Por Eduardo Videla

El agua, otra vez, puso en vilo a los porteños, en especial a los vecinos y comerciantes inundados hace una semana, en Belgrano y alrededores, y también a las autoridades porteñas: 26 milímetros de lluvia, en poco más de media hora, convirtieron otra vez la esquina de Cabildo y Blanco Encalada en el centro del conflicto. En pocos minutos, el agua dejó de escurrir y la zona se convirtió en una laguna de 60 centímetros de profundidad. El gobierno hizo un despliegue tan amplio como inusual, que incluyó la presencia en el lugar del secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala, quien se instaló durante toda la tarde en su “despacho móvil”, donde atendió uno por uno a los vecinos que llevaban quejas y reclamos. Allí mismo, un grupo de damnificados volvió a cortar el tránsito en reclamo de una indemnización por los daños sufridos. Menos ruido hubo por los anegamientos producidos, a la misma hora, en distintos puntos del Gran Buenos Aires, la avenida General Paz y otros barrios porteños con menos marketing.
Fatala logró sortear lo que parecía un clima de linchamiento y lo convirtió en un diálogo al que, hay que reconocer, no le faltaron gritos y reclamos airados. A su favor jugó la brevedad de la lluvia: pocos minutos después del cese del temporal, el agua se escurrió tan pronto como se había acumulado. No le fue mejor al diputado socialista Abel Latendorf, quien llegó con su megáfono después del chaparrón y tuvo que afrontar los reproches de los vecinos: “Queremos soluciones, no que vengan a hacer política”, le dijeron.
La lluvia empezó minutos antes de las 12. El chaparrón duró poco más de media hora, lo suficiente para que el agua brotara de las alcantarillas y los comerciantes, que entraron en pánico, comenzaran a instalar las defensas metálicas que, por rutina, colocan en el frente de sus negocios para evitar el ingreso del agua. Una cuadrilla de empresas de limpieza comenzó a recoger basura para despejar las alcantarillas.
Blanco Encalada y Ciudad de la Paz se convirtió en un lago y a una cuadra, en Cabildo, se conformó una suerte de foro multisectorial: a los vecinos y comerciantes que habían convocado a una protesta se sumó la presencia de la defensora del Pueblo, Alicia Oliveira, abocada a la tarea de asesorar a los vecinos en su reclamo de indemnización (ver recuadro).
También llegaron los diputados Jorge Argüello y Pimpi Colombo, de Nueva Dirigencia, quienes se sumaron a esa suerte de interpelación callejera a Fatala. Después de recorrer la Boca, el funcionario llegó hasta Belgrano en una combi, que oficia de despacho móvil. Lo acompañaban los secretarios de Desarrollo Económico, Eduardo Hecker, y de Promoción Social, Daniel Figueroa.
“¡Fatala, yo quiero que revisen quiénes son los que hacen las obras, porque acá hay algo raro! ¡Esto seguro que es culpa del subte!”, vociferaba desde el tumulto un vecino de la zona. “Eso no tiene nada que ver –respondió Fatala–, porque el túnel pasa por debajo del arroyo Vega.” Rodeado por más de cincuenta personas, en el medio de la calle, el funcionario explicó que el problema “tiene que ver con la falta de capacidad de retención en el sistema hidráulico; esta red se diseñó a principios del siglo XX y después de 1940 no se hicieron más obras, hasta 1998”. Acto seguido, reiteró que en unos días se reanudan las obras en el arroyo Vega, que aliviarán la situación.
“Lo felicito, usted ha demostrado su idoneidad en el tema hidráulico... Pero yo le hablo como comerciante: ¿qué solución tiene para nosotros, que tenemos que comer y pagar el alquiler?”, lo increpó el dueño de la librería de Blanco Encalada 2426. “Su problema lo cubre el fondo de emergencia, que va a servir para dar auxilio directo a los negocios que han perdido mercadería, como en su caso”, respondió Fatala. Como telón de fondo, una mujer gritaba “¡Ladrones, devuelvan la plata de los impuestos!”, mientras enarbolaba un cartel con la leyenda “No al crédito, queremos soluciones ya”. Desde los parlantes de una disquería cercana sefiltraba el último hit de Fito Páez: “Ey, ¿qué te pasa Buenos Aires?”.
“No me voy a ir hasta que no haya hablado con el último de los vecinos”, prometió Fatala, con la situación ya bajo su dominio. Y se instaló en la camioneta en que había llegado, equipada con unos silloncitos. Enseguida se formó una cola, mientras a un costado Osvaldo Oriolo, uno de los vecinos, no disimulaba su bronca: “Es una vergüenza. Fatala dilata las cosas y como todos los políticos promete, pero no explica de quién es la responsabilidad. ¡Es una burla que todavía estén evaluando las obras que hace dos años tendrían que haber hecho!”. Antonio, un vecino de Blanco Encalada y Zapiola, acaba de salir del despacho móvil: “Por lo menos están dando la cara; habrá que ver qué pasa con los subsidios, pero acá lo fundamental son las obras”, destacó.
Informe: Silvina Seijas

EL GOBIERNO PORTEÑO DISPUSO LA CLAUSURA DEL GERIATRICO FATAL
En busca de quién habilitó el subsuelo

Por E. V.

El geriátrico Los Girasoles, donde hace una semana fallecieron cinco ancianas como consecuencia de la inundación, fue clausurado ayer por el gobierno porteño tras constatarse, después de la tragedia, que la habitación bajo nivel donde se encontraban la víctimas funcionaba como un dormitorio, algo para lo cual no estaba habilitado. La clausura, se informó, se hará efectiva recién cuando se derive a los ancianos que aún viven en el instituto. El gran interrogante es por qué los inspectores de cuatro áreas distintas del gobierno porteño, que controlaron el lugar al menos en tres ocasiones entre mayo y agosto del año pasado, no detectaron esa anomalía. Por lo pronto, dos funcionarios de la Dirección de Habilitación y Verificaciones fueron separados de su cargo, en el marco del sumario administrativo que instruye el procurador Juan Carlos López. Por lo menos otros cuatro inspectores están en la mira de los investigadores.
Las irregularidades fueron constatadas al día siguiente de la tragedia. Con autorización del juez Juan Cicciaro, que interviene en la causa, los funcionarios sumariantes comprobaron que la habitación, ubicada un metro bajo el nivel de la vereda “se estaba utilizando como lugar de dormitorio, pues allí había camas”, explicó López a Página/12.
Por esa razón, se dispuso la clausura preventiva de todo el geriátrico, y se pidió a la Justicia de Faltas su clausura definitiva”, agregó López. En el permiso de habilitación del geriátrico no se autorizaba la utilización de esa habitación para el alojamiento de personas.
Esa sala fue una trampa mortal para las ancianas que la habitaban. De acuerdo con la información que reunió hasta ahora el ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino, cuando se produjo el temporal había en el lugar siete abuelas. “Las dos empleadas que estaban en ese momento lograron rescatar a cuatro. Las otras tres murieron ahogadas y de las recatadas, una falleció por un paro cardíaco y la otra, a los dos días, por una hipotermia. “Una de las abuelas quedó aferrada a una silla, presa de un ataque de pánico”, precisó Semino. En la calle Superí al 2200, donde está el geriátrico, el agua llegó a 1,20 metros, por lo que la habitación quedó a 2,20 metros de profundidad.
López confirmó que los dos funcionarios separados son los que habrían firmado el certificado que exhiben los dueños del geriátrico, según el cual el centro tiene capacidad para 50 internos. “Según la habilitación, de 1992, el lugar solo admite 31”, precisó el procurador.
De acuerdo con la defensora del Pueblo, Alicia Oliveira, en el último plano registrado en la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro, en 1990, “se indica que esa habitación en desnivel es una obra antirreglamentaria”. “Pese a eso, la Dirección de Habilitaciones autorizó el geriátrico, en el ‘92”, agregó. Llamativamente, ninguna de las inspecciones realizadas en el último año reparó en ese fatídico subsuelo.

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