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Como
una medicina administrada en dosis moderadas, el gobierno porteño
anunció ayer el otorgamiento de nuevos subsidios a los vecinos
damnificados por las inundaciones del miércoles último en
un sector de la ciudad. Se trata de una suma de 2 millones de pesos, que
será otorgada para atender “casos particulares críticos”.
El anuncio fue formulado por el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra,
después de reunirse con el presidente de la Cámara de Comerciantes
del barrio de Belgrano, Osvaldo Destéfano. Los subsidios se suman
a las reducciones impositivas y a los créditos blandos anunciados
el jueves y el viernes, lo que sumaría, según cálculos
oficiales, unos 7,5 millones de pesos. Con esa suma, el gobierno salió
al cruce de la campaña iniciada ayer mismo por legisladores de
Nueva Dirigencia, que juntaron un millar de firmas entre vecinos de Belgrano
para crear por ley un fondo de 20 millones de pesos, destinados al pago
de indemnizaciones a los afectados. Las causas de las inundaciones serán
el tema central del informe que brindará hoy en la Legislatura
el secretario de Obras Públicas, Abel Fatala.
El funcionario deberá dar cuenta ante los legisladores de la Comisión
de Obras y Servicios Públicos sobre la marcha del Plan de Obras
Hídricas que lleva a cabo su gestión y tendrá que
explicar cómo se ejecutó el presupuesto previsto para esa
área en el 2000. Según el diputado Jorge Srur (Nueva Dirigencia),
“los cinco millones de pesos destinados a las obras del arroyo Vega
no fueron ejecutados”.
Esas obras, paralizadas durante seis meses, se reanudarán en lo
inmediato: hoy mismo Ibarra firmará el contrato con la empresa
CIC, para la construcción del aliviador del arroyo Vega. El gobierno
también creyó necesaria la creación de una comisión
de seguimiento del cronograma de obras hidráulicas.
En cuanto a la asistencia a los damnificados, se creó un “Fondo
de Ayuda Directa” destinado especialmente a los comerciantes que
hayan sufrido las consecuencias de la inundación. De acuerdo con
un relevamiento realizado por la Cámara de Comercio de Belgrano,
sólo en ese barrio hubo unos 400 comercios afectados y las pérdidas
se calculan en unos 10 millones de pesos, según estimó Destéfano,
titular de esa entidad. Los subsidios también podrán destinarse
a los vecinos que sufrieron daños importantes en sus viviendas.
La evaluación para el otorgamiento de estos subsidios será
realizada en conjunto por los centros de comerciantes de las zonas afectadas
y el gobierno porteño. “Se atenderán las emergencias
más dramáticas, donde haya pérdida total del capital
de trabajo, o el comercio sea el único sustento familiar o estén
afectadas fuentes de trabajo”, precisó a Página/12
el secretario de Desarrollo Económico porteño, Eduardo Hecker,
quien participó de las negociaciones con la Cámara de Comerciantes.
Según se anunció, los damnificados podrán presentar
la solicitud de ayuda a partir de mañana y hasta el 15 de febrero,
en los Centros de Gestión y Participación 11, 12, 13 y 14
Oeste. En cuanto a las casas particulares, un grupo de auxiliares vecinales
saldrá a hacer un relevamiento, casa por casa, para determinar
la magnitud de los daños sufridos.
Durante el anuncio, Ibarra se preocupó en aclarar que “no
se trata de una indemnización, pues el gobierno no ha provocado
los daños, sino de una ayuda para reconstruir el tejido económico
dañado por una situación de emergencia, ante la cual el
gobierno no se desentiende”.
Los subsidios, o “ayuda directa”, se suman a los ya anunciados
créditos de hasta 30 mil pesos, con tasas del 6 por ciento de interés
anual y un período de gracia para el pago de la primera cuota;
la reducción de hasta un 80 por ciento en la tasa de Alumbrado,
Barrido y Limpieza en las zonas afectadas, y una compensación por
suma fija en el impuesto al automotor para los vehículos dañados.
En total, los fondos destinados a paliar la situación de los damnificados
suman 7,5 millones, y su manejo será coordinado por el secretario
de Gobierno, Raúl Fernández. Por cuerda separada, la oposición
insistirá en la Legislatura con su proyecto para reasignar 20 millones
de pesos para resarcir a los damnificados. “El gobierno tiene la
obligación de atender a la gente para evitar los reclamos judiciales,
que tendrán consecuencias peores para la ciudad”, dijo Srur
a Página/12. Los fondos, según el legislador, deberían
provenir de “un recorte en los cargos políticos, tanto en
el Ejecutivo como en la Legislatura”.
Con respecto a la investigación de la muerte de cinco ancianas
en un geriátrico, el abogado de la familia de una de las fallecidas,
Miguel Angel Pierri, pedirá hoy al juez la clausura del establecimiento
y su allanamiento, para determinar si era un lugar apto para cumplir esa
función.
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