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Por Adriana Meyer
 “Necesitamos muestras
de compromiso que todavía no tenemos”, respondió el
fiscal federal Eduardo Freiler cuando Página/12 le preguntó
si cree que el Gobierno tiene voluntad de esclarecer el escándalo
de los sobornos en el Senado. Nació hace 38 años en Necochea,
donde suele pasar sus vacaciones. Estudió en la Universidad Católica
de La Plata y sin haber hecho la carrera judicial fue nombrado por el
gobierno de Carlos Menem en 1993. Es el fiscal de la causa que investiga
la práctica sistemática de sustracción de menores
durante la dictadura. Pidió que se investigara al ex presidente
por la pista de Anillaco pero se negó a avanzar contra el titular
del Banco Central, Pedro Pou. Dice que no está acostumbrado ni
tiene ganas de mantener una pelea con el Gobierno, pero respondió
las duras acusaciones recibidas desde variados frentes del Poder Ejecutivo.
–El jefe del bloque justicialista del Senado, José Luis Gioja,
aseguró que Federico Delgado y usted “tienen una mancha y
por presiones hicieron el dictamen para salvarse de lo pasado” por
el sobreseimiento de la viuda del narcotraficante Pablo Escobar.
–Nuestra posición fue ratificada por otro fiscal, Carlos Stornelli,
que no sólo cuestionó lo decidido por el juez (Gabriel)
Cavallo, sino también a la Cámara. Las posiciones de los
fiscales no hacen cosa juzgada.
–¿Actuaron por presión en el caso de los sobornos en
el Senado?
–¿Por eso que dicen que somos chachistas o por la presión
pública?
–Por eso o por presiones políticas...
–No, de ningún tipo. La presión pública tampoco
la hemos sentido. Por ahí se basan en que dije que la gente ya
había dictaminado, o algo así. Esto lo decía en el
sentido de que, más allá de lo que opina la gente, nosotros
nos basamos en lo que tenemos en la causa.
–Chrystian Colombo aseguró que algunas de sus consideraciones
son un poco extremistas...
–En lugar de decirme guerrillero me dice extremista. Es una consideración
de él. No quiero seguir abriendo el juego. Puede ser..., ésta
es una causa extrema para las instituciones.
–Federico Storani lo calificó de imprudente por decir que
ante el veredicto popular usted tenía la obligación de actuar.
–No, yo nunca dije eso. Puedo haber dicho que los fiscales tienen
que representar los intereses generales de la sociedad, tratar de ahondar
en la investigación y llegar a la verdad. De ninguna manera yo
digo que actúo por la opinión pública.
–¿Por qué cree que el Gobierno reaccionó ante
su dictamen?
–Creo que no pueden sentirse molestos por el libre juego de las instituciones
de la democracia. Me sorprende esta reacción tan desmedida porque
nuestro dictamen sólo permite que otras instancias opinen.
–Quizá la irritación tiene que ver con el cuestionamiento
a la falta de compromiso de algunos sectores del Estado que mencionan
en el dictamen. Ustedes lo contraponen a “declaraciones mediáticas
rimbombantes”.
–Eso lo escribimos por lo que dijo el ex ministro Ricardo Gil Lavedra,
en sus últimas horas en el cargo, cuando visitó al juez
y salió diciendo que estaba todo aclarado. Aunque Storani dice
que contestaron lo de Migraciones, a cinco meses de iniciada la investigación
no sabemos nada sobre los viajes de los senadores porque lo de Migraciones
no está, como tampoco está el informe de la Policía
sobre sus patrimonios. Y tampoco está lo del Banco Central. Es
un dato objetivo, no valorativo.
–¿El Gobierno tiene voluntad política de esclarecer
el caso?
–(Silencio.) Creo que para poder pensar eso necesitaríamos
una muestra de compromiso con el tema que todavía no vemos.
–También lo acusaron de politizar la causa.
–Es imposible desconocer que hubo una crisis política. No
comparto lo que dijo el Presidente sobre que no había crisis ante
la renuncia del vicepresidente. Esto nace del seno de una institución
política y viene al fuero federal, que es político. Acá
se ha judicializado un hecho político.
–¿Un asunto político puede tener una solución
judicial?
–La tendrá, pero desconozco si el resultado servirá
para la solución política. De todos modos, lo político
no es el mal de todos los males.
–¿Cuán sólidos son los elementos que los llevan
a pedir los procesamientos de los senadores?
–Hay tres grados de certeza en el proceso penal. La primera es una
mera sospecha que habilita para investigar si sucedió el hecho.
En segundo lugar se necesita fundar más esa sospecha, que es esto
que tenemos acá para pedir los procesamientos de los siete senadores.
El grado de conocimiento total de la verdad se necesita sólo para
la sentencia.
–¿Falta profundizar quién pagó?
–Sí, totalmente.
–Pero ustedes no dudan de que el pago salió del Estado.
–Lo dijimos en el dictamen. Sospechamos que salió de la SIDE.
De todas maneras, esto habrá que investigarlo..., si se puede.
–¿Por qué si se puede?
–Porque es complejo y no están claros los límites de
las razones de Estado que llevan a poder imponer secretos. Si el Poder
Judicial no puede tomar conocimiento de cómo se maneja el dinero
en organismos como la SIDE, se deja abierta una posibilidad demasiado
arbitraria. Eso conspira contra el Estado de derecho. No sé si
en esta causa se podrá resolver, pero al menos sería esperable
que empiece el debate al respecto.
EL
JUEZ CARLOS LIPORACI ORDENO VARIOS CAREOS
Cafiero rumbo a Comodoro Py
Por A.M.
Con el inicio de la actividad
judicial, la causa de los sobornos en el Senado empezó a reactivarse.
Tras ratificar que no renuncia, como adelantó Página/12,
el juez federal Carlos Liporaci ordenó una serie de careos entre
el senador justicialista Antonio Cafiero y tres de sus colegas que dieron
versiones diferentes del caso cuando declararon como testigos. La semana
próxima se expediría el fiscal de Cámara sobre la
apelación –que levantó tanta polvareda– de las
faltas de mérito dictadas por el juez Carlos Liporaci a los senadores
imputados.
Desde el jueves circulaba en los Tribunales Federales la versión
de que el fiscal de Cámara Germán Moldes pensaba pedir la
nulidad de toda la investigación realizada hasta ahora por Liporaci.
Sin embargo, este diario pudo saber que Moldes impulsará la apelación
que elaboraron sus colegas y además reforzará sus argumentos.
Recién después de su pronunciamiento intervendrá
la sala I de la Cámara Federal. El destino de los legisladores
imputados no sería resuelto por los camaristas Luisa Riva Aramayo
y Horacio Vigliani antes de Semana Santa.
Por su parte, Liporaci decidió carear al senador Antonio Cafiero
con sus colegas. El 12 de febrero lo hará con el frepasista Pedro
del Piero, el 13 con el radical Horacio Usandizaga y el 14 con la neuquina
Silvia Sapag. Cafiero les habría dicho a los tres que él
sabía de cinco senadores que habían recibido sobornos a
cambio de su voto favorable a la Reforma Laboral. Pero cuando estuvo ante
el juez, el veterano legislador peronista sólo mencionó
a tres.
El magistrado definirá la semana próxima la fecha de las
indagatorias del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y del ex jefe
de la Secretaría de Inteligencia del Estado Fernando de Santibañes.
También analizará si convoca como testigos al ex presidente
Carlos Menem y al gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, medida solicitada
por los fiscales. Mientras tramita la apelación, la causa no se
detendrá. Los fiscales seguirán investigando en la misma
línea que trazaron en el escrito que los enfrentó con el
Poder Ejecutivo.
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