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Durante
la mañana de hoy, es muy probable que el ex dictador chileno Augusto
Pinochet se convierta en un reo para la Justicia de su país. El
juez Juan Guzmán dará a conocer su veredicto sobre la responsabilidad
en los crímenes de la Caravana de la Muerte, en octubre de 1973.
Y todo indica que Guzmán determinará que Pinochet debe ser
procesado por la autoría intelectual de estos crímenes,
y hasta que pueda ordenar su arresto domiciliario. La decisión
de Guzmán, sea cual fuere (es menos probable, pero también
puede ocurrir que exima de juicio al ex dictador por su estado de salud),
es apelable.
La decisión de Guzmán llega luego de una semana muy agitada
que puede tener consecuencias para el caso. Respondiendo al interrogatorio
que el juez le hizo el martes, Pinochet inculpó al general Joaquín
Lagos Osorio, jefe de la Primera Región del Ejército en
1973 (en esa región ocurrieron los crímenes de la Caravana
de la Muerte), y negó su responsabilidad en carácter de
autor intelectual de estos asesinatos. Lagos Osorio, quien también
fue acusado por el propio jefe de la Caravana de la Muerte, general (R)
Sergio Arellano Stark, fue entonces al programa político de televisión
más importante del país (“Medianoche”, de Televisión
Nacional de Chile), para contar con lujo de detalles todas las torturas
que sufrieron las víctimas y cómo Pinochet estaba implicado
en la cuestión. Ayer, en una entrevista con el diario El País
de Madrid, reiteró que “a costa mía, Pinochet intentó
limpiar su imagen. No es de hombre en las Fuerzas Armadas eximirse de
la responsabilidad e imputársela a un subalterno”.
Pinochet cayó el viernes con un pequeño infarto cerebral.
Anteayer ya había sido dado de alta, pero su internación
coincidió con las horas en las que Guzmán redactaba el borrador
del fallo. Teniendo en cuenta que fueron otros infartos cerebrales los
que le provocaron “una demencia leve a moderada”, según
los exámenes médicos, otro infarto podría empeorar
su estado mental y esto podría influir en la decisión del
juez. El mismo reconoció que las presiones políticas para
terminar con el caso son fuertes.
Desde el punto de vista procesal, analistas chilenos coinciden en que
casi no hay manera de que Guzmán decida eximir a Pinochet del juicio.
La “demencia leve a moderada” es muy lejana respecto de una
demencia plena y no alcanza para declarar a Pinochet demente y hacerlo
zafar del juicio. El mismo Guzmán, después de interrogarlo,
dijo que lo veía “perfectamente normal”. También
influyen los antecedentes del caso: cuando Guzmán lo intentó
procesar el 1º de diciembre, el fallo de la Corte Suprema que frenó
esta medida no cuestionó las pruebas contra Pinochet sino tan sólo
el cumplimiento del requisito de una declaración indagatoria. Y
como si esto fuera poco, sobre una de esas pruebas, una lista de las víctimas
de la Caravana con anotaciones del propio Pinochet, el ex dictador desoyó
a sus abogados y admitió que la letra era suya pero no la responsabilidad,
cuando para Guzmán una cosa va con la otra.
“Si hay una sentencia, lo más probable es que la cumpla en
su casa y nadie espera otra cosa porque sería inhumano”, dijo
Isabel Allende Bussi, hija del presidente Salvador Allende, derrocado
por Pinochet en septiembre de 1973, en declaraciones publicadas ayer por
el diario chileno La Nación. “En Chile no está contemplado
eso, pero haríamos un gesto al mundo si, a diferencia de lo que
ocurría en la dictadura, nosotros mostráramos sentimientos
de humanidad hacia un condenado como Pinochet.”
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