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Por Cledis Candelaresi
 La Sindicatura General de la
Nación calculó que el Estado tiene obligaciones a favor
de Aeropuertos Argentina 2000 por 18,64 millones de pesos, monto muy inferior
al que reclama la empresa e igualmente modesto en relación con
el canon impago acumulado. Ahora las cartas están en manos de José
Luis Machinea, quien deberá admitir formalmente aquel cálculo,
resolver si le permite al grupo que preside Eduardo Eurnekian descontarlo
de su obligaciones pendientes y hasta determinar si por éstas dispone
la rescición o da al consorcio otra oportunidad para ponerse al
día.
En rigor, en estas horas sólo se está dirimiendo un capítulo
de la batalla entre Eurnekian y el Estado que promete ser tan ardua como
prolongada. La Sindicatura reconoció, básicamente, presuntas
obligaciones estatales por la demorada entrega de locales comerciales,
estacionamientos y otros espacios en Ezeiza y Aeroparque, bien sean éstos
ocupados por particulares o por la Fuerza Aérea. Pero según
fuentes oficiales habría desechado algunos otros reclamos que,
a juicio de un funcionario con competencia directa en el tema, resultan
“rayanos en el realismo mágico”. Entre ellos, la pretensión
de Eurnekian de ser resarcido por la anulación de la política
de cielos abiertos y por el supuesto perjuicio que le habría ocasionado
una resolución de Senasa que regula parte del servicio de comidas.
El organismo que preside Rafael Bielsa se limitó a considerar sólo
un puñado de las múltiples exigencias planteadas por el
adjudicatario de los aeropuertos, aquellas que están directamente
ligadas al contrato. Pero no cerró definitivamente las puertas
para que el grupo insista con los conceptos refutados, según la
Sindicatura “por falta de elementos” para juzgarlos. Finalmente,
con la explícita intención de no pagar canon, Eurnekian
embistió en diciembre con un recurso administrativo previo redactado
por el ex ministro menemista, Roberto Dromi, que añade una treintena
de reclamos más, y formalmente aún no fueron considerados
por ningún funcionario.
En su extensa presentación, Dromi no cuantificó el resarcimiento
que pretende el adjudicatario de los aeropuertos sino que se limitó
a estimar qué proporción del canon por 171 millones anuales
correspondería descontar para que el empresario sea compensado
por supuestos perjuicios patrimoniales. Como muchos de los supuestos perjuicios
están fundados en situaciones aún vigentes –por ejemplo,
la no instrumentación del plan de radarización– y otras
que no son competencia del Gobierno argentino -como las fluctuaciones
en las tasas de interés internacionales–, este trabajo parece
apuntar más a lograr una reducción definitiva del canon
que a consolidar deudas cruzadas entre el concesionario y el Estado a
una fecha cierta.
En caso de admitir como válidos aquellos cálculos de la
Sigen, Economía deberá resolver si le permite a Eurnekian
descontar aquel monto de los 109 millones de pesos que adeuda por canon
o si le paga los 18,64 millones de pesos con bonos, tal como exige la
última ley de Emergencia Económica. Esta norma prevé
saldar con títulos todas las deudas públicas contraídas
antes de enero del 2000 a favor de las empresas privatizadas, salvo aquellas
cuyos marcos legales hayan sido sancionados por el Congreso, en las que
no quedaría encuadrada Aeropuertos. A fines del año pasado,
el Parlamento eliminó un artículo del proyecto de Presupuesto
que autorizaba a la Jefatura a realizar modificaciones presupuestarias
para saldar.
También es competencia formal de Economía resolver la eventual
rescición del contrato por el no pago del canon, decisión
política que por ahora el Palacio de Hacienda no considera. Para
cubrir sus espaldas, Eurnekian intenta demostrar voluntad de pago cancelando
parcialmente las cuotas. Por ejemplo, cuando en enero último AA2000
depositó algo más de 35 millones sobre los 85 que correspondía
a su contribución semestral.
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