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Por
Horacio Cecchi
y Pedro Lipcovich
 El
día después del homicidio de Luis Avellaneda –por un
cascotazo a un micro, en la Autopista Buenos Aires-La Plata– quedó
marcado por una sorpresiva polémica sobre quién debe controlar
la seguridad en las autovías: “Le corresponde a la autoridad
federal”, se atajó el gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf,
y opinó que “el tema no es cómo se controla sino buscar
a los delincuentes” e instó a “no tener tantos miramientos
respecto del sistema jurídico”. El titular del Organo de Control
de Concesiones Viales señaló por su parte que “no corresponde
a las concesionarias contratar seguridad privada”, aunque “todas
contratan servicio de policía adicional”. Y un representante
de Coviares S.A., a cargo de la Autopista Buenos Aires-La Plata, reveló
que la empresa invierte en seguridad un millón de dólares
anuales... destinados a la policía bonaerense. Entretanto, el OCCV
ordenó a las concesionarias que cierren las pasarelas y puentes
con alambradas “para que no se pueda tirar ningún objeto”.
“Esto le corresponde a la autoridad de control de las autopistas,
es una autoridad federal”, desplegó su verónica el
gobernador, pese a que en el hecho tomaba intervención la Justicia
provincial. “Pero, insisto –subrayó Ruckauf–, el
tema no está en la responsabilidad de cómo se controla ni
de si se hace una identificación de los lugares de crisis, sino
que hay que entrar en los lugares en crisis y buscar a los delincuentes.
Estos delitos son consecuencia de una política demasiado débil
para el delito, que tiene que cambiar a partir de un acuerdo nacional,
provincial y federal para luchar contra los delincuentes. No hay que tener
tantos miramientos respecto del sistema jurídico, y cambiarlo de
una vez por todas”, remató.
En la misma sintonía, su ministro de Seguridad, Ramón Verón,
afirmó que la seguridad de la autopista Buenos Aires-La Plata “está
bajo la jurisdicción federal”. De todos modos, admitió
que la Bonaerense “tiene un servicio de control en esa autovía”.
Por su lado, el subcomisario de la comisaría 3ª de Avellaneda,
Juan Rodríguez, aseguró contra viento y marea que la autopista
“escapa a nuestra jurisdicción. Nosotros actuamos cuando ya
tenemos conocimiento del hecho”. Más tarde, Rodríguez
admitió que el kilómetro 7,200 de la autopista integra el
área de seguridad de la 3ª. “Es de nuestra jurisdicción,
por lógica”, sostuvo con una nueva lógica. “Pero
no podemos hablar de responsabilidades, de que la culpa la tiene la autovía
o la policía, y si me preguntan si la policía falló,
les digo que no.”
También apareció en el ruedo el jefe de la Policía
de Seguridad Vial bonaerense, comisario mayor Antonio Rueda, quien reconoció
a Página/12: “El servicio primario lo tiene la Policía
de Seguridad Vial (provincial), con el apoyo de todos los organismos”.
Es decir, la DDI en investigaciones, para el caso la de Avellaneda, y
la policía de seguridad, para el caso la comisaría 3ª.
Rueda explicó que “por convenio entre el ministerio (de Seguridad)
y la concesionaria, la autopista cedió en comodato seis motos para
patrullaje y tres trailers; la policía colocó el personal
de las motos y, a partir de abril, se instrumentó un servicio con
seis patrulleros Chevrolet Cavalier”, que cubren 36 kilómetros,
incluidos 11 puentes.
En efecto, Agustín Freixas, jefe de prensa y difusión de
Coviares S.A., precisó para este diario que “la empresa dispone
de un presupuesto de seguridad del orden de un millón de pesos
anuales, destinado exclusivamente a servicios que presta la Policía
de Seguridad Vial bonaerense”. Sucede que –como explicó
Carlos Hidalgo, presidente del Organo de Control de Concesiones Viales–
“aunque las concesiones no incluyen partidas presupuestarias para
policía adicional; sin embargo, todos los concesionarios disponen
de sumas para esos servicios de patrullaje y control”. Hidalgo destacó
que “el reglamento establece que la policía de seguridad y
de tránsito será ejercida por la autoridad públicacompetente:
aunque la autopista se haya privatizado, no puede privatizarse el poder
de policía, que es del Estado, indelegable”. Ayer, por orden
de Ruckauf, se incluyeron refuerzos en “los aledaños de la
ruta”.
En cuanto a quiénes apedrearon el domingo el micro, desde la comisaría
3ª insistían en que “existe casi la plena certeza”
de que se trata de cuatro menores del barrio La Saladita, de Dock Sud.
“En pocas horas más estarán detenidos”, aseguraba
Verón.
La medida preventiva más concreta la anunció ayer a este
diario Carlos Hidalgo: “Acabamos de ordenar a todas las concesionarias
que rodeen por completo las pasarelas (puentes peatonales) con alambrados,
de modo que no se pueda tirar ningún objeto peligroso”. Deberán
emplear “alambre artístico” (similar al de las protecciones
de balcones) hasta los 2,20 metros de altura, en las dos caras de la pasarela,
con un techo, también de alambre “para que no tiren cosas
por arriba”. Los puentes vehiculares no se pueden techar pero también
deberán contar con alambradas a los costados. Las protecciones
deberán instalarse “a la mayor brevedad”.
“Van
a tener noticias mías”
“Mi
padre no tuvo opción de nada.” Aferrada a esa certeza,
Karina Avellaneda –única hija de Luis Osvaldo Avellaneda–
ha comenzado a recorrer un largo camino en busca de los responsables
de la situación que le costó la vida a su padre. “Si
la ambulancia hubiera demorado menos, o si el peaje hubiese contado
con una ambulancia, quizás mi padre hubiera muerto igual, pero
por lo menos de una manera más digna, no tan espantosa”,
señaló.
Karina informó que su familia iniciará acciones legales
contra las autoridades de la empresa concesionaria de la autopista.
“No tuvimos noticias de ellos, pero van a tener noticias mías,
porque esto no puede quedar así –acotó–. En
este país siempre esperan que se muera alguien para hacer algo.”
“Es mentira que se haya muerto por el susto –indicó
Karina–. Venía durmiendo tranquilo, confiado en la seguridad
que tenemos los argentinos.” El conductor del micro (de la empresa
Alvarez Hermanos) siguió hasta el peaje, esperando encontrar
una ambulancia allí. Nunca la encontró; y la que llamaron
tardó 45 minutos en llegar. Avellaneda murió antes de
recibir asistencia médica. Sus restos fueron sepultados ayer
al mediodía, tras una misa en el cementerio de la Chacarita. |
EL
CONDUCTOR DEL MICRO RATIFICO QUE HUBO DEMORA
“La
ambulancia llegó tarde”
Por
Pedro Lipcovich
 Sigue,
y con fuerza, el interrogante sobre si la ambulancia de la autopista Buenos
Aires-La Plata se demoró o no en llegar al lugar donde Luis Avellaneda
agonizaba, herido por un cascotazo. La hija de Avellaneda anunció
que le hará juicio a la concesionaria por haberle negado a su padre
“una muerte digna” y el conductor del micro ratificó
que “la ambulancia llegó tarde”. La empresa Coviares,
concesionaria de la autopista, asegura en cambio que la ambulancia no
se demoró en llegar. El presidente del Organo de Control de Concesiones
Viales anunció a Página/12 que el organismo “iniciará
un sumario interno”, al cabo de un jugoso diálogo que ilustra
sobre cómo es y cómo debe ser la relación entre un
ente regulador y las empresas reguladas.
Poco después de asistir al entierro de su padre en el cementerio
de La Chacarita, Karina Avellaneda anunció que iniciará
acciones legales contra Coviares S.A., concesionaria de la autopista Buenos
Aires-La Plata, “para que esto no quede así”. La hija
de la víctima insistió en que “la ambulancia llegó
tarde y mi padre no tuvo opción de nada. Si hubiera demorado menos,
o hubiera habido una ambulancia en el peaje, quizás hubiera muerto
igual pero por lo menos de una manera más digna, menos espantosa”.
El chofer del ómnibus, Jorge Matteri, ratificó ayer que
la ambulancia se demoró en llegar y contó que, mientras
tanto, pidieron al médico de otra ambulancia, que pasaba por el
peaje, que revisara al herido “y nos dijo que acababa de fallecer”.
Agustín Freixas, jefe de prensa y difusión de Coviares S.A.,
aseguró a este diario que “la ambulancia de la autopista llegó
entre cinco y ocho minutos después de que el micro llegó
al puesto de peaje. No es correcto que haya habido 40 minutos de demora”.
Freixas precisó que “no es obligatorio contar con una ambulancia
en cada puesto de peaje: debe haber, provista por la empresa, una ambulancia
para atender emergencias, aproximadamente en la mitad del recorrido de
la autopista, para poder desplazarse con la menor demora: esa ambulancia
estaba y acudió”.
Página/12 consultó al presidente del Organo de Control de
Concesiones Viales, Carlos Hidalgo, quien contestó: “No es
cierto que haya habido demora de la ambulancia. Acá tengo el parte
horario: a las 4.12, llegó al peaje el ómnibus con el hombre
lastimado; a las 4.15 llegó una ambulancia que no es de la autopista
pero prestó ayuda; a las 4.17 llegó la ambulancia al servicio
de la autopista, que lamentablemente no alcanzó a prestar auxilio
porque el hombre había muerto prácticamente en el acto”.
–¿De qué fuente procede ese parte horario? –preguntó
Página/12.
–De la empresa concesionaria –contestó Hidalgo.
–Pero se trata de la empresa que está siendo cuestionada:
no es previsible que se autoincrimine, y la demora de la ambulancia fue
señalada por testigos y por fuentes policiales.
–Yo tengo que manejarme con el parte del accidente. La incriminación
la hará el juez, si hubiera pruebas en contrario. Deberá
determinarlo la Justicia –contestó el funcionario.
Hidalgo precisó que, “según el reglamento de explotación
de los accesos a la Capital Federal, las concesionarias ‘deberán
adoptar las medidas necesarias para brindar auxilio a personas y vehículos
involucrados en accidentes’. Esto no las obliga a tener ambulancias
en cada puesto de peaje pero sí en lugares estratégicos
desde donde puedan movilizarse”.
–Disculpe que insista sobre el tema de la ambulancia, pero resulta
preocupante que usted, titular del organismo de control, se haya atenido
inmediatamente a la versión de la empresa que debe controlar...
–comentó Página/12.
–Es la información que tenemos hasta ahora, pero vamos a hacer
un sumario interno para investigar si esa información es válida
o no -contestó Hidalgo.
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