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Por Fernando Cibeira
 Bastó que se agitara
en la Justicia el tema del Senado para que todo el paciente armado que
había realizado el Gobierno en busca de un clima pacífico
se fuera al diablo. Luego de un día de silencio, el ex vice Carlos
“Chacho” Alvarez cargó tanto contra la Rosada como contra
la UCR por su oposición a la decisión de los fiscales. “Hay
una estrategia de negación de algo que a los ojos de la sociedad
es evidente”, lanzó Alvarez, a quien siguió todo el
Frepaso. Si bien el presidente Fernando de la Rúa aclaró
ayer que nunca quiso cuestionar la labor de los fiscales, el jefe de Gabinete,
Chrystian Colombo, se encargó de refrendar la posición oficial:
dijo que la apelación “tiene un grado de contenido político
y subjetivo muy alto”. Como una Penélope, el Gobierno teje,
pero en cuanto aparece el Senado en escena, todo vuelve al principio.
Por más que tanto desde el Gobierno como desde el Frepaso habían
tratado de disimular las diferencias sobre la resolución de la
crisis del Senado, el experimento duró poco. El mismo miércoles
que debutó el grupo de trabajo, Alvarez habló entusiasmado
sobre el “nuevo” Senado que buscaría poner en práctica
la Alianza. En paralelo, Colombo aclaraba que eso no implicaba que se
hiciera una selección a dedo de los candidatos de la coalición,
como pretende el Frepaso. El jueves, la apelación de los fiscales
Eduardo Freiler y Federico Delgado –acusaron al Ejecutivo de armar
una “prolija empresa” junto a los senadores para motorizar sobornos-
terminó de provocar el quiebre.
“No voy a salir a cuestionar la postura que sacó el comité
de la UCR, lo que pido es un acto de honestidad intelectual y política
y que empiecen reconociendo que las prácticas que hubo en el Senado
son humillantes para los ciudadanos”, descerrajó ayer Chacho.
Fue en respuesta al documento de la mesa de conducción radical
que preside Raúl Alfonsín que señaló la “precariedad
argumental” de los pedidos de los fiscales. Alvarez también
apuntó al Gobierno al decir que “no se tomen las decisiones
y medidas que muestren un antes y un después de la crisis del Senado”.
Para el ex vice, tendría que tener el mismo efecto en la clase
política argentina como fue el caso María Soledad en Catamarca.
“Hay una dificultad de tipo partidario de creer que la solidaridad
no es justificar lo injustificable”, siguió.
A partir de Alvarez, el Frepaso demostró que sobre este punto tiene
un sola voz. La ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández
Meijide, defendió la resolución de los fiscales y dijo que
“debería gustarnos a todos” que la investigación
siguiera adelante. El jefe del Gobierno porteño, Aníbal
Ibarra, insistió en que, como ex fiscal federal, entiende que Freiler
y Delgado no hacen más que “cumplir con su obligación”.
En tanto, el jefe del bloque de diputados de la Alianza y hombre de confianza
de Chacho, Darío Alessandro, la agregó al tema el conflicto
adicional por las candidaturas, un dilema que la coalición deberá
resolver en las próximas semanas. “Llegado el momento, queremos
discutir los candidatos que llevará la Alianza para asegurarnos
que representarán lo nuevo y no el viejo Senado”, explicó.
A bordo de la fragata “Libertad”, De la Rúa aseguró
que sus palabras sobre la resolución judicial fueron “malinterpretadas”
y que, en verdad, su mayor interés es “que se investigue”.
Aunque el Presidente decidió mostrar en público una mayor
distancia del desarrollo de la causa, sus funcionarios puntualizaron las
divergencias. Colombo habló de la subjetividad de los fiscales
porque acusaron al Gobierno de no hacer lo suficiente para esclarecer
el caso “cuando es la Oficina Anticorrupción la que hizo la
investigación más profunda”. El viceministro de Justicia,
Melchor Cruchaga, alabó la independencia del Poder Judicial pero
consideró que “no hay elementos contundentes” para probar
el pago de sobornos.
Semejante distancia hace pensar que la reunión del grupo de trabajo
prevista para esta semana tendrá condimentos especiales. Sin embargo,
cerca de Alvarez separaban los tantos. “En el grupo de trabajo se
discutenmás que nada temas de gobierno, en cambio, sobre las candidaturas
vamos a tener que sentarnos con los radicales”, explicaban.
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OPINION
Por Miguel Bonasso
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El anillo protector
La inusual dureza del Gobierno y la UCR contra los fiscales Eduardo
Freiler y Federico Delgado no es solamente un reflejo corporativo
en defensa de los siete senadores que los acusadores quieren procesar,
sino un anillo protector en torno al presidente Fernando de la Rúa,
cuyo proceder en toda la crisis del Senado dista de ser transparente.
Una investigación que Página/12 comenzó a publicar
en noviembre último y nunca fue desmentida reveló
que el afán presidencial por impedir que ciertos hechos se
investigaran o se conocieran llevó a la salida del Gobierno
del ex jefe del gabinete de ministros Rodolfo Terragno, quien se
había negado a firmar un decreto por el que se reasignaron
30 millones de dólares a la SIDE. El 18 de diciembre último,
antes de que el juez federal Carlos Liporaci diera un carpetazo
a la causa de los sobornos en el Senado y provocara la consecuente
apelación de los fiscales, este diario reveló hasta
qué punto la alegada “transparencia histórica”
de esta administración en el escrutinio de las cuentas de
la SIDE se pareció a una comedia de Molière.
El 18 de diciembre Página/12 publicó una nota que
causó remolinos en los tribunales de Comodoro Py y en otras
sedes del poder, pero no concitó ningún tipo de reacción
pública, porque los protagonistas prefirieron guardar silencio.
Allí se revelaba, básicamente, lo siguiente: El 5
de octubre pasado, el ya renunciado ministro de Justicia Ricardo
Gil Lavedra le hizo una “última gauchada” a Fernando
de la Rúa y concurrió al juzgado de Liporaci, para
una ceremonia que la UCR calificó en estos días de
“histórica”: la revisión de las cuentas
de la Secretaría de Inteligencia del Estado, conducida todavía
por el banquero Fernando de Santibáñes, íntimo
amigo del Presidente. Dicha revisión había sido expresamente
autorizada en un decreto firmado pocos días antes, a fines
de setiembre (el 833/2000). De la ceremonia reservada tomaron parte
el ministro ya cesanteado, el juez Liporaci (seriamente cuestionado
por una acusación de enriquecimiento ilícito que aún
pende sobre su cabeza), el director administrativo y financiero
de la SIDE Juan José Gallea, a quien acompañaba un
funcionario del Departamento Jurídico y los dos fiscales,
que se negaron a recibir “permiso” para quedarse del ministro
y lo reclamaron y obtuvieron del juez Liporaci, con quien no se
llevan precisamente bien.
El magistrado propuso realizar una suerte de “muestreo”
(esa fue la expresión que utilizó) y ordenó
sacar un par de carpetas de las cajas con documentación que
habían dejado sobre su escritorio. En una de las carpetas
encontraron un “verdadero papel de almacenero” que no
honraba precisamente el rigor contable de Gallea donde se rendían
cuentas por cinco millones de pesos gastados “en compra de
neumáticos y reparación de automóviles”.
Cifra que haría palidecer de envidia a la escudería
Ferrari. Otro recibo, tan prolijo como el anterior, pretendía
amparar una erogación de un millón doscientos mil
pesos destinados, con singular vaguedad, a “gastos corrientes”.
A eso se redujo “la decisión histórica”.
Liporaci ordenó labrar un acta, que ahora invoca el Gobierno
como prueba de su transparencia. En ella los fiscales sólo
pudieron certificar el mecanismo contable descripto por Gallea (un
hombre de De Santibáñes que continúa en la
SIDE con el sucesor Carlos Becerra), pero no ciertamente la índole
real de esos gastos que permanecen en el misterio. Eso no impidió
que Gil Lavedra saliera de Comodoro Py rebosante de incomprensible
felicidad y declarase a la prensa: “Las inquietudes del juez
y los fiscales quedaron plenamente satisfechas. Ha quedado claramente
demostrado que todos los egresos de la SIDE (el subrayado es nuestro)
respondían a cuestiones que hacían a su actividad
específica y no hubo ningún movimiento de fondos irregular”.
No es, ciertamente, lo que pensaban Rafael Bielsa y sus técnicos
de la SIGEN, que unos días más tarde descubrieron
que la SIDE había dado como”gastados” 22 millones
trescientos mil dólares que en realidad habían sido
desviados hacia una cuenta secreta no sujeta a control por parte
del Estado.
Esos 22 millones, evidentemente, formaban parte de los 30 millones
que la Presidencia de la República le reasignó a la
SIDE mediante el decreto “reservado” 569/2000, que el
entonces jefe de Gabinete de ministros Rodolfo Terragno se había
negado a firmar por no estar de acuerdo, precisamente, con que fuera
“reservado”. La Secretaría Legal y Técnica
de la Presidencia aprovechó un viaje de Terragno al exterior
y pasó el decreto de marras al ministro del Interior Federico
Storani. Este, que subrogaba al viajero como jefe de Gabinete, puso
su firma al calce en un día muy especial para Francia: el
14 de julio pasado. Anteayer Storani -que firmó el decreto
sin saber, aparentemente, lo que estaba firmando– calificó
de “poco serio” al fiscal Freiler.
Más suspicaces que el ministro que los acusa, Freiler y Delgado
sospechan que esos 30 millones de dólares fueron “la
Banelco” que abrió la voluntad de los senadores para
que se votara una ley de flexibilización laboral que desanda
toda la legislación votada en la materia por el primer peronismo.
No son los únicos: en un marco de absoluta reserva tres altos
dirigentes de la Alianza le dijeron lo mismo a este cronista. “Los
treinta palos –aventuró uno de ellos– no debieron
ser necesariamente para el pago, sino para cubrir el agujero administrativo
que el soborno había dejado.”
Paradójicamente Gil Lavedra, el ministro cesanteado que se
prestó a la comedia de Comodoro Py, había sido expulsado
de la poltrona por su incapacidad para frenar los afanes investigativos
de la Oficina Anticorrupción (OAC), que habían molestado
–dicen– al mismísimo presidente De la Rúa.
La OAC había metido sus narices en el PAMI y en las cuentas
de la SIDE: de allí había partido la orden a Bielsa
para que investigara las confusas finanzas de la central de los
espías. Que no logran ser aclaradas por el contable Gallea,
a quien los fiscales Freiler y Delgado quieren citar nuevamente
como testigo.
En la nota de Página/12 sobre la curiosa revisión
de cuentas llevada a cabo por Liporaci el 5 de octubre pasado, se
incluía también una versión no confirmada:
que cuatro días antes, el domingo 1º de octubre, el
voluminoso juez al que se sospecha de haberse enriquecido de manera
ilícita, había realizado una cortés visita
al presidente de la República en la quinta de Olivos. La
versión no confirmada tampoco fue desmentida por ninguna
autoridad oficial.
El 5 de octubre fue un día muy especial: De la Rúa
produjo el cambio de gabinete que culminó con la renuncia
de Chacho Alvarez y también dictó un decreto muy curioso,
el 881/2000, por el que se hacía “público”
el “reservado” número 569 que le daba 30 millones
adicionales a la SIDE. Lo que algunos no ven como un acto de transparencia
sino como una medida precautoria: si Terragno, despechado por la
cesantía, contaba la historia en los medios, el Presidente
quedaba a salvo de cualquier suspicacia.
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OTRAS
VOCES
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Jose Luis Gioja*.
“La argumentación
es política”
“Los fiscales dieron un paso positivo al incluir al gobierno
en las imputaciones. Pero la argumentación que utilizan es
muy política, es muy temeraria. En la Justicia hay que actuar
sin presiones y los fiscales actuaron bajo la presión social
en vez de hacer un análisis judiciable. No puedo dejar de
pensar que detrás de la resolución está Chacho
Alvarez”.
* Presidente del bloque de senadores del PJ
Alfredo Bravo*.
“Hay monjes negros”
“El radicalismo reacciona corporativamente porque están
involucrados hombres de la UCR en esta investigación y así
lo han señalado los fiscales. Hay hombres (en el Gobierno)
que verdaderamente son monjes negros: el señor (Enrique)
Nosiglia, que siempre está en todo; el señor (Fernando
De) Santibañes y el señor (Alberto) Flamarique”.
* Diputado nacional por el Socialismo Democrático
Gustavo Beliz*.
El tango de la protección
“En lugar de sancionar a los senadores corruptos, el Gobierno
critica y amedrenta a los fiscales que buscan llegar a la verdad.
Esto demuestra que hay una cortina de hierro de impunidad entre
coimeadores y coimeros. El Gobierno y los senadores aparecen asociados
en un mismo hecho ilícito, y ahora siguen bailando el tango
de la mutua protección”.
* Legislador porteño de Nueva Dirigencia
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