Por Irina Hauser

Los rumores sobre la potencial renuncia del juez Carlos Liporaci, perseguido por la sombra de su posible destitución por supuesto enriquecimiento ilícito, obligaron a los miembros del Consejo de la Magistratura a despabilarse y ponerse a trabajar recién llegados de vacaciones. La primera actividad del cuerpo será tomar declaración mañana a tres testigos que propuso el magistrado cuestionado –el mismísimo que dictó la falta de mérito de los 11 senadores acusados en la causa de los sobornos en el Senado– para que hablen a su favor. Pero la intención de los consejeros es terminar de una vez con el expediente y el martes 13 consensuar en la Comisión de Acusación el dictamen que embarcaría a Liporaci en el proceso de juicio político al que hasta ahora sólo se opondría la menemista Lelia Chaya.
Aunque Liporaci las desmiente, las versiones sobre su renuncia suenan fuerte en tribunales y señalan que esperaría a cambio garantía de inmunidad y algún “carguito” a futuro. Por empezar, si deja su sillón de juez el proceso de destitución quedará automáticamente abortado y hasta podría darse el lujo de pensar en cobrar su jubilación como viejo miembro de la familia judicial, un sistema que hasta ahora pocos consejeros han cuestionado. Claro que la estrategia de irse antes de que los echen ya ha sido aplicada por otros magistrados acusados (ver aparte).
En cuanto al juez de los sobornos, los testigos aportados por él declararán mañana a la tarde y, con ellos, probablemente se ponga punto final a la pesquisa a menos que surja la necesidad imperiosa de oír a alguien más. La mayoría de los integrantes de la Comisión de Acusación, que es la que ha estudiado el caso, suponen que los nuevos testimonios no cambiarán el rumbo del dictamen con que ya los consejeros Pablo Fernández y Fermín Garrote llamaron a Liporaci para interrogarlo señalando las “inexactitudes, omisiones y contradicciones” del patrimonio declarado en relación a los ingresos familiares y su nivel de gastos.
Como la principal fuente de sospecha sobre el incremento de la fortuna del juez es la compra de la mansión donde vive ahora en Vicente López –que los tasadores de la Corte Suprema estimaron que cuesta entre 950 mil y 1.120.000 dólares y que difícilmente haya podido pagar sólo con su sueldo del Poder Judicial– uno de sus testigos será Guido Torrisi, un prestamista privado que le facilitó parte de la plata para pagarla. Pero también dará su testimonio Emilio Ongaro, un supuesto amigo de Liporaci que alegaría haberle pagado el alquiler cercano a los 2000 pesos de una casa en el sofisticado country Golfer’s durante varios meses, un gasto que fue revelado por Página/12. Por último, hablará Patricia Baulan, la contadora que justificó el flujo de fondos y los posibles pagos del juez.
Según pudo saber este diario, Pablo Fernández (Alianza) ya tendría parte de un borrador de dictamen acusatorio elaborado. Y todo indica que lo podrían apoyar los consejeros Mario Gersenobitz, Fermín Garrote y Carlos Maestro (Alianza). El menemista Miguel Pichetto también tenía hacia fin de año una posición contraria al juez. La única que se abstendría o votaría contra la acusación sería Chaya, quien actualmente preside el cuerpo de Acusación. Augusto Alasino (PJ) está apartado del caso por haber estado implicado en la causa del supuesto pago de sobornos a senadores para que votaran la reforma laboral. De todos modos, éste constituiría sólo el comienzo del juicio político, ya que el paso siguiente sería la votación en el plenario donde, según creen funcionarios de tribunales, Liporaci podría gozar de mayor protección.
Lo cierto es que buena parte de la información de la que dispone el Consejo surgió de un expediente penal contra Liporaci, por el mismo tema, que está a cargo del juez Gabriel Cavallo y del fiscal Pablo Recchini. Allegados a la investigación señalaron que ya existirían suficientes pruebas de que el magistrado logró abultar su fortuna en forma ilegítima y que Cavallo le requerirá que justifique el origen de su patrimonio en cuanto los peritos le devuelvan el expediente, algo que debería ocurrir a más tardar a fines de este mes según los plazos judiciales. Después, para contestar el requerimiento el imputado tendrá entre 30 y 45 días. Luego, podría ser indagado como sospechoso.
Mientras tanto, la Justicia analizará otro tema adelantado por este diario: la denuncia de un ex secretario de Liporaci, Guillermo Gowland, quien dijo que el juez le pagó 20 mil dólares a José Levy, el dueño de la financiera Cofiarsa, para que le fraguara un crédito que nunca existió pero que le habría permitido explicar parte de la compra de su vivienda millonaria. Gowland, Levy y el abogado Isaac Damsky, apoderado de Cofiarsa, serían llamados a declarar.
Más allá de las buenas intenciones y las ganas de hacer justicia, el dictamen con que los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado objetaron esta semana la falta de mérito con que Liporaci favoreció a los senadores involucrados en la causa de las coimas evidencia un intento de despegarse de la figura y los actos de ese juez. En el Consejo de la Magistratura piden por favor que nadie mezcle la causa de los sobornos con la cuestión del juicio político. Pero parece inevitable, al menos para el imaginario colectivo. Si ahora Liporaci renuncia o no es algo que está por verse. En los últimos años se ha mostrado bastante hábil para ubicar a su esposa en la Cámara de Diputados, a su hija Carolina en el Senado, a su hija María Florencia en la Auditoría Gene-ral de la Nación y a su hija Clarisa en el Poder Judicial. Con la suerte de perdón que concedió a senadores peronistas y aliancistas, seguramente tendrá varios nuevos amigos.

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