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Por Horacio Cecchi
 Un informe pericial entregado
el martes pasado a la Justicia de Melincué, y que daba vuelta como
un guante el caso de la muerte de Natalia Fraticelli al instalar la hipótesis
de su suicidio, ayer empezó a hacer agua. Su autor, el perito policial
Ulises Cardozo, sostuvo que la joven había ingerido una droga contraindicada
y que se ayudó con una bolsa de nylon que le produjo la muerte
por asfixia. El perito sostiene su hipótesis en la “ausencia
de huellas” que delaten un estrangulamiento, como lo informaron los
forenses que realizaron la autopsia. Ayer, el fiscal de Cámara
de Rosario, Guillermo Camporini, relativizó la importancia del
informe. “Yo no lo comparto. Es una opinión más que
trata de descalificar a los peritos forenses”, dijo. Una fuente estrechamente
vinculada al caso aseguró a Página/12 que el informe “es
muy endeble, está planteado en forma más subjetiva que técnica
y, de todas formas, el suicidio no explica el robo de los 2 mil pesos,
ni las contradicciones de los dos padres, ni la forma patética
en que culparon a la hija muerta para defenderse”.
En mayo pasado, cuando se realizó la autopsia sobre el cuerpo de
Natalia Fraticelli, el perito del Instituto Médico Legal de Rosario,
Luis Petinari, determinó que la joven había fallecido por
asfixia por estrangulamiento. Entre los especialistas se encontraba, como
observador, Ulises Cardozo, perito de la División Criminalística
de la Unidad Regional II de Rosario. Cardozo no fue designado por la Justicia
sino que representaba a la policía por haber participado en la
investigación en el lugar del hecho.
Durante la autopsia, el perito policial consideró su idea sobre
el suicidio, contraria a la de los peritos oficiales. El 15 de enero pasado,
cuando la Cámara de Apelaciones de Rosario rechazó la apelación
y confirmó el procesamiento de Fraticelli, solicitó una
ampliación de la opinión de Cardozo. El martes pasado, el
juez de instrucción en feria, de Melincué, Héctor
Vitelli, recibió el informe de Cardozo. Su autor descartaba la
idea del estrangulamiento en base a dos hipótesis que concluían
en el suicidio: en la primera, mencionó “la ingesta exagerada
de aminotriplina (Uxen Retard)”. Según el especialista, la
aminotriplina es un antidepresivo que multiplica las posibilidades de
un ataque epiléptico, enfermedad que padecía Natalia. La
segunda hipótesis, con la que se muestra más conforme Cardozo,
sostiene “el suicidio por ingesta voluntaria de la misma droga con
bolsa de plástico cefálica”. El perito destacó
la ausencia de marcas en el cuello típicas del estrangulamiento
y trató de emparentar el caso a las estadísticas de suicidios
de jóvenes en Europa.
“Yo no lo comparto –contraatacó ayer el fiscal de Cámara
de Rosario, Guillermo Camporini–. Esa es la opinión del doctor
Cardozo que pretende descalificar a los médicos forenses que intervinieron
en la autopsia. Se tendrá que contar con otros estudios para determinar
fehacientemente que se trató de un suicidio. Por el momento, no
hay ningún elemento nuevo que modifique la causa.”
Mucho más terminante, una fuente estrechamente relacionada al caso
reveló a Página/12 que “el informe (de Cardozo) es
endeble, más subjetivo que técnico”. Y detalló
algunas sombras: “Si se suicidó, por qué Fraticelli
habló de un robo de 2 mil pesos. Por qué al médico
Hugo Costa, primero le habló de un suicidio, después de
un asesinato y más tarde de un robo” de dos mil pesos jamás
probado. “Pero lo que saca de quicio a los jueces –aseguró
la misma fuente– es que ninguno de los dos padres hizo nada de lo
que haría cualquier padre ante la muerte de su hija. Fraticelli
tendría que haber renunciado a sus fueros voluntariamente. Y Dieser
todavía se niega a hablar. ¿Alguien conoce un padre que
prefiera proteger su autoestima y su imagen antes que investigar sobre
cómo murió su hija?”
EL
CASO DE LAS HERMANAS PARRICIDAS
Una satánica curada
Gabriela Vázquez, una
de las dos hermanas que mataron a su padre a cuchillazos en un rito satánico
en marzo del año pasado, “está curada”, afirmó
Néstor Marchant, director del hospital neuropsiquiátrico
Moyano, donde la chica está internada, y aseguró que si
la Justicia no accede a darle el alta, sufrirá “secuelas psicológicas,
ya que no debe convivir con verdaderas alienadas mentales”. Una junta
médica ya había permitido que Gabriela, de 27 años,
saliera esporádicamente del Moyano, no así su hermana Silvina,
de 21, que permanece detenida en una unidad carcelaria del mismo hospital.
Marchant observó que Gabriela “está triste y preocupada
porque la Justicia revocó el régimen de salidas dictaminado
en octubre pasado por los médicos de este neuropsiquiátrico
y por el juez civil Julio Martín Yrigoyen, que son los que verdaderamente
conocen el caso”, y se mostró ofuscado por la decisión
judicial, a la que calificó de “mediática”, y
agregó que “muchas personas con patologías realmente
graves necesitan ocupar el lugar que Gabriela ya no necesita”.
La chica permanece aún en el Moyano, en el pabellón de Terapia
a Corto Plazo, que es el sector destinado a las pacientes que están
en condiciones de ser dadas de alta. Silvina, la menor de las hermanas,
está detenida en la Unidad Carcelaria 27 del Moyano, “recluida
todavía por su peligrosidad hacia ella misma y hacia los demás”,
informaron fuentes carcelarias.
Las hermanas fueron detenidas el 27 de marzo de 2000 acusadas de matar
de más de 100 puñaladas a su padre, el ferretero Juan Carlos
Vázquez, de 50 años. El hombre murió desangrado a
raíz de las puñaladas aplicadas con un cuchillo de cocina
en el living de su casa de Manuela Pedraza 5873, en el barrio porteño
de Saavedra, donde quedó tirado desnudo. Por disposición
judicial, dos días después del asesinato, Gabriela y Silvina
fueron internadas en el hospital neuropsiquiátrico debido a que
se determinó que padecían un severo cuadro de enfermedad
mental y que “no pudieron comprender la criminalidad de los hechos
que se les imputa ni dirigir su accionar”.
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