|
Por
Eduardo Videla
 Los
vecinos de Parque de los Patricios están que arden: el Ministerio
de Justicia ha recomendado no demoler por implosión el edificio
de 19 pisos de la ex cárcel de Caseros, desocupado desde agosto
último, y estudia reciclar la vieja construcción donde funcionaba
la Unidad 16 para crear un centro de capacitación para el Servicio
Penitenciario Federal. Un proyecto elaborado por los vecinos, que cuenta
con el respaldo del Gobierno porteño, preveía construir
allí un centro cultural, un establecimiento educativo y un patio
de comidas, mientras que en el predio donde se levanta la cárcel
“nueva” se contemplaba construir edificios para viviendas de
no más de siete pisos. En pocos meses, los vecinos pasaron de la
ilusión de urbanizar esas dos oscuras manzanas a la desazón
de convivir durante un tiempo indefinido con los fantasmas que habitan
en los dos edificios abandonados. Ahora planean movilizarse para apoyar
su proyecto.
Aunque la mole de cemento está destinada a desaparecer, no están
claros ni los métodos ni el plazo en que su derrumbe se hará
efectivo. “El ministro Jorge de la Rúa ha firmado una resolución
por la que se traspasa el edificio de la ex Unidad 1 al Ministerio de
Economía y se recomienda que se desista de la implosión”,
confirmó a Página/12 el subsecretario de Asuntos Penitenciarios,
Alvaro Ruiz Moreno.
La demolición del edificio por ese método –que consiste
en su derrumbe mediante la colocación de explosivos– había
sido anunciado por la antecesora de Ruiz Moreno, Patricia Bullrich. El
operativo iba a ser realizado por el mismo equipo del Ejército
que implosionó el ex albergue Warnes, varias torres de Fuerte Apache
y un edificio en pleno centro de Mar del Plata. La demolición estaba
prevista para diciembre, pero nunca se hizo. Se adujo, en principio, que
el Hospital Garrahan, ubicado a 200 metros de la cárcel, había
pedido suspender la implosión porque las detonaciones podían
afectar a su equipamiento. Fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron
que, en rigor, hubo otro inconveniente de mayor peso: los gastos para
la implosión no estaban previstos en el presupuesto del año
2000.
Las cosas cambiaron con el controvertido cambio de gabinete de principios
de octubre: Ricardo Gil Lavedra le dejó su lugar al hermano del
presidente, como titular de Justicia, mientras que Bullrich pasó
al frente del Ministerio de Trabajo.
 Ahora,
Ruiz Moreno confirmó a este diario que el edificio va a desaparecer
“para que nunca a ningún funcionario se le ocurra levantar
una cárcel en un lugar aberrante como ése”. Sin embargo,
Justicia se desentendió del proceso de demolición: mediante
la resolución 337/2000, firmada por el ministro De la Rúa,
se transfiere el edificio al Ministerio de Economía –que concentra
las propiedades oficiales en venta a través del Organismo Nacional
Administrador de Bienes del Estado (Onabe)– y junto con la construcción
traspasó todo el proceso de demolición.
Justicia recomendó desistir de la implosión, “a raíz
del pedido del Garrahan y de otros hospitales ubicados en la zona, por
los perjuicios que podría ocasionar la onda expansiva a sus equipos,
y por el reclamo de un grupo de vecinos que alertó sobre el peligro
para la salud generado por la nube de polvillo originada por el derrumbe”,
explicó Ruiz Moreno. Esa nube estaría conformada por asbestos,
una sustancia aislante ya prohibida en las construcciones, que se aloja
en los pulmones y es cancerígena.
En el Garrahan, el director médico ejecutivo, Luis Alberto Dal
Bo, dijo a Página/12 que el hospital “nunca reclamó
suspender la implosión sino que pidió conocer los estudios
técnicos para descartar posibles daños, cosa que nunca recibimos”.
Los otros hospitales ubicados en la zona son el de Gastroenterología,
el Muñiz y la maternidad Sardá.
Por otra parte, Ruiz Moreno adelantó que su cartera no piensa desprenderse
del viejo edificio ubicado sobre Caseros, donde hasta hace poco funcionó
la U 16, que albergaba a menores adultos y a ex miembros de las fuerzas
de seguridad. Ese edificio, inaugurado a fines del siglopasado por el
presidente Domingo Faustino Sarmiento como un hogar para niños
huérfanos, podría ser “refuncionalizado como centro
de formación y capacitación para el Servicio Penitenciario
Federal, y para crear un museo penitenciario y un centro de estudios para
la recuperación de drogadependientes adultos, en cárceles
federales”, según las propuestas que estudia la Subsecretaría
de Asuntos Penitenciarios. “También se analiza con el Ministerio
de Educación la creación de una universidad abierta a la
comunidad, con carreras cortas y no tradicionales”, agregó
Ruiz Moreno.
“Es un edificio con alto valor sentimental para el Servicio Penitenciario”,
definió Ruiz Moreno. La construcción cuenta con 13.500 metros
cuadrados, en dos plantas, y, pese a su antigüedad, está en
condiciones de ser reciclada, a un costo que oscila entre los 500 mil
y 700 mil pesos, según estimó la arquitecta Susana Mercattini,
asesora del ministerio.
“No estamos de acuerdo con eso”, dice, en representación
de los vecinos, el titular del centro de Gestión y Participación
Nº 4, Daniel Brunet. “A los agentes del Servicio Penitenciario
los pueden capacitar en otro lado. Nosotros queremos recuperar estas dos
manzanas para la ciudad: que se hagan cines y teatros, que el barrio no
tiene, un centro cultural y un patio de comidas”, agregó el
funcionario. La propuesta fue elaborada por el CGP a partir de una encuesta
entre los vecinos, y fue elevada a la Legislatura, en noviembre, por el
secretario de Planeamiento porteño, Enrique García Espil.
|
