|
Por Adriana Meyer
 La viuda del narcotraficante
colombiano Pablo Escobar Gaviria continuará presa mientras la Justicia
sigue investigándola. Así lo determinó el fiscal
Carlos Stornelli, porque considera que no existen evidencias sólidas
para someter a juicio oral a Victoria Henao Vallejo, quien cumple prisión
preventiva en Argentina como presunta jefa de una asociación ilícita
dedicada al lavado de dinero. El juez federal Gabriel Cavallo, que dirigió
la investigación, y la Cámara Federal habían coincidido
en la necesidad de la elevación a juicio, pero los fiscales del
caso, Eduardo Freiler y Federico Delgado, pidieron su sobreseimiento.
La Cámara los apartó del expediente y designó a Stornelli.
El nuevo dictamen se coloca más cerca de la inocencia de la viuda
pero no llega a desvincularla, aunque tampoco avala su enjuiciamiento.
“No nos encontramos ante ninguna de las operaciones clásicas
de lavado de dinero”, habían determinado Freiler y Delgado.
Y agregaron que “nada, salvo su matrimonio, la relaciona con operaciones
de tráfico de estupefacientes” porque “ni las sumas involucradas,
ni la manera en que han sido manejadas, ni las personas envueltas parecen
mostrar algo más que un grupo familiar embarcado en un proyecto
de distanciamiento de una historia familiar reciente traumática”.
Stornelli dice que “concuerda con la valoración de la prueba”
que efectuaron sus “distinguidos colegas”. Sin embargo no pidió
el sobreseimiento de la viuda como hicieron ellos a fines del año
pasado. Si lo hubiera hecho el juez no tenía más opción
que firmar una resolución en tal sentido. En cambio, le solicitó
a Cavallo una serie de medidas. Una fuente judicial aseguró a Página/12
que la mayoría ya fueron producidas por el juzgado, y el resto
–consideradas pertinentes– serán ordenadas en forma inmediata.
Una de ellas apunta a esclarecer la veracidad de los dichos de la viuda
sobre el origen de sus fondos, que –según ella– provienen
de su herencia y de la subasta de obras de arte.
Stornelli pide, además, que “se arbitren los medios necesarios”
para que las autoridades de los Estados Unidos respondan el exhorto enviado
por Cavallo para solicitar información sobre las cuentas de la
viuda de Escobar en ese país. El fiscal considera que aún
no está determinado el origen ilícito de los dos millones
de dólares que la mujer trajo a la Argentina y por eso solicita
la realización de una pericia contable. Esa medida sería
posterior a la recepción de la documentación de los Estados
Unidos. En ese punto radica la diferencia de criterio con el juez, quien
reconoce que ese asunto está pendiente, pero sus colaboradores
sostienen que las pruebas existentes eran suficientes para elevar el caso
a juicio. Además tuvieron en cuenta que la imputada lleva 14 meses
detenida y Estados Unidos no ha mostrado voluntad de responder en el corto
plazo.
Página/12 pudo saber que, a partir del requerimiento de la Justicia
argentina, la fiscalía de Nueva York investiga los movimientos
bancarios de la mujer en el Banco Morgan. “No van a mandarnos ni
un papel antes de averiguar ellos lo suficiente”, razonó ante
este diario uno de los investigadores.
“Pese al encomiable esfuerzo realizado por el juez, aún no
se ha podido acreditar que el dinero aplicado por María Isabel
Santos Caballero (el nombre que adoptó la viuda al salir de Colombia)
provenga del narcotráfico”, indicó Stornelli. Y razonó
que, en tanto la nueva identidad fue otorgada en forma legítima
por el gobierno colombiano, “no se advierte cómo las autoridades
de ese país podrían haber convalidado la modificación
de esos datos si con ello estaban contribuyendo a sacar de Colombia la
supuesta fortuna malhabida de Pablo Escobar Gaviria”.
El fiscal destacó que Cavallo debe seguir investigando la supuesta
extorsión que sufrió la viuda por parte de su contador,
Juan Carlos Zacarías, y el abogado Víctor Stinfale, aunque
la Cámara Federal ya determinó que lo haga un juez en lo
correccional. Según Henao Vallejo, le exigieron sumas de dinero
y bienes bajo la amenaza de difundir su anterior identidad e involucrarla
en una causa de lavado de dinero.
Al igual que Freiler y Delgado, el fiscal Stornelli mencionó las
“particularísimas circunstancias” que rodearon el inicio
del caso porque, según él, “corroboran con elocuencia
la hipótesis de que María Isabel Santos Caballero estaba
siendo extorsionada”. En el expediente consta que un policía
reconoció a la viuda de Escobar al verla en la calle. La Cámara
Federal aceptó este argumento como inicio de la pesquisa, pero
la fiscalía ha manifestado dudas sobre ese punto.
CEBALLOS
SE PELEA CON RODRIGUEZ SAA
A mostrar los bienes
El secretario de Relaciones
con las Provincias del Ministerio del Interior, Walter Ceballos, desafió
ayer al gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, a
presentar la declaración jurada de sus bienes y a participar de
un debate por televisión para aclarar las sospechas de corrupción
que pesan sobre los funcionarios de su gobierno.
Además, Ceballos –quien mantiene un antiguo enfrentamiento
político con los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá–
rechazó una denuncia publicada el martes en El Diario de la República
sobre su supuesta relación con una empresa acusada de estafa, versión
que calificó como “una calumnia y una injuria cargada de intencionalidad”.
“No tenemos ningún inconveniente de rendirle cuentas al pueblo
de cuáles son nuestros actos, nuestras conductas, nuestros bienes”,
afirmó Ceballos, al informar que ayer presentó ante la Oficina
Anticorrupción (OA) una declaración jurada de sus bienes.
En una conferencia de prensa que ofreció ayer al mediodía
en Villa Mercedes, Ceballos exhortó “al gobernador, a su hermano
y a todos aquellos representantes del pueblo a que expliquen cómo
obtuvieron sus patrimonios y cómo están compuestos sus bienes”.
Además, desafió a los funcionarios a que “después
de rendir cuentas, fijen fecha y moderador para que, en directo, por el
canal oficial que ellos manejan” en San Luis se haga “un debate
público sobre los problemas del país y de la provincia,
pero también sobre las sospechas de corrupción que pesa
sobre cada uno de ellos y su gobierno”. Ceballos aseguró finalmente
que el gobernador y su hermano Alberto, “creen que porque dominan
el poder económico del cual se han apropiado desde el Estado –y
siguen manejando discrecional y oscuramente– y porque dominan los
medios gráficos y la Justicia de San Luis, pueden someter a quienes
luchan por la igualdad y la transparencia”.
|
