Por José Natanson

Igual que hace cinco meses, el escándalo del Senado se convirtió otra vez en el eje de la discusión política. El jueves, cuando se conoció el recurso de apelación, el Gobierno cuestionó duramente a los fiscales. Ayer, el Frepaso salió a defenderlos y a atacar a los funcionarios que los habían criticado. “Me hubiera gustado que hubieran dicho lo mismo cuando (Carlos) Liporaci dictó la falta de mérito”, señaló a Página/12 Pedro Del Piero, a quien después se sumaron Aníbal Ibarra y Liliana Chiernajowsky. Más allá de las declaraciones, el contrapunto demuestra que la crisis por los sobornos sigue dividiendo aguas en la Alianza. Y que se reavivó justo en el momento en que los socios habían decidido tragar saliva y hacer esfuerzos para garantizar la unidad de la coalición.
El tema volvió a instalarse anteayer. En un durísimo recurso, los fiscales apelaron el fallo de Liporaci, acusaron al Ejecutivo de constituir una “prolija empresa” con los senadores para motorizar los sobornos y de no hacer nada para promover la investigación.
El mismo día, en medio de una conferencia de prensa en la Casa Rosada, De la Rúa sacó a relucir una voluminosa carpeta en la que –según dijo– figuraban todas las actuaciones que había hecho la Oficina Anticorrupción para facilitar el avance de la causa. A continuación, el Presidente y el ministro del Interior, Federico Storani, cuestionaron al fiscal Eduardo Freiler, a quien acusaron de “politizar el caso” y de actuar de manera “poco seria”.
Ayer ratificaron el argumento: no criticaron la decisión de apelar el fallo sino unas declaraciones radiales en las que –según el Gobierno– Freiler dijo que la opinión pública ya había emitido un juicio. “Un fiscal debe ser prudente y él ha probado que no lo es. Las expresiones públicas de Freiler me parecen inapropiadas y de muy mal criterio”, subrayó Storani. “Yo no soy abogado, pero me parece que alguna de las consideraciones son un poco extremistas”, redondeó Chrystian Colombo.
Más allá de la veloz respuesta de Freiler (ver reportaje en la página 5), lo cierto es que la apelación –y la reacción del Gobierno– reactivaron el fuego cruzado dentro de la Alianza. Aunque Carlos “Chacho” Alvarez optó por el silencio, su mujer, la funcionaria porteña Liliana Chiernajowsky, cuestionó las declaraciones de Storani contra el fiscal. Por su parte, el jefe de Gobierno porteño (y ex fiscal) Aníbal Ibarra, explicó que “la función que le corresponde a un fiscal es promover la investigación, apelar y seguir buscando pruebas”.
El más contundente fue el senador frepasista Pedro Del Piero, quien acompañó a Alvarez durante su cruzada anticoimas. Luego de una reunión que mantuvo con Chacho en la Casa del Frente para terminar de pulir el plan para reformular el Senado adelantado por Página/12, Del Piero explicó que el escrito de los fiscales “deja en claro que hay recursos de prueba pendiente y líneas de investigación abiertas”. En diálogo con este diario, Del Piero defendió a los fiscales. “Han trabajado desde el primer día con aplicación y no son poco serios”, señaló el senador. Y, consultado por la reacción del Gobierno, remató: “Me hubiera gustado que hubieran dicho lo mismo cuando se conoció el fallo de Liporaci. Pero esa vez optaron por el silencio”.
Ante semejante reacción, el Gobierno buscó anoche aclarar su postura. A través de un comunicado de Presidencia, remarcó que “no cuestiona en modo alguno” el derecho de los fiscales para apelar. Pero, continuando con la posición anterior, distribuyó el acta labrada cuando se exhibió la documentación secreta de la SIDE ante el juzgado, que demostraría la voluntad colaboradora del Gobierno.
En sintonía con la línea oficial, el Comité Nacional de la UCR presidido por Raúl Alfonsín emitió anoche un documento luego de una reunión de su mesa directiva: criticó la “precariedad argumental” del recurso presentado por los fiscales, a quienes acusaron de gui-arse por “confusas conjeturas políticas” (ver asimismo nota aparte). Tantas declaraciones sirven para poner en blanco sobre negro la postura de cada uno de los socios de la Alianza.
El Frepaso insiste con la necesidad de llevar a fondo la investigación y de refundar el Senado. En este sentido, Alvarez reclama que entre los candidatos de la UCR no figuren los legisladores comprometidos por el escándalo de las coimas. “Es un tema en el que no podemos ceder”, explican en el Frepaso. “Para Chacho, dar marcha atrás equivaldría a decir que su renuncia no tuvo sentido”, sostienen cerca del ex vice.
Como antes del portazo de Chacho, ahora también el Gobierno y la UCR cerraron filas en torno al tema: aunque siempre se cuidan de ratificar que están dispuestos a llevar la investigación hasta las últimas instancias, su primera reacción no fue aplaudir el recurso de apelación sino criticarlo. En cuanto a las candidaturas, no quieren saber nada con la idea de excluir a sus correligionarios más cuestionados, una postura que ratificaron ayer en el encuentro del Comité Nacional.
Lo cierto es que el conflicto se instaló de golpe, en un momento de relativa calma interna. Apenas un día antes, el grupo de trabajo de la Alianza se había reunido por primera vez para limar diferencias y negociar una agenda de diálogo en común. Y de repente, cuando nadie se lo esperaba, el affaire volvió a convertirse en el eje de un enfrentamiento interno. Como hace cinco meses, ninguno de los dos bandos parece dispuesto a ceder en su postura: la escalada ha comenzado y el tema se convirtió –otra vez– en una disputa con final impredecible.

ALFONSIN, DE PUNTA FRENTE A LOS PLANTEOS DE CHACHO ALVAREZ
“Los afiliados y la gente decidirán”

Por Eduardo Tagliaferro

“En su momento los afiliados y la gente lo decidirán”, respondió Raúl Alfonsín, en la conferencia de prensa realizada en el Comité Nacional de la UCR, cuando Página/12 le preguntó si serán precandidatos a renovar sus bancas aquellos senadores a los que los fiscales, Eduardo Freiller y Federico Delgado, les reclamaron prestar declaración indagatoria. La apelación de los fiscales cambió los planes de la mesa nacional del radicalismo que originalmente contemplaba analizar las perspectivas de su fuerza y de la Alianza para las próximas elecciones. El radicalismo calificó que la apelación judicial contiene una “precariedad argumental y confusas conjeturas políticas”.
La reunión, que estaba condenada a ser una más de las típicas y rutinarias que ocurren durante el verano, estuvo signada por la reciente apelación de los fiscales federales a la falta de mérito decretada por el juez Carlos Liporaci, en la causa por los probables sobornos en el Senado. Luego de “comprometerse con la verdad, la justicia, la Constitución y la ley” y de criticar la medida de los fiscales, el comunicado de las autoridades del radicalismo reivindica la actitud del gobierno nacional por levantar el secreto sobre las cuentas bancarias de la SIDE.
El gobernador mendocino, Roberto Iglesias, el primero en retirarse, había adelantado lo que después sería una definición oficial. “En Mendoza no hay excluidos”, dijo en obvia referencia a la precandidatura del senador José Genoud. Lo que sonó a un respaldo se vio relativizado cuando sostuvo a renglón seguido, “yo no respaldo la candidatura de nadie”.
No fue el debate el que dominó el encuentro radical. Por el contrario éste discurrió por una larga serie de informes en los que los distintos delegados provinciales comentaban aspectos más formales que políticos de las futuras internas. Aunque originalmente lo único que estaba contemplado era un comunicado oficial, finalmente Alfonsín encabezó la rueda de prensa. Lo hizo flanqueado por el gobernador chaqueño, Angel Rozas, por el titular del bloque de diputados, Horacio Pernasetti, por Raúl Alconada Sempé, por Enrique Nosiglia y Alejandro Arméndariz.
“Pregúnteme en marzo”, respondió Alfonsín cuando uno de los cronistas le preguntó si finalmente aceptará ser candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. “Seguramente”, contestó lacónico cuando se le repreguntó si para esa fecha tendría una definición. Aunque su postulación es respaldada tanto por sus aliados frepasistas como por la mayoría de los hombres del radicalismo en la provincia, su definición no depende tanto de la interna de la coalición gobernante como de los índices de aceptación que muestre su figura entre los electores.
Las autoridades del radicalismo convocaron a los suyos a formalizar la Alianza en las provincias en las que no existe, entre ellas Córdoba, para ganar la batalla cultural contra una “implícita alianza de derecha”. Aunque Alfonsín no profundizó quiénes la integrarían, se va de suyo que ubica en ella al peronismo y a los seguidores del ex ministro Domingo Cavallo.
“Pienso que tal cosa no va a existir”, opinó Alfonsín, para referirse a la posible candidatura como extrapartidaria en la Ciudad de Buenos Aires de Elisa Carrió, actual diputada por Chaco. El informe correspondiente al radicalismo porteño fue presentado por Nosiglia y se limitó a describir las fechas del cronograma en el distrito.
Momentos antes del encuentro con la prensa, Alfonsín había informado a los miembros de la mesa nacional de su agrupación y a los delegados al comité nacional, sobre el encuentro que el pasado miércoles reunió en Olivos a la máxima conducción de la Alianza. Luego de esto Rozas reclamó la presencia de dirigentes provinciales en esa mesa de conducción. Entonces Alfonsín se vio obligado a recordar que “la mesa de la Alianza sigue siendo una aspiración. Lo que existe es una mesa de trabajo”. Además de pronunciarse por el caso del Senado y la realidad de la Alianza, el radicalismo presentó un largo informe sobre la gestión del Gobierno. En él se enumeran sin avanzar en consideraciones políticas los distintos hechos gubernamentales, modernización del Estado, Reforma Política, Intervención en Corrientes, Plan Nacional de Infraestructura y planes de fomento de las pymes.

EL ABRAZO A LOS TRIBUNALES
“Llegó el momento de decir basta”

”El escándalo del Senado tiene que ser para la sociedad argentina lo que fue el asesinato de María Soledad Morales para Catamarca: el momento de decir basta.” Escoltado por el Coro Kennedy y por una extensa bandera argentina usada para abrazar el edificio de Tribunales, el titular de Poder Ciudadano, Luis Moreno Ocampo, habló al cierre del acto que se hizo ayer en Plaza Lavalle, en reclamo de que continúe la investigación por los presuntos sobornos pagados en la Cámara alta para aprobar la reforma laboral.
A las 12 en punto, horario previsto por los organizadores para comenzar la protesta, la lluvia porteña se descargó con furia sobre todos los manifestantes. Sin embargo, unas cien personas se dirigieron hasta la puerta de Tribunales y rodearon el edificio, mientras desplegaban una enorme bandera argentina y cantaban el Himno Nacional. El abrazo a la sede judicial mezclaba causas: además de Poder Ciudadano, una bandera pedía justicia por Celia Carman y Vanina González, muertas en un accidente de tránsito provocado por Sebastián Cabello en 1999, mientras que otra pancarta reclamaba contra el “gatillo fácil” policial.
Cuando paró la lluvia, los manifestantes, que ya superaban los trescientos, cruzaron Lavalle y se dispusieron a escuchar el acto, que fue inaugurado por las palabras de quien hizo de “maestra de ceremonias”, la periodista Mónica Gutiérrez. “Estamos acá para pedir que se investigue a fondo la causa del Senado, y para que se haga cumplir la ley”, aseguró, al presentar la protesta. Luego, una voluntaria de Poder Ciudadano leyó la carta que envió el escritor Ernesto Sabato, que a último momento no pudo asistir a Plaza Lavalle. “Lamento la falta de responsabilidad social de quienes fueron llamados a integrar la función pública”, dijo el escritor en la carta. En otro tramo, se mostró apesadumbrado por los “años de gran desesperanza que está viviendo el pueblo argentino”.
Después le tocó el turno a Moreno Ocampo; tras hacer el paralelo entre lo que representó la muerte de María Soledad Morales para el pueblo catamarqueño y lo que debería suceder de ahora en adelante luego del escándalo en el Senado, señaló: “Nuestra propuesta es investigar la corrupción en el Senado, pero no se agota en ello; también hace falta que el Consejo de la Magistratura actúe con eficiencia”. El ex fiscal agregó que “hace falta además que sean resueltos otros casos, como el escándalo del juez (Norberto) Oyarbide, que lleva varios años sin resolverse”.
“Esta medida de protesta no es ni a favor ni en contra de ningún partido”, resaltó, para luego añadir que “el enojo de la gente con los dirigentes políticos, con sus sueldos, con los gastos de las legislaturas, con el manejo que hacen de los fondos públicos, no es un ataque al sistema de partidos”. Moreno Ocampo remató el tema de esta manera: “Los que atacan a los partidos son los dirigentes que usan los cargos para su beneficio personal”.
Entre un público mayoritariamente formado por personas maduras había dos figuras políticas con carga simbólica: el senador frepasista Pedro Del Piero, uno de los pocos legisladores que batalló para esclarecer el affaire de las supuestas coimas, y Liliana Chiernajowsky, funcionaria porteña y esposa de Carlos “Chacho” Alvarez. También estuvieron la ex ministra de Educación Susana Decibe, el dirigente de jubilados Carlos Imizcoz, los legisladores porteños Ariel Schifrin, Vilma Ibarra, Julio Vitobello y Alberto Fernández, y la ex diputada radical María José Lubertino.
Ante un cielo que volvía a aparecer amenazante, Moreno Ocampo cerró el acto con una propuesta: “Poder Ciudadano invita a poner la bronca en acción colectiva”. Las primeras gotas de la nueva tormenta obligaron a la gente a desconcentrarse rápidamente de la plaza.
Josefina Marino, una de las manifestantes, mientras soportaba el nuevo chaparrón le aseguró a Página/12: “Yo, la verdad, suprimiría el Senado”. Por su parte, a pocos metros de ella, un hombre cuarentón que sólo se identificó como “Juan Carlos”, se sinceraba: “Le tengo muy poca confianza al Poder Judicial. Lo que nos queda a los ciudadanos es seguir ejerciendo presión para que todo se esclarezca”.

Informe: Alejandro Cánepa

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