Por Diego Schurman
El diputado José Vitar
admitió haber escuchado de Domingo Cavallo una peculiar concepción
del manejo del dinero público, lo que ya generó una presentación
judicial contra el ex ministro de Economía. No recuerdo las
palabras precisas de Cavallo pero sí el concepto de que él
prefería no pelear los fondos estatales con destino a la política
porque le parecía preferible eso y no que aparecieran fondos negros
de cajas privadas, señaló el frepasista a Página/12.
A mediados de mes Cavallo fue denunciado penalmente ante la posible comisión
de los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento
de los deberes de funcionario público y cohecho, mientras se desempeñó
como ministro de Economía de Carlos Menem.
La denuncia contra el ahora diputado de Acción por la República
fue presentada formalmente por el abogado de la CGT rebelde, Héctor
Recalde, al detectar una presunta comisión de delitos en la afirmación:
por favor, no hablen más de los fondos reservados, porque
ésa es la plata que hay para sacar las leyes.
El textual figura en el libro El Divorcio, de Martín Granovsky.
Según el texto, Cavallo dijo la frase en un encuentro reservado
con Carlos Chacho Alvarez, al que también concurrieron
Vitar y la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide.
El tema excluyente fue Alfredo Yabrán, a quien el ex ministro responsabilizó
por la existencia de una mafia enquistada en el poder.
Tal como explica el libro, Vitar reconoció que el encuentro con
Cavallo se realizó un día después de ver al entonces
funcionario menemista en un programa de Mariano Grondona. Eran momentos
donde se discutía la privatización del Correo y teníamos
interés en producir una reunión con él, dijo
a este diario el diputado tucumano.
A diferencia de Vitar, ni Fernández Meijide ni Alvarez quisieron
pronunciarse sobre el tema. Si hay una demanda de la Justicia se
responderá a la demanda de la Justicia, señaló
un vocero de la ministra de Desarrollo Social. El silencio de Alvarez
es aún más entendible: fue hasta hace unos días el
principal promotor del ingreso de Cavallo al Gobierno y seguramente buscará
evitar cualquier cortocircuito con el dirigente de Acción por la
República.
De todos modos, no se descarta que Alvarez, Fernández Meijide,
Vitar y el propio Cavallo sean citados una vez finalizada la feria
judicial por el magistrado Carlos Liporaci, en quien recayó
la causa presentada por Recalde. De hecho, el abogado de la CGT rebelde
pidió en su escrito que los 4 políticos ratificaran o rectificaran
ante el juez los dichos publicados. Por ahora, los únicos que hablaron
del tema fueron Vitar y Granovsky. El periodista lo hizo en Villa Gesell,
en una de las presentaciones de El Divorcio, donde ratificó la
totalidad del contenido del libro.
De acuerdo con la denuncia, de comprobarse la veracidad de los dichos,
Cavallo estaría incurriendo en los delitos de:
Malversación de fondos:
por haber dado al dinero recibido del Estado una finalidad diferente a
la que estaba destinada.
Cohecho: ya que el hecho de
no rendir cuentas de los gastos reservados no implica que el mismo sea
utilizado para cometer el ilícito de comprar votos para la sanción
de leyes.
Incumplimiento de los deberes
de funcionario público: por haber hecho entrega de dinero con fines
contrarios a la ley.
Hasta ahora Cavallo no admitió ni desmintió nada. Se encuentra
de vacaciones en Europa y se prevé su regreso para esta tarde.
Su vocero, Sebastián García Díaz, aseguró
a Página/12 que el ex ministro no tiene pensado hablar
del tema.
DEMANDA
POR DAÑOS CONTRA EL ESTADO
El procurador se tiene fe
La Procuración del Tesoro
cree que el Estado tiene posibilidades de ganar la demanda que le inició
el ex directivo del ex Banco Hispano Americano, el ciudadano italiano
Giorgio Solighetto. La República Argentina fue acusada por los
daños que le habría ocasionado a Solighetto su despido de
ese banco, en la instrumentación de un crédito millonario
aprobado en 1989. El caso fue primicia de este diario en 1994.
Los empresarios beneficiarios del crédito se negaron a pagar una
tangente (coima) para construir 50 estaciones de gas natural
comprimido en todo el país y por eso habrían sido presionados
para ceder el negocio a otros empresarios italianos. La Oficina Anticorrupción
empezó a investigar a varios ex funcionarios menemistas, entre
ellos el ex cuñado presidencial Karim Yoma. Hace dos años,
el empresario Vittorio Serri aseguró que el ex representante del
Banco Ciudad en Italia, Giorgio De Lorenzi, le pidió una suma de
dinero que iba destinada a Ruckauf (ex embajador en ese país),
si no se bloqueaba el crédito. En los tribunales de Milán
el juicio está más avanzado y la procuración, que
representa al Estado argentino, estima que ese proceso podría tener
un resultado favorable. Ante una versión que indicaba que el Gobierno
tenía voluntad de llegar a un acuerdo extrajudicial, el procurador
Ernesto Marcer aclaró que cualquier transacción sería
ilegítima. El decreto 28.211/44 establece que el Poder Ejecutivo
no debe admitir, por vía administrativa, la responsabilidad del
Estado en reclamos de daños por hechos en que sus agentes sean
parte. Marcer confirmó que se reunió hace unas semanas con
Solighetto, pero aseguró que el encuentro no tuvo como finalidad
negociar un acuerdo.
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