Un ultimátum no vence en Colombia. Simplemente se acorta su plazo. El 1º de enero el presidente Andrés Pastrana había decidido prorrogar la cesión de los 42.000 km2 de la “zona desmilitarizada” a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pese a que los guerrilleros ignoraron su ultimátum de que antes debían descongelar las negociaciones. Su condición era que el plazo era de sólo un mes en lugar de los habituales seis. Pero la guerrilla no cooperó. Y ayer, al vencer el plazo, Pastrana se vio forzado a prolongar otra vez la cesión, esta vez por cuatro días, el tiempo suficiente, subrayó el presidente, para que el líder guerrillero Manuel Marulanda Vélez (“Tirofijo”) celebre una cumbre con él para acordar cómo retomar las negociaciones. El aludido no respondió a la oferta, y oficialmente su organización sigue exigiendo que el gobierno mejore la lucha contra los paramilitares antes de retomar las negociaciones.
La reacción de la comunidad política en Colombia parecería indicar que Pastrana no tenía el margen político para mostrarse más duro con las FARC. “Es una decisión inteligente, pues una conversación al más alto nivel podría conducir a relanzar el proceso”, subrayó Horacio Serpa, jefe del opositor Partido Liberal. Su correligionario y titular del Congreso, Mario Uribe, confió en que el gesto del presidente sería recompensado cuando los guerrilleros “den una respuesta positiva a la solicitud del presidente de reunirse con Marulanda”. También el episcopado y los grupos empresarios aprobaron la decisión. Y en los últimos días la Unión Europea (UE), la ONU e incluso Estados Unidos (si bien de manera tácita) se manifestaron a favor de extender la concesión de la zona desmilitarizada. Con esta presión, era improbable que hoy empezara la guerra total en Colombia.
Sin embargo, Pastrana no podía ser infinitamente generoso. Según las encuestas, el 60 por ciento de la opinión pública está en contra de prorrogar indefinidamente la “zona de distensión”. Fue por eso que Pastrana subrayó, en el mismo mensaje televisado donde anunció la prórroga, que ésta era sólo hasta el domingo: “Le propongo a Marulanda que nos reunamos antes del domingo y decidamos de una vez por todas si vamos a continuar el proceso de paz que usted y yo iniciamos”. Además de reiniciar el diálogo sobre la agenda de paz de 101 puntos, Pastrana buscará acordar un mecanismo para que la guerrilla no congele otra vez las negociaciones y que la Unión Europea participe más estrechamente en el proceso de paz. Al mismo tiempo, el presidente rechazó la crítica de la guerrilla hacia su política contra los paramilitares: “Mi gobierno ha sido el que más ha luchado contra las autodefensas”.
El tono enfático de la argumentación presidencial no podía ocultar que su éxito dependía exclusivamente de la actitud de las FARC. Tras el discurso de Pastrana, fuentes del gobierno alentaron la versión de que su respuesta se esperaba “de un momento a otro”. Pero al caer la noche todavía no se oía nada desde el mando de las FARC. La única base para el optimismo oficial es que Tirofijo había sido quien sugirió, vagamente, la idea de una cumbre con Pastrana.
Pero el líder guerrillero sabe que nadie en Bogotá favorece realmente retomar la zona desmilitarizada. Sus fuerzas la han ocupado por más de dos años, y fotos satelitales revelan que no perdieron el tiempo: ya se vieron docenas de bunkers y kilómetros de trincheras para resistir una ofensiva a gran escala del ejército y neutralizar su dominio del aire. Según las comunicaciones interceptadas al mando guerrillero, las FARC planean una defensa prolongada para hacer sangrar lo más posible a las fuerzas de asalto. Y estas últimas no son muy formidables. Su único componente serio –de un ejército que no ha montado una ofensiva contra la guerrilla en cuatro años– serían los 6000 hombres de la Fuerza de Reacción Rápida, que ya están desplegados cerca del límite de la zona. No parecen ser suficientes para tomar el mayor bastión de la guerrilla, y ciertamente no lo podrán hacer en las “24 horas” que bravuconeó su comandante. De hecho, lo más probable es que una batalla a gran escala obligue a Bogotá a enviar a los 3000 hombres de la brigada “antidrogas” entrenada por Estados Unidos, lo que complicaría las relaciones con Washington y los países vecinos. Confrontado con un posible baño de sangre y una crisis internacional, el gobierno bien puede seguir tolerando la intransigencia de las FARC como el mal menor. Esa, al menos, parecería ser la apuesta de la guerrilla.

LOS HACENDADOS CONTRATAN “GRUPOS DE AUTODEFENSA”
Desafío paramilitar venezolano

Por Ludmila Vinogradoff *
Desde Caracas

Los propietarios venezolanos de pequeñas y grandes fincas han empezado a contratar a grupos armados de autodefensa para protegerse tanto de los invasores de los “sin tierra” como de la guerrilla colombiana, ante la inseguridad e indefensión existente en la frontera, que amenaza extenderse a toda Venezuela. Ya no se sabe quién es quién entre los invasores de tierra y construcciones: si es una joven madre que sostiene un bebé en sus brazos como un escudo para que la policía no la desaloje a palos de una vivienda que no le corresponde, construida por el gobierno, o una humilde analfabeta que monta un “rancho” o chabola en un terreno privado.
El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, José Luis Betancourt, acusa al gobierno de auspiciar las invasiones a través de la guerrilla colombiana, que supuestamente estaría organizando en Venezuela un movimiento de los “sin tierra” al estilo del brasileño. Betancourt denuncia que el venezolano Julio Omar Mora, presidente del Instituto Agrario Nacional –IAN–, se ha reunido con un comandante de la guerrilla colombiana conocido como Magolla en la turística Tucacas, del estado de Falcón, con el presunto objetivo de organizar la ocupación de las fincas tanto del Estado como privadas. “Esto ha creado angustia y zozobra en las áreas rurales y en zonas fronterizas”, asegura.
El presidente de la Asociación de Ganaderos de Táchira –Asogata–, Genaro Méndez, señala que la guerrilla se está ocupando de desalojar a los invasores pero también invade las fincas, roba el ganado y no deja que los obreros trabajen cuando los productores se niegan a pagar las “vacunas” o extorsión. “La guerrilla está ofreciendo sus servicios para sacar de las propiedades a las familias que invaden a cambio de dinero, unos 600 mil bolívares (857 dólares) –afirma Méndez–. Y esto ha ocurrido en tres oportunidades” en la zona fronteriza de 2219 kilómetros donde viven más de cinco millones de venezolanos.
Con sus títulos de propiedad en mano, Mario Vargas, dueño de una pequeña finca de 10 hectáreas al sur del lago de Maracaibo, estado de Zulia, noroeste de Venezuela, muestra cómo ha sido invadido por los “sin tierra”. “Mis cultivos de piña y hortalizas se han perdido porque los invasores montaron sus ‘ranchos’. No he tenido respuesta por parte de las autoridades, así que he tenido que contratar a paramilitares para desalojarlos.”
Las denuncias de los afectados se ha extendido al norte del país, en el Zulia, donde los “sin tierra” no respetan las urbanizaciones que les está construyendo el mismo gobierno. Algunos de los damnificados de la tragedia de Vargas fueron trasladados a la ciudad de Maracaibo, donde protagonizan frecuentes choques con la policía en la pelea por invadir viviendas que no les pertenecen. Las mujeres invasoras usan a los niños como escudo para enfrentarse a la policía.
El gobierno ha prohibido la intervención militar en las invasiones de los “sin tierra” y ha aumentado la presencia de soldados en la frontera, pero parece que es insuficiente. El ministro de Defensa, Eliecer Hurtado, dijo a este diario que el número de militares en la frontera ha aumentado a 10.000 uniformados. Pero la población fronteriza se siente más desprotegida.

* De El País de Madrid, especial para Página/12.

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