Principal RADAR NO Turismo Libros Futuro CASH Sátira
KIOSCO12


IBARRA PERGEÑA CAMBIOS EN EL GABINETE DE LA CIUDAD
La tormenta que aceleró la parición

El jefe de Gobierno pensaba hacer cambios en algunas áreas, de manera incruenta. Pero la tormenta aceleró todo. Un peronista podría ir a la Secretaría de Salud, que se uniría con Promoción Social. Enojo por la desaparición de Cecilia Felgueras.

Ibarra venía pensando en producir cambios en su gabinete. El temporal aceleró los plazos.

Por Sergio Moreno

Aníbal Ibarra venía pensando en reformular su gabinete. No estaba conforme con la gestión en determinadas áreas de su gobierno y había comenzado a hacer algunas críticas en voz más alta de lo que la cautela aconseja. No obstante, imaginaba que ese proceso sería incruento. Pero el miércoles 24 de enero la peor tormenta que asoló la ciudad en lo que va del siglo se llevó, entre otras cosas, la paciencia del jefe de Gobierno y aceleró los plazos. Muy posiblemente en febrero, el gabinete del Gobierno de la Ciudad no será el mismo que el actual; un médico peronista podría reemplazar al secretario de Salud, área que podría asimilar a Promoción Social. Y, además, Cecilia Felgueras deberá revalidar sus títulos –arrastrados por el temporal al sumidero– ante su compañero de fórmula, que está que trina con ella por la “desaparición” de la vicejefa –supuestamente a cargo del gobierno en ausencia de Ibarra– desde el mismo momento en que el agua les llegó al cuello a los vecinos de Belgrano.
El pasado 11 de diciembre de 2000, Página/12 dio cuenta de la disconformidad que existía en la cúspide del Ejecutivo porteño con algunas áreas de gobierno. La Secretaría de Salud, a cargo de Marcos Buchbinder (quien llegó al sillón de la mano del titular de Salud de la Nación, Héctor Lombardo); la de Promoción Social, que conduce Daniel Figueroa (propuesto por Felgueras); la de Medio Ambiente, cuyo titular, Norberto La Porta, mantuvo el puesto por gestión de Fernando de la Rúa, y la de Obras Públicas, timoneada por el frepasista Abel Fatala, estaban bajo la lupa del jefe de Gobierno. Ibarra sostenía que debían pegar un salto cualitativo en su gestión, mientras los apoyaba.
Pero el temporal de la semana pasada cambió todo. Mejor dicho, aceleró los plazos.
Ibarra estaba en San Pablo, junto a su amiga del PT Marta Suplicy, la alcaldesa de esa ciudad, en el festejo del aniversario paulista. Viajó sólo por un día. Y ese día llovió, a cántaros, como nunca en el siglo. Y la ciudad quedó casi en acefalía.
Eso no debía ocurrir. Después de todo, el gobierno, cuando se ausenta su mandatario, queda a cargo de su segundo. “Felgueras se borró, política y mediáticamente”, confió un importante hombre de cercanía cotidiana con Ibarra este diario. El jefe de Gobierno está más que enojado con la forma en que se (des)manejó la crisis. La desaparición de su compañera, a quien había premiado con la conducción de la campaña “Verano Buenos Aires” y acababa de nombrar al frente de Consejo de Inversiones de la ciudad, lo incordió sobremanera, al igual que la falta de reacción –en la gestión y en la política– de los secretarios de las áreas que deberían haber actuado inmediatamente después de que se desatara la tempestad.
“Aníbal considera que no hubo conducción política durante la crisis y que se perdieron 24 horas muy valiosas. El gobierno reaccionó cuando regresó de San Pablo, pero ya estábamos a la defensiva”, reveló a Página/12 un secretario de la ciudad.
La ausencia de reflejos rápidos durante y en las horas posteriores del temporal dejaron expuesto al jefe de Gobierno. Un aspecto de su evaluación le indicó, acertadamente, que el alto impacto negativo que dejó la tormenta recayó no sólo en su gobierno, sino, de manera específica, en su persona. “No estuvo, por esas cosas de la mala suerte, y quedó desguarnecido; nadie cubrió sus espaldas”, dijo a este diario otro funcionario porteño. En buena medida, por eso, desde que llegó, además de tratar de resolver las consecuencias de la tormenta, y habiendo tomado debida nota del escenario político que dejaron los restos del temporal, Ibarra decidió tener más juego propio. Pergeña un replanteo global de su gobierno y, si algunas negociaciones que ya puso en marcha se concretan, posiblemente en febrero el gabinete adoptará un nuevo perfil.

Los cambios

Cuatro días antes de la tempestad, Ariel Schifrin, jefe de la bancada aliancista de la Legislatura y uno de los operadores del jefe de Gobierno, dijo a este diario: “Hay que incorporar más peronistas al Gabinete”. Sus palabras desnudaron los planes que se tramaban en el gobierno de la ciudad y la disconformidad que existía en algunas órbitas de la gestión.
Después llovió.
Marcos Buchbinder dejará su cargo. Al decir de uno de los confidentes de Ibarra, “Salud es una de las áreas con mayor nivel de conflicto, debía ser una pata fuerte de la gestión. Aníbal quería y quiere una reformulación de la salud en la ciudad. Para eso necesita a alguien de un perfil distinto del de Buchbinder”.
Algunos operadores del gobierno ya tomaron contacto con un reconocido médico peronista. Las conversaciones recién comenzaron y el candidato “no dijo que no”. En los próximos días será Ibarra quien trate de convencerlo.
Una alternativa que se evalúa en el viejo Palacio Municipal es fusionar Salud con Promoción Social. De producirse la unificación, Daniel Figueroa deberá buscar otro sitio.
Lo mismo ocurre con Medio Ambiente, mejor dicho con Norberto La Porta, “un excelente analista de los hechos, después de que ocurrieron”, ironizan en los pasillos del gobierno.
Ibarra no es, en estas horas, tan crítico con el secretario de Obras Públicas –blanco dilecto de los vecinos, algunos medios de comunicación y la oposición–. Si bien Abel Fatala no es uno de los funcionarios dilectos de Ibarra (incluso su área estaba bajo observación desde mucho antes del temporal), el ex fiscal no le atribuye mayores culpas en la crisis que desató la tormenta. “La ciudad fue un caos, pero si se hubiesen terminado todas las obras programadas para finalizar en dos y cuatro años, la ciudad absorbería 60 milímetros de lluvia por hora, nunca los 140 milímetros que cayeron. No hay ninguna obra de ingeniería en ninguna ciudad del mundo que se prevea para cubrir crisis de una recurrencia de 50 años; no hay actuación técnica ni económica capaz de resolver esto”, evaluó un funcionario aliancista.
Convencido de que “acá, más allá de las cuestiones técnicas, lo que falló fue la lectura y la acción política”, según confían sus allegados, Ibarra pergeña los cambios. Alguno de ellos son cantados; otros podrían llegar por arrastre. La lluvia torrencial ejerció de acelerador. Posiblemente, ocurran en febrero. De esa manera, el gobierno llegaría a marzo con algo del oxígeno que le quitó el inusual aguacero para, así, comenzar un año electoral que Ibarra pensaba encarar con una batería de medidas que fortalecieran sus gestión.
Todo ello se hará con el informe meteorológico en la mano.

 


 

El bochorno de una sesión que terminó haciendo agua

El secretario de Obras Públicas fue a la Legislatura a hablar sobre la inundación y el Plan Hídrico. Un lugar reducido, más la improvisación, impidieron la sesión, aunque hubo escándalo.

Cuando Fatala comenzó a hablar, el diputado Lathendorf (a la derecha, con anteojos) lo increpó.

Por Eduardo Videla

Lo que debía ser un debate sobre causas y responsabilidades por las últimas inundaciones se redujo ayer a una bochornosa sesión legislativa, que ni siquiera llegó a ser tal: el informe que debía presentar ayer el secretario de Obras y Servicios Públicos porteño, Abel Fatala, terminó en un popurrí en el que no faltaron la imprevisión de las autoridades legislativas, exabruptos y especulaciones políticas de todo tenor. Aunque estuvo, puntual, a las 17.30 en la Legislatura, Fatala nunca pudo comenzar a hablar: finalmente, optó por no presentarse en la sala asignada para la reunión porque “no estaban dadas las condiciones para el diálogo”, según argumentó el funcionario a Página/12. El informe pasó para el viernes a las 17. Mientras tanto, la oposición anunció que en la sesión del 8 de febrero pedirá la interpelación de la vicejefa de Gobierno, Cecilia Felgueras, “porque era la funcionaria que estaba al frente del Ejecutivo el día de la tormenta”, según explicó Jorge Argüello, titular del bloque de Nueva Dirigencia.
La idea fue del oficialismo, pero pareció planeada por la oposición. Fatala propuso dar un informe ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos, y fue convocado por su presidenta, la radical Marcela Larrosa. Nadie podía ignorar que a esa reunión asistirían vecinos de los barrios afectados y numerosos periodistas, como ocurrió. Sin embargo, se asignó una sala de seis metros por seis, que en pocos minutos quedó desbordada.
Entre el amontonamiento de cámaras de TV, unos treinta vecinos, otros tantos asesores, personal legislativo y numerosos diputados –que excedían a los miembros de la comisión– se amontonaban de pie, cuando el ingeniero Fatala, se disponía a comenzar su exposición, a las 18.05. Fue entonces que el socialista Abel Latendorf, fuera de sí, increpó al funcionario diciendo: “Usted tiene que renunciar porque es el responsable de cinco muertes”.
Le siguió una batahola que apenas pudo calmar el vicepresidente de la Legislatura, Jorge Enríquez, cuando propuso el traslado de la sesión –que aún no había comenzado– a otro salón más amplio, dos pisos más abajo. La multitud, que ya superaba las cien personas, peregrinó hasta el nuevo lugar. Estaban la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira; los diputados Argüello y Jorge Srur (Nueva Dirigencia); Ariel Schifrin (Frepaso); Pacho O’Donnell (PJ); Irma Roy (PAIS) y Jorge Altamira (PO) entre otros.
Primero hubo que agregar una mesa y luego empezaron a traer sillas, a un ritmo tal que concluir la tarea podía llevar días. Los equipos de sonido nunca llegaron, ni los taquígrafos de la Legislatura. A medida que pasaba el tiempo, el clima se iba haciendo más denso dentro de ese recinto, ahora también atestado. Latendorf volvió a dar la nota, una y otra vez, enarbolando un megáfono a través del cual cruzaba acusaciones con legisladores del oficialismo.
A medida que el bochorno crecía la sesión se hacía inviable. Hasta que a las 19.05, Raúl Espineda, en representación de los vecinos presentes, dio por terminada la espera: “Nosotros queremos indemnización ya. Si no se atreven a dar la cara, los convocamos a que vengan mañana (por hoy) a las 13, a Cabildo y Blanco Encalada”, arengó. A la mañana, ya habían cortado la avenida con ese reclamo. Los legisladores opositores se fueron.
“El despliegue policial que pusieron demuestra que le tienen miedo a la gente”, dijo a Página/12 Alicia Oliveira, en alusión a la veintena de efectivos apostados frente a la Legislatura. Srur acusó al oficialismo porque “quisieron armar una reunión para veinte personas, para que no entren los vecinos, y terminaron desbordados”.
Las cosas no terminaron ahí. Media hora después, Schifrin, Larrosa y el radical Cristian Caram volvieron al recinto para acusar a la oposición de “aprovechar políticamente” lo que había sido una falta de previsión. Y anunciaron que la reunión se pasaba para el viernes a las 17.
Fatala dio otra explicación cuando este diario le preguntó por qué no había ido al recinto: “No estaban dadas las garantías para el diálogo. Hay diputados que quieren sacar provecho político porque están discutiendo las candidaturas. Y además de vecinos, también había militantes políticos”.

 


 

EL GOBIERNO PUSO EN MARCHA LA OBRA SUSPENDIDA
Belgrano con canal aliviador

Por E.V.

Seis días después de la tormenta que anegó una vasta zona de Buenos Aires, el gobierno porteño firmó el contrato para reanudar la construcción de un canal aliviador para evitar el desborde del arroyo Vega y evitar las inundaciones en una zona de Belgrano. Dos paradojas envuelven la ejecución de esta obra: 1) si no se hubiera interrumpido, en abril del año pasado, estarían terminadas en gran parte y los daños que sufrieron los vecinos de esa zona hubieran sido menores o, directamente, inexistentes; 2) la obra, en su totalidad, costará 7,5 millones de pesos, la misma cantidad que, por ahora, el gobierno de la ciudad lleva destinados a subsidiar los daños sufridos por vecinos y comerciantes.
Ayer, el gobierno porteño firmó un convenio con la empresa CCI Construcciones SA para construir un aliviador que transite bajo la avenida Monroe, a cien metros del arroyo Vega –entubado bajo la calle Blanco Encalada– que duplicaría la capacidad de escurrimiento del canal para facilitar el desagüe hacia el Río de la Plata.
Esas obras habían quedado paralizadas en abril de 2000, ante las quejas de los vecinos de Monroe, quienes debieron convivir durante meses con una excavación, en los primeros 400 metros que realizó la empresa. Según el secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala, el problema radicó en “un inadecuado plan de obras de la empresa, que no previó que bajo esa avenida había varias interferencias, como conductos cloacales, de agua, gas y electricidad, y que una vez abierta la calle, tenía que trabajar sobre las interferencias antes de hacer el conducto”.
–¿Qué garantiza que ahora no vuelva a ocurrir lo mismo? –le preguntó Página/12.
–Durante todos estos meses en que estuvo paralizada la construcción, se diseñó con la empresa un nuevo plan de obras. Hicimos un relevamiento de todas las interferencias y acordamos que se harán tramos más cortos, de cien metros, que deberán terminarse en treinta días. También se trabajó un consenso con los vecinos de Blanco Encalada y de Monroe, y terminamos de firmar hoy (por ayer) un acta acuerdo.
La obra, que se iniciará en unos días, consta de dos partes. El primer tramo son 600 metros, entre la calle Arribeños y Artilleros, más un empalme con el Vega. El segundo aún no está definido, pero podría ser la continuación del aliviador hasta la calle Moldes.
–Si la gestión de la empresa era mala, como usted dice, ¿por qué no le rescindieron el contrato? –insistió este diario.
–Era imposible, porque la obra fue adjudicada por licitación.
–Tampoco se le aplicaron sanciones...
–La empresa actuó con un plan de obras que fue aprobado por la gestión anterior a la mía. Cuando yo llegué a la secretaría, en diciembre de 1999, los trabajos ya estaban paralizados.

 

OPINION
Por Eduardo Hecker*

Los hechos concretos

Una lluvia de casi 150 milímetros en dos horas es un desastre natural que genera trastornos en la vida cotidiana de la zona afectada y, en el caso de lo sucedido el pasado miércoles, ha llegado al extremo de provocar la pérdida de vidas humanas y causar perjuicios económicos en los comercios.
Como han señalado ya el jefe de Gobierno y otros funcionarios, hay mucho trabajo iniciado para estar mejor preparado en caso de que se presente otra catástrofe. Mientras tanto, ante lo ocurrido, han quedado numerosos vecinos afectados, a quienes el gobierno ha tomado la decisión de asistir. Cada comercio inundado que ha perdido parte de su mercadería o sus instalaciones se han deteriorado, no es un dato más para pasar a formar parte de las estadísticas habituales en situaciones de catástrofe. Atrás de esa situación hay un grupo de personas que llevan adelante un emprendimiento comercial, o su empleo depende del movimiento del local comercial. Por eso se ha decidido tomar la medida excepcional de entregar subsidios no reintegrables teniendo en cuenta especialmente el impacto sobre el empleo y la economía familiar. El gobierno de la ciudad no puede evitar que sucedan catástrofes climáticas –como no lo puede hacer en ningún lugar del mundo–, pero sí puede esforzarse para que las consecuencias no agraven situaciones de injusticia económica o social.
El gobierno no indemniza porque no provocó el daño; ayuda, colabora en los casos que más requieren de la acción de la intervención pública y va en ello nuestra filosofía. Frente a la catástrofe, pudimos ver a vecinos y funcionarios movilizados y organizaciones no gubernamentales. Pero lamentablemente el temporal se transformó, también, en un problema político en tanto algunos sectores se montaron en las consecuencias del desastre para atacar al gobierno utilizando a los vecinos y comerciantes afectados como rehenes de su estrategia.
En el caso de las medidas, lo que fundamenta esta política es la necesidad de proteger la trama productiva atendiendo, en particular, las situaciones más acuciantes en relación a las fuentes de trabajo. El gobierno pone entonces a disposición de las empresas afectadas un conjunto de medidas, compuesto por la reducción de hasta un 80 por ciento del pago del ABL, créditos a tasa subsidiada del 6 por ciento –en común con el Banco Ciudad– y un subsidio que se determinará caso por caso.
Afortunadamente, a la hora de reconstruir una economía familiar dañada, sólo cuentan los hechos concretos. La utilización retórica de las catástrofes se pierde ante la realidad de quienes están necesitando una ayuda para recuperar algo de lo que han perdido.

* Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 

PRINCIPAL