Por Pablo Rodríguez

En enero de 1998, la secretaria general del Partido Comunista Chileno (PCCh), Gladys Marín, familiar de una víctima de la dictadura, hizo un saludo a la bandera: presentaba una querella criminal contra Augusto Pinochet, entonces jefe del ejército chileno. Exactamente tres años después, más de 200 querellas, un proceso en Gran Bretaña y un terremoto político-judicial en Chile derivaron en una situación muy distinta de la del saludo que los observadores describieron como inocuo. El juez chileno Juan Guzmán Tapia ordenó ayer el procesamiento y arresto domiciliario del ex dictador Augusto Pinochet bajo los cargos de coautor, cómplice e inductor de los 18 secuestros y 57 homicidios de la Caravana de la Muerte, ocurridos en octubre de 1973. “Jamás pensé que Pinochet podía ser juzgado en Chile”, dijo llena de alegría Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). La defensa de Pinochet resolverá hoy si apela la decisión de Guzmán y si presenta un recurso de hábeas corpus por su estado de salud. Los informes médicos en manos de Guzmán indican que Pinochet padece “una demencia leve a moderada”.
El juez Guzmán salió de su despacho con gesto adusto. Aclaró que no iba a hablar mucho porque estaba cansado del hostigamiento de la prensa y sólo atinó a decir, respecto del tema por el que todos lo esperaban, que “he firmado la resolución”. Minutos más tarde, los trascendidos del día y los rumores de la semana fueron confirmados: “Se somete a proceso a Augusto José Ramón Pinochet Ugarte en su calidad de coautor, inductor y cómplice de los delitos de secuestro y homicidio calificado”, dice el auto firmado por Guzmán. También se dispone “la prisión preventiva del procesado en su propio domicilio, ubicado en calle Pedro Lira Urquieta número 11.280, La Dehesa, con la debida custodia a cargo del oficial de ejército que corresponda”.
Las 200 personas que ya estaban congregadas frente a la Corte de Apelaciones de Santiago saltaron en un grito. “Esto es histórico y revive las esperanzas de condenar al general”, dijo Viviana Díaz. La diputada socialista Isabel Allende, hija del ex presidente chileno Salvador Allende, señaló que “es muy importante que los chilenos demostremos al mundo que por muy poderosa que haya sido una persona como Pinochet, tendrá que enfrentarse a la Justicia”. Con los ojos llenos de lágrimas, el abogado Hugo Gutiérrez festejó la noticia y se permitió una reflexión política: “No es posible que nuestra transición esté inspirada en un criminal. Pinochet es un criminal y es quien ha dejado una institucionalidad heredada que debe ser cambiada por los políticos para no seguir viviendo un estado de injusticia permanente”.
Entretanto, la derecha lamentó lo que de todas maneras consideraba un hecho antes del anuncio de Guzmán. “Estaba claro que Pinochet iba a ser procesado sí o sí. Estamos en presencia de un juicio político”, dijo el senador designado y ex comandante en jefe de la armada, Jorge Martínez Busch. “En Chile nos damos el lujo de declarar reo y, posiblemente procesar, nada menos que a la persona que salvó a la nación de la verdadera catástrofe que habría sido mantener el comunismo en nuestro país”, remarcó el director de la Fundación Augusto Pinochet, general (R) Luis Cortés Villa. Organizada por Cortés Villa, hoy por la mañana habrá una caravana de apoyo que recorrerá los 120 km entre Santiago y Bucalemu para saludar al dictador, que está allí descansando.
Sin embargo, Pinochet no podrá descansar demasiado. El arresto domiciliario impuesto por el juez Guzmán implica que el ex dictador deberá volver a su casa en Santiago porque no se sabe en qué momento se tomarán las fotos y las huellas dactilares para la apertura del prontuario. Pero fuentes judiciales afirman que Guzmán no dispondrá estas medidas, humillantes para el ex dictador, hasta tanto no se resuelvan las apelaciones u otros recursos que seguramente presentará la defensa dePinochet. Uno de esos recursos podría ser un pedido de hábeas corpus por el estado de salud de su cliente.
Desde Europa y Latinoamérica, tanto los organismos de derechos humanos como organizaciones políticas, todos festejaron el fallo de Guzmán. En nuestro país, Estela Carlotto, titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, lo consideró “una gratísima noticia” y el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Víctor Abramovich, confió en que “esto que está haciendo el juez Guzmán con Pinochet podamos también hacerlo nosotros en Argentina”. El único gobierno de la región que se pronunció fue Venezuela. “Es un acto de justicia trascendental”, señaló el canciller venezolano José Vicente Rangel. El Departamento de Estado norteamericano se negó a comentar la noticia. Y el juez español Baltasar Garzón, quien catalizó este proceso ordenando la detención de Pinochet en Londres en octubre de 1998, recibió la noticia “con satisfacción y con una plena confianza en la Justicia chilena”, según una fuente cercana a él.

LAS FF.AA., SEGUN EL POLITOLOGO ALFREDO JOIGNANT
“No hay que desechar una sublevación”

Por P.R.

Las diversas salidas políticas para el caso Pinochet estuvieron presentes hasta hace muy poco tiempo. Sin embargo, el fallo de ayer del juez Juan Guzmán parece instalar un clima nuevo: negociar políticamente la situación de Pinochet parece una posibilidad cada vez más lejana. Página/12 habló con Alfredo Joignant, investigador del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación Nacional de Cientistas Políticos de Chile, sobre esta nueva atmósfera. Joignant señaló como algo fundamental las tensiones dentro de las fuerzas armadas chilenas en torno de cómo seguir defendiendo –o no– al ex dictador. Y no descartó que pidan convocar nuevamente al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
–¿Es posible que el gobierno intervenga para darle algún tipo de salida política a la situación de Pinochet?
–Si de la voluntad del gobierno dependiera, creo que no. Yo creo que uno de los asuntos principales para comprender la situación es la reacción de las fuerzas armadas. Existe un rumor en Santiago que dice que quizás las fuerzas armadas pidan otra vez, como en el procesamiento anulado del 1º de diciembre, una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). En ese caso, es probable que el gobierno no acepte la convocatoria. Y aquí se juega una parada brava, porque el ejército, especialmente, está muy dividido, casi en un empate, entre quienes quieren apartarse del tema y convertir al ejército en algo profesional (ésta es la postura del jefe del ejército, general Ricardo Izurieta), y los que defienden al personaje Pinochet a rajatabla. Hasta ahora, esta división no estalló porque el pedido al Cosena funcionaba como fuga. Si el gobierno decide no convocar al Cosena, sabrá que entonces estallará esta división. Y eso requiere valentía y coraje, porque las tensiones serán muy grandes y no se puede descartar que los militares desaten alguna sublevación sin ningún destino. Y esto sería preocupante para el gobierno, porque quiere dejar atrás el tema Pinochet y porque le caería muy mal que, en un tiempo de recesión y de necesidad de inversiones extranjeras, vengan sacudones en Chile.
–¿Hay alguna tensión similar en el gobierno en torno del caso, respecto de involucrarse o no en una salida política?
–La verdad es que eso no está claro. Si uno se guía por la historia personal del presidente Ricardo Lagos, entonces el gobierno hasta apoyará a los tribunales. Pero hay razones de Estado, como las que expresé, que quizás lo obliguen a Lagos a pensar más en la responsabilidad que en la ética y en la convicción. Por lo pronto, no hay fracción del gobierno alguna que se haya manifestado a favor de una salida política.
–¿Puede ser que se abra el fin de la transición y el cambio de la Constitución heredada de la dictadura?
–El fin de la transición nunca podrá satisfacer a todas las partes. Hay dos opciones de máxima: los juicios y las condenas hasta el final y a todo precio, tipo Nuremberg, que no ocurrieron en ningún lugar de América latina salvo en los tribunales populares posteriores a la Revolución Cubana, o un punto final. Es más probable que las soluciones sean intermedias, como la de la Mesa de Diálogo. Y es casi imposible que se modifique la Constitución del ‘80 mientras Pinochet esté vivo. Su posición es muy débil, pero su figura para la derecha sigue siendo muy fuerte.

QUE HARA LA JUSTICIA, SEGUN EL JURISTA GARRETON
“No hay modo de escapar al juicio”

Por P.R.

“Esto es una sucesión increíble de éxitos.” Así muestra su alegría Roberto Garretón, uno de los principales abogados defensores de los derechos humanos y auspiciante de varias querellas contra el ex dictador Augusto Pinochet, apenas se le pregunta por lo que pasó. Respecto de lo que vendrá, Garretón no es menos optimista: “No hay salida política para Pinochet. Y es muy poco probable que haya una salida judicial”.
–¿Cuáles son las posibilidades de que Pinochet sea eximido por razones de salud, o razones humanitarias, como quiere en algún punto la derecha?
–La verdad es que, con las actuales leyes chilenas, Pinochet no tiene casi posibilidad de evitar un juicio. La verdad es que este proceso ha sido una sucesión increíble de éxitos. Y lo único que puede pasar en este sentido es que se le declare súbitamente una demencia plena.
–Pinochet ha tenido el fin de semana un pequeño infarto cerebral...
–Sí, por supuesto que los abogados de Pinochet van a multiplicar los recursos. El veredicto del juez Guzmán establece el auto de procesamiento de Pinochet y a la vez no hace lugar al pedido de su defensa de sobreseimiento. Entonces, los abogados de Pinochet van a apelar por separado estas cuestiones. También es posible que presenten un hábeas corpus, justamente por las razones de salud que usted mencionó.
–Con estas posibilidades en vista, ¿cuánto tiempo pasará antes de que Pinochet tenga que asistir efectivamente al juicio en su contra?
–Mucho, mucho tiempo. Mire, si lograron paralizar un proceso legal por 500 días en Londres y por nueve meses aquí en Santiago, no podemos esperar que ahora el proceso se resuelva rápidamente. Y aun si fuera así, piense que aquí sólo se está hablando de las querellas correspondientes a la Caravana de la Muerte. Hay otras 200 querellas esperando. Imaginemos: a razón de una declaración por día, Pinochet se pasaría medio año sólo declarando. Claro, puede ser que haya una declaración por varias de ellas, pero lo que quiero decir es que esto va para largo, pero va por el buen camino. Y creo que buena parte de que vaya bien se lo debemos a Guzmán.
–¿Por qué?
–Porque el juez Guzmán ha sido muy sabio en denunciar las presiones del gobierno. Si estas presiones existieron, se acabaron al día siguiente. Yo soy relator de derechos humanos de la ONU para el Congo y alguna vez me planteé qué pasaría si me presionaban. Yo iba a decir “¿Usted quiere que yo deje constancia de este llamado?”. No me pasó, pero creo que Guzmán hizo algo parecido a esto que cuento.
–Algunas versiones indican que las posibles apelaciones del caso, por la feria, caerían en tribunales favorables a Pinochet...
–Mi impresión es la contraria. Creo que las salas suplentes, las que estarán de turno en febrero, tienen la misma tendencia que las titulares. La cuestión puede cambiar en marzo.
–Si no hay salida judicial para Pinochet, ¿puede haber una salida política?
–Siempre tengo una discusión con los periodistas por este tema. ¿Cómo piensan que es una salida política? La única salida política a un caso judicial es que se dicte una ley deshaciendo lo que hace la Justicia. Y yo creo que ningún gobierno de la Concertación va a dictar una ley de impunidad ni por Pinochet ni por el resto de los implicados.

PRINCIPAL