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El Extrader no se
rinde
La turbia caída del Extrader no parece haber agotado su
capacidad de generar escándalo. Cerrado por el BCRA el 27
de enero de 1995, el banco de Marcos Gastaldi, Carlos María
Sosa y Jorge Terrado, tan cercano al menemismo, fue la primera ficha
volteada en aquel dominó del “efecto tequila” (devaluación
mexicana) que terminaría jaqueando al sistema bancario argentino.
Tenía entre sus depositantes personajes tan famosos como
Bernardo Neustadt (quien había hecho valer su influencia
en 1992 para que el Central le concediera patente de banco a esa
extrabursátil), Franco Macri o Marcelo Tinelli. Pero ahora
no se trata de los acreedores: el nuevo escándalo involucra
a varios deudores importantes de la entidad hundida y a los expertos
que, en principio, fueron designados para recuperar la plata adeudada
y con ella resarcir a los inversores. Esos profesionales habrían
hallado mayor atractivo en generar un negocio autónomo, basado
en la flexibilidad para encarar las deudas, según denuncia
judicial.
El juez comercial Rómulo Di Iorio, que interviene en la causa
por la quiebra del Extrader, empezó a descubrir algunos sospechosos
acuerdos, celebrados entre los síndicos de esa bancarrota
y ciertos deudores del banco fundido, hasta que resolvió
denunciarlos ante el juez Vicente Cisneros, a cargo de la causa
penal, presumiendo un caso de administración fraudulenta.
Los cuestionados convenios habían sido homologados por el
juez anterior del caso, Héctor Foigel López, dentro
de una figura peculiar denominada “incidente de actuación
autónoma”, que les otorga vida propia, tomando sólo
parte los interesados en la homologación. Lo llamativo eran
las facilidades que obtenían los deudores para cancelar sus
pasivos.
Pero no todo lo interesante aparecía consignado en esos acuerdos,
ya que por entendimientos que el juez pinta como “convenios
oscuros y ocultos” se arreglaba el pago de abultados honorarios
a los abogados de los síndicos. Más allá de
su monto, esas retribuciones son irregulares porque, de acuerdo
con lo establecido legalmente, los honorarios de los síndicos
deben ser afrontados por la masa de acreedores del quebrado, de
la cual aquéllos son acreedores privilegiados, y a su vez
son los síndicos quienes deben remunerar a sus asesores letrados.
Uno de los acuerdos que Di Iorio anuló fue el firmado entre
los síndicos de la quiebra y la Fundación Universidad
de Belgrano en 1998. Esta lograba una quita de intereses y la refinanciación
de la deuda a cinco años, con un beneficio calculado en 2.400.000
pesos. La ventaja debía de ser muy significativa para que
la UB accediese a desembolsar honorarios por $890.000 en favor de
los abogados de la sindicatura.
También la fábrica de carrocerías El Detalle,
a la que Extrader le había pedido la quiebra, se avino a
mostrarse espléndida con los letrados, efectivizándoles
honorarios por casi 800 mil pesos, luego de obtener una quita de
capital e intereses, más la cancelación en cuotas
laxas, de una deuda superior a los 2 millones.
Otro de los acuerdos fue celebrado con Perkins SA, con honorarios
superiores a los $380 mil para los abogados. En cuanto a Gatic,
la célebre fábrica de zapatillas, retribuyó
con más de 65.000 pesos a cuatro abogados de la sindicatura,
aunque –según estableció el juez– sólo
uno de ellos tuvo actuación profesional en el acuerdo para
reducir intereses y refinanciar a mediano plazo la deuda. En este
caso, el daño inferido a la quiebra está aún
pendiente de cálculo. También se suscribieron arreglos
con Gularo SA, Colcam Automotores SA y J.M. Echeverz Harriet e Hijos
SA.
Tres son los síndicos envueltos en el affaire: los contadores
Horacio Cama, Arnaldo Moskovich y Mario Resconi. Su asesoría
letrada estaba compuesta por los abogados Luis Estoup, Luis Alejandro
Estoup, Alberto Gregorio Malimovca, Héctor Arturo Kigel y
Alberto Liascovich. De acuerdo con lo que denuncia Di Iorio, “crearon
un aparato solidario destinado agenerar honorarios abusivos e ilícitos
de terceros (los abogados) que nada tenía de beneficioso
para la quiebra”. Consecuentemente, el juez comunicó
el caso a los respectivos colegios profesionales para que investiguen
la conducta de ese grupo de contadores y abogados.
Estos, removidos de su función, apelaron las decisiones por
las que el juez fue dando por nulos uno a uno los acuerdos pactados.
Mientras la apelación es resuelta por la Sala D de la Cámara
Comercial, todos los deudores que creían haber arreglado
su situación se encuentran ahora con que Di Iorio los emplaza
a saldar el monto íntegro de sus deudas, sin quitas ni reprogramaciones.
Ya al quedar bajo la lupa judicial, los deudores revelaron al ser
interrogados las cifras pagadas a los abogados, intentando recuperar
el dinero de esos honorarios ahora inútiles. Pero también
saben que el juez los considera partícipes necesarios de
las presuntas maniobras y podría procesarlos.
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