Por José Natanson

Raúl Alfonsín recorría las oficinas del Comité Nacional de la UCR apagando las luces que habían quedado prendidas.
–¿Doctor, que hace? –le preguntó un legislador radical que pasaba por ahí.
–Es que estamos cortos de fondos y tenemos que ahorrar –respondió el ex Presidente.
La anécdota revela una situación. El Gobierno ha recortado el Fondo Partidario Permanente y el Congreso no incluyó en el Presupuesto las partidas para financiar las campañas. Resultado: a pesar de que todos los políticos coinciden en que los aportes públicos son la mejor forma de garantizar la transparencia, por primera vez desde 1983 el Estado no tiene previsto destinar un solo peso a sostener las campañas para las elecciones de octubre.
Hay dos vías diferentes de financiamiento público de los partidos políticos. La primera es el Fondo de Partidario Permanente que maneja el Ministerio del Interior y que está destinado a sostener las actividades ordinarias de las agrupaciones: viajes, congresos, mantenimiento de los locales y pagos de servicios como la luz o el gas. Se deposita todos los meses en la cuenta de cada agrupación y se calcula promediando el número de afiliados, los votos obtenidos en la última elección y la cantidad de legisladores. De lo que recibe cada partido, el 20 por ciento va para la cabeza nacional de la fuerza y el resto se divide entre los diferentes comités provinciales, de acuerdo a la importancia de cada distrito.
Según cifras oficiales del Ministerio del Interior, durante los últimos años de menemismo el Fondo que distribuía Carlos Corach era de 21 millones. En el 2000, el primer año de gobierno de la Alianza, se presupuestó la misma cantidad pero se ejecutó la mitad: 10.230.000 pesos. Para este año, las partidas que maneja César Martucci, subsecretario de Interior y hombre de confianza de Federico Storani, llegan a los 19.030.000 pesos. Aunque la cifra duplica los recursos del año anterior, lo cierto es que deberán volcarse a saldar deudas acumuladas: 4 millones de aportes por voto y 19 millones de impresión de boletas, a lo que debería sumarse el costo estimado de boletas para este año: 900.000. El total adeudado es 23.900.000 pesos, lo que excede largamente los recursos previstos.
Prácticamente desde que asumió, Storani viene reclamando al Ministerio de Economía que se ponga al día. Es que, aunque las cifras pueden parecer grandes, son bastante reducidas para el tamaño y el despliegue de los partidos políticos argentinos. Un ejemplo: el Frepaso de la Capital, que triunfa cómodamente en el distrito desde hace años, recibe unos 10 mil pesos por mes.
Mientras tanto, los sucesivos recortes obligan a los dirigentes a ajustar sus presupuestos. En el Comité Nacional del radicalismo que preside Alfonsín suspendieron celulares, se cuidan con los gastos en comunicaciones y restringieron los horarios de sus empleados, cuestión de ahorrar luz y horas extras. Para colmo, Alfonsín heredó una intimación para pagar una deuda de 300 mil pesos, un gasto de la campaña de 1995 contraída por el entonces candidato presidencial Horacio Massaccesi.
En el resto de las sucursales de la UCR ocurre algo similar. “Estamos desesperados. Nos está llegando sólo un tercio de lo que corresponde”, se quejaron en el poderoso Comité bonaerense que dirige Leopoldo Moreau.
Un ejemplo ilustra la penuria que se vive en las oficinas radicales: por primera vez en muchos años, en la última reunión de la Convención Nacional que se desarrolló en Paraná el partido no pagó los pasajes de los dirigentes. Cada convencional tuvo que arreglárselas como pudo y el resultado fue un número inédito de ausencias.
La segunda fuente de financiamiento público de la política es la Ley de Partidos sancionada en 1985. A diferencia del Fondo Permanente, destinado a las actividades operativas, la ley está orientada a sostener la campañaselectorales. Los fondos se depositan en las cuentas de cada fuerza política 60 días antes de la elección, en tres cuotas mensuales. El cálculo es sencillo: los recursos se distribuyen de acuerdo a los votos que obtuvo en los últimos comicios. Aunque la norma contempla un aporte de 0,5 centavos de austral por voto, con el tiempo se fue actualizando: en los últimos años osciló entre 1 y 2,5 pesos por sufragio.
Pero el Presupuesto del 2001 no contempla estos recursos. El proyecto original del Ejecutivo reducía el aporte que había regido en la última elección, de tres pesos a un peso por voto. En diciembre del año pasado, cuando llegó a la Cámara de Diputados, algunos legisladores provinciales y del PJ pidieron volver a la cifra anterior. La Alianza se opuso y, en una sesión confusa, se terminó votando en contra del artículo. “Pensaron que si se quitaba este punto iban a quedar los mismos fondos que el año pasado. Se equivocaron: si la ley no lo contempla, las partidas no se ejecutan”, explicó un legislador aliancista.
Así, por primera vez desde la vuelta de la democracia, el Estado no tiene previsto recursos de ningún tipo para financiar las campañas. “Lo que hizo el Congreso fue una carrera demagógica. Después, los mismos que votaron en contra se desesperan y vienen a pedirnos que hagamos algo para restablecer los recursos”, protestan en el Ministerio del Interior.
Cansado de recibir quejas, Storani ya mantuvo algunos contactos tentativos con el Ministerio de Economía para que habilite los fondos. Su objetivo es volver a la idea original de un peso por voto, para lo que requeriría 18.513.613 pesos. No será fácil, sobre todo si se tiene en cuenta la voluntad podadora de José Luis Machinea, pero se puede resolver: el jefe de Gabinete tiene la posibilidad de reasignar partidas sin necesidad de recurrir a una ley.
Cualquiera sea el resultado final, es evidente que la falta de voluntad del Gobierno (que recorta los fondos) y del resto de los partidos (que no votaron los recursos para las campañas) marca un contraste con los discursos y los proyectos de los políticos. En el Congreso hay al menos 50 iniciativas de reforma política, que coinciden en que los aportes del Estado son la principal forma de evitar las donaciones privadas. El año pasado, luego de una trabajosa negociación, el Gobierno redactó un proyecto consensuado: establece un tope de 40 mil pesos para los aportes de personas y de 200 mil para las empresas; limita la duración de las campañas a los 90 días previos a la elección; y fija un límite de un peso por elector para los gastos de cada partido.
Aunque la idea es que comience a regir para las elecciones de octubre, hasta ahora el Congreso no se dignó a votar la norma. Una demora notable, que no sólo revela una contradicción de la clase política argentina: en su artículo 38, la Constitución Nacional establece que los partidos políticos “son instituciones fundamentales del sistema democrático” y que “el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y a la capacitación de sus dirigentes”.

Todos quieren más plata, pero no comparten la forma de conseguirla

Por Romina Calderaro

“El panorama para este año es negro. Las empresas privatizadas no ponen más plata y a las que pasaron a manos extranjeras no les sacás un mango”, dijo a Página/12 un hombre del PJ con varias campañas encima. Y agregó: “Como la política está tan desprestigiada, nadie se anima a plantear el tema, pero el Estado tendría que aportar más porque la televisión se lleva mucha plata”. Sin embargo, a la hora de hablar de financiamiento, las aguas están divididas. El legislador Jorge Srur, de Nueva Dirigencia, explicó así la postura del partido de Gustavo Beliz: “Está bien lo que aporta el Estado. Lo que hay que eliminar es la publicidad en televisión, que es costosa y no aporta”. Domingo Cavallo, por su parte, todavía debe 6 millones de pesos de sus últimas dos campañas, pero no cree que el Estado tenga que hacer algo al respecto: el ex ministro piensa que la clave de la economía de los partidos deberían ser los aportes privados. Para Jorge Altamira, titular del Partido Obrero, el problema es que “a los grandes partidos los financian las multinacionales” y el principal desafío es “democratizar los medios de comunicación”.
Todos los partidos quieren tener más plata para funcionar, pero las diferencias surgen a la hora de pensar en cómo obtenerla. En Matheu al 100 funciona la sede nacional del Partido Justicialista. Allí trabajan a sueldo 16 personas. El que más gana, se lleva 1800 pesos. La sede se usa para hacer reuniones del partido y, últimamente, para recibir a Carlos Menem. Los gastos se pagan con el dinero que aporta mensualmente el Estado por los votos obtenidos en la última elección. Y no hay mayores problemas. “El gasto grande es el preelectoral”, explicó un experimentado “recaudador”. Por ejemplo, la elección legislativa de 1997, ésa en la que Chiche Duhalde perdió con Graciela Fernández Meijide, costó 14 millones de pesos. “Es que un segundo en lo de Marcelo Tinelli costaba 1200 pesos y en lo de Susana un poquito menos”, contó el infidente.
Otro dirigente del PJ explicó con una anécdota el nivel de obsesión que puede despertar el dinero. Sucede, reveló, que en campaña los operadores de los diferentes partidos se hablan por teléfono para hablar de plata. “¿A vos te llamó tal empresario?, es la pregunta. Y aunque no nos decimos cuánta guita puso, si hay alguno que se está haciendo el difícil, lo apretamos un poco entre todos”, dijo.
La misma persona explicó que el financiamiento tiene dos caras, “una blanca y una negra”. Y la oscura tiene que ver con la evasión. “Los empresarios no te dan todo en blanco. Te dan una parte en blanco y otra en negro y si no, no te dan nada. También hay una ingeniería electoral que es negra. Cuando vas a contratar micros para un acto, si pedís una factura te dicen que vayas a ver a otro. El que te hace los escenarios, el de los afiches, es lo mismo”, dijo. “La campaña sucia también es negra. Los otros pintan carteles de la Juventud Peronista que no eran tales y nosotros de la Juventud Radical también truchos. Para eso no dábamos facturas”, explicó.
Domingo Cavallo, se sabe, cada vez que puede pontifica sobre la necesidad de achicar el Estado. Y no hace una excepción a la hora de hablar del financiamiento de su propio partido. El líder de Acción por la República cree que el “desafío” de los partidos es conseguir aportes privados –de personas físicas y no de empresas–, aunque hasta ahora no haya logrado buenos resultados con su prédica. Entre la elección de 1999, en la que fue candidato a presidente, y la del 2000, en la que peleó para gobernar la ciudad, el ex ministro de Economía supo acumular una deuda de 6 millones de pesos que está pagando como puede. Cavallo cree que una forma de achicar los gastos es que las campañas sean cortas.
La posición más categórica en esta discusión la expresa Nueva Dirigencia. “El gasto del Estado está bien y podría ser aún menor”, disparó Jorge Srur, legislador de Nueva Dirigencia. Para Srur, la clave está en terminar con la publicidad televisiva. “Habría que prohibirla porque es el cascabel del gato. Si se elimina, los partidos no tendríantanto problema para mantenerse”, opinó. Srur también comparte la importancia de los aportes privados. Y cree que los mismos candidatos podrían ser los aportantes. “En la penúltima campaña, los candidatos de Nueva Dirigencia hicimos aportes personales y algunos hasta sacamos créditos”, explicó.
Para Jorge Altamira, del Partido Obrero, este individualismo no sólo no es una solución sino buena parte del problema. “Hay una tendencia a privatizar el control de los gastos de los partidos”, dijo. “Nosotros creemos que eso no debe ser así porque es una expropiación de los derechos políticos que debe ejercer la ciudadanía.” Altamira no está en contra de los aportes de empresas, pero aclaró que los ciudadanos “tienen derecho a saber quiénes y cuánto aportaron. Es que a los grandes partidos los financian las grandes corporaciones”. Para el líder del PO, otra cuestión es que “los medios de comunicación ejercen una discriminación ideológica y económica muy profunda. Económica, porque si uno no tiene el dinero, no puede hacer publicidad. E ideológica, porque si uno tiene posiciones socialistas, hay una tendencia natural al rechazo”.

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