuación de los que roban los recursos de los países. Por eso, siento que son las que están creando el granero de la nueva conciencia. Antes de que viéramos las protestas de Seattle contra la Organización Mundial de Comercio el pasado diciembre, las mujeres de Africa llevaban tiempo diciendo no a la OMC, no al Banco Mundial, no al FMI. He estado en todas las conferencias importantes de mujeres en Africaque precedieron y sucedieron a la cumbre de Pekín de 1995, y puedo decir que llevan mucho tiempo denunciando los crímenes económicos como uno de los efectos más terribles de la globalización.
–¿No es necesario un Código Penal internacional antes de dar atribuciones para juzgar nuevos delitos a los tribunales internacionales?
–Es lo que estamos haciendo de forma progresiva en Ruanda, o en casos como el de Pinochet. No hay que olvidar que la ley internacional se inició muchos siglos antes de nuestra era. Ya en el siglo V antes de Cristo, China tenía una legislación para tratar con sus vecinos. Nada surge de la nada. Nuremberg es un precedente de los dos tribunales internacionales que hay ahora para Ruanda y la ex Yugoslavia. Nosotros hemos creado una nueva definición universalmente aceptada de la violación como crimen de guerra que no existía antes en la ley internacional, y hemos dictado la primera sentencia sobre genocidio que puede servir de precedente para procesar a Pinochet. Tenemos muy claro la importancia de que cale el mensaje del fin de la impunidad de cara a una justicia que se internacionaliza.
–¿Cómo armonizar las legislaciones hacia un modelo internacional único cuando hay países como Sudán que se resisten a condenar la ablación del clítoris, y otros que siguen aplicando la pena de muerte, como EE.UU.?
–Fui una militante contra la pena de muerte en Suráfrica, y me habría negado a estar en este tribunal si la aplicara. pero independientemente de mi posición, una parte de la opinión pública norteamericana está a favor. Pero son diferencias que no deben impedirnos avanzar. Debemos trabajar sobre delitos en los que existe consenso universal. No hay una cultura en toda la Tierra que justifique crímenes como la violación o el genocidio. No existe este mismo consenso con la mutilación genital femenina, por terrible que sea, o con la pena de muerte. Todavía.
–¿Todavía?
–Sí. La pena de muerte es un obstáculo hoy. Pero si tenemos esta misma conversación dentro de cinco años, acaso será muy diferente, y habrá, por parte de los que ahora están a favor de ella, una mayor aceptación del consenso y un sentido de la justicia más universal. Desde tribunales como el de Ruanda queremos demostrar que la Justicia internacional es una realidad, que es posible poner a trabajar juntos a jueces de distintos países, lenguas y culturas, y pedirles que emitan veredictos universalmente aceptados.

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