|
Por Cristian Alarcón
 A casi nueve años de
la muerte de Walter Bulacio, su caso, quizás el más emblemático
de la brutalidad policial, llegó a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Después de haber escuchado a los familiares del joven
y los descargos oficiales, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) consideró que el Estado argentino violó los
derechos a “la libertad ambulatoria, la integridad física
y la vida” de Walter, pero también el de recibir justicia
por parte de sus padres. La decisión de la CIDH es inédita.
No sólo es éste el primer caso de violencia policial del
continente que llega a la Corte Interamericana sino que, además,
los jueces deberán analizar “los graves patrones de las policías
argentinas, como las razzias, las torturas y las muertes en comisarías”,
según aseguró a este diario Víctor Abramovich, director
ejecutivo del CELS, uno de los organismos denunciantes.
Fue el 19 de abril de 1997, después de una de las marchas en las
que miles de jóvenes pedían justicia por Walter. Ese día
la abogada María del Carmen Verdú, de la Correpi, anunció
junto a los familiares del chico que ante la inmovilidad judicial denunciarían
el crimen ante la CIDH. El caso era particular para ese trámite.
Se supone que la Comisión interviene cuando se agotan las instancias
de la Justicia nacional, como ocurrió -sin la segunda apelación–
con el caso Tablada, o en las desapariciones de los jóvenes mendocinos
Garrido y Baigorria, y Pablo Guardatti. “En este caso ni siquiera
ha habido sentencia. La investigación fue un fracaso porque fue
tan lenta que hasta hoy no existe el pronunciamiento de si hubo o no delito”,
le dijo ayer a Página/12 Andrea Pochat, abogada del CELS.
Walter Bulacio tenía 17 años, soñaba con un viaje
de egresados a Bariloche, y por eso había comenzado a trabajar
como caddy en el Club Municipal de Golf de Aldo Bonzi, donde vivía
con sus padres, Graciela y Víctor. El viernes 19 partió
hacia el barrio de Núñez. Los Redondos tocaban en Obras
Sanitarias. Cuando llegó, ya no había entradas. A las diez
de la noche, la policía hizo una razzia con carros, perros y bastonazos.
Los testimonios coinciden en que un centenar de jóvenes fueron
apaleados. Setenta y tres de ellos fueron detenidos y trasladados en colectivos
de la Policía Federal a la comisaría 35ª. Walter y
diez chicos más fueron alojados en una celda que llevaba el eufemístico
nombre de “sala de menores”. Ningún juez fue avisado
de su detención. Ni en ese momento ni cuando se descompuso, y vomitó
en la seccional. Luego lo llevaron al hospital. Murió cinco días
más tarde. El responsable del operativo era el comisario Miguel
Espósito, a quien luego el policía Fabián Sliwa señaló
como el que golpeó con un bastón en la cabeza al adolescente.
El planteo de Verdú en el escrito inicial a la CIDH señala
la violación no sólo del derecho a la vida, a la libertad
personal –los detenidos en el recital fueron presos sólo por
esperar en la puerta–, sino también al “recurso sencillo
y efectivo”, o sea, la administración de justicia para los
familiares demandantes. En abril de 1996, la Fiscalía solicitó
15 años de prisión para el comisario Espósito, pero
todavía no se lo condena ni se lo absuelve del delito de “privación
ilegal de la libertad”, el único que se le imputó por
las detenciones sin causa de aquel día de rock y furia. “Cuando
el procedimiento ha sido particularmente largo, es el Estado denunciado
el que debe dar explicaciones sobre la duración del proceso”,
se lee en el documento presentado hace tres años ante la CIDH.
El proceso judicial puesto en marcha en la Comisión obligó
al Estado argentino a una instancia de negociación amistosa con
los familiares del joven en 1999. Su madre –el padre falleció
en medio de la tristeza en abril del 2000– pidió antes de
hablar de una indemnización que se derogaran las normas que facultan
a la policía a detener personas arbitrariamente.
Ese fue un punto infranqueable. Por ello la demanda continuó adelante,
en secreto, camino a la Corte. La decisión de la CIDH es un hito
en la historia de los derechos humanos en Latinoamérica. Hasta
el momento, lamayoría los casos que son elevados a la Corte han
sido violaciones cometidas por gobiernos dictatoriales o en democracias
tuteladas como la peruana. La Policía Federal debuta en el estrado
más importante del continente con el caso Bulacio. “Es un
paso extremadamente importante -sostuvo ayer Abramovich, del CELS–.
La Corte va a discutir la práctica de las razzias, las detenciones
masivas de personas, además de otras cuestiones sumamente importantes
como las obligaciones del Estado cuando tiene en custodia a menores.”
Los jueces que analizarán el caso en Costa Rica, sede de la Corte,
pueden obligar al Estado no sólo a indemnizar a la familia y a
investigar el crimen sino a modificar las leyes que, como la ley 23.950
de averiguación de antecedentes, habilitan a la policía
a detener ciudadanos con arbitrariedad y sin controles.
ROBERTO
SCHLAGEL, EN LIBERTAD
Bernasconi se quedó solo
Bernasconi se quedó solo
tras las rejas: el ex secretario del juzgado federal de Dolores, Roberto
Schlagel, que también estaba preso condenado por asociación
ilícita, salió de la cárcel ayer por orden de un
tribunal porteño tras un pedido de excarcelación de sus
abogados, con el argumento de que ya cumplió las dos terceras partes
de la pena.
Schlagel, condenado a ocho años de cárcel por ser hallado
culpable de integrar una asociación ilícita dedicada a armar
causas por droga, salió en libertad ayer por la tarde después
de notificarse en los tribunales federales de Retiro. También estaba
acusado de privación ilegítima de la libertad y falsificación
de instrumento público, en la causa conocida como “Escobar
Mercado”.
Ramiro Gutiérrez, su defensor oficial, explicó que “luego
de hacer una estimación del monto de la pena, se comprobó
que Schlagel ya había cumplido las dos terceras partes, por lo
que no hay ningún impedimento legal para que esté libre”.
Ahora el único que está preso por el resonado caso Coppola
es el ex juez federal de Dolores, Hernán Bernasconi.
|
