Por Susana Viau

Una investigación del Senado norteamericano sobre lavado de dinero que se dará a conocer hoy en Washington compromete a Raúl Moneta, su Banco República, al Federal Bank –banco offshore que, estaría probado, pertenece también a Moneta, aunque éste lo niegue– y al Citibank, poniendo en cuestión los (inexistentes) controles ejercidos por las autoridades del propio Banco Central respecto del dinero negro. Según informaron hace meses los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez a los integrantes del subcomité norteamericano, por el triángulo formado por el República, el Federal y el Citi se habían concretado operaciones de entrada y salida de dinero por valor de 100 millones de dólares mensuales durante ocho años. La cifra dejó sin habla a los hombres de Carl Levin, veterano y prestigioso senador demócrata que preside la subcomisión. Luego de confirmar esas denuncias y con documentación a la vista, los investigadores resolvieron sumar al Federal a los ejemplos a tratar, posicionándolo en la peor de las tres categorías en que dividen a los “bancos de riesgo”: los “shell banks”. Por el Federal Bank y el Citibank pasó el primer millón de dólares del escándalo IBM-Banco Nación. Fuentes próximas a la investigación suministraron a Página/12, en exclusiva para Argentina, el preinforme de la subcomisión.

Si lo vigilan es mejor
El preinforme, que llevó un año de trabajo al staff demócrata de la subcomisión, tenía como objeto la banca corresponsal y su uso como herramienta para el lavado de dinero. El primer informe de 1999 había hecho eje en la vulnerabilidad que ofrecían las áreas de “banca privada” de los bancos norteamericanos ante el lavado de dinero. Aquel informe desembocó en audiencias llamadas por el subcomité. Esta vez, la comisión analizó doce casos, uno de ellos el de la relación de Moneta, el Banco República, y el Citibank con el Federal Bank.
“Los bancos norteamericanos, a través de cuentas corresponsales que proveen a bancos extranjeros, se han convertido en introductores de dinero sucio en el sistema financiero norteamericano y, como resultado, han facilitado emprendimientos ilícitos, incluido tráfico de drogas y fraude financiero”, comienza diciendo el documento. Y aclara que “banca corresponsal es la que provee servicios a otros bancos para mover fondos, valores cambiarios o trasladar al exterior otras transacciones financieras. Las cuentas corresponsales en los bancos de Estados Unidos dan a los propietarios o clientes de pobremente regulados, pobremente gerenciados, a veces corruptos, bancos extranjeros con débil o directamente nulos controles anti-lavado de dinero, acceso directo al sistema financiero de EE.UU. y la libertad de mover dinero dentro de los Estados Unidos o alrededor del mundo”. Estos bancos de riesgo fueron calificados de tres maneras: por un lado, los “bancos offshore”, con licencias limitadas a transacciones con clientes de fuera de su jurisdicción y los “bancos autorizados y regulados por jurisdicción con débiles controles anti-lavado, que invitan a los bancos a abusos y conductas criminales”. El tercer tipo de “banco de riesgo” son los “shell banks” o “bancos cáscara” o “bancos concha” o “bancos de papel”, “difíciles de monitorear por el secreto de sus operaciones, sin presencia física en ninguna jurisdicción”.
De los cuatro “shell banks” investigados, uno es el Federal Bank. La subcomisión comprobó que, al igual que los tres restantes, el Federal no tiene una oficina oficial desde la que se conduzcan las actividades bancarias ni una planta permanente remunerada, dos elementos que dificultan la supervisión, los monitoreos de los reguladores bancarios, inspecciones e interrogatorios al personal del banco.

Federal lava más blanco
Los demócratas del subcomité citaron al Citibank, que durante diez años “tuvo relaciones de corresponsalía con el Banco República, licenciado y con negocios en Argentina, y su offshore afiliada Federal Bank, con licencia en Bahamas”. Asistió a las entrevistas el gerente del Citi encargado de las relaciones con ambas entidades, quien dijo mostrarse “perturbado” e “impactado” de escuchar que el Banco Central de la República Argentina había informado en sus reportes de auditoría de 1996 y 1998 que el Banco República (propiedad de Raúl Moneta y de su tío Benito Jaime Lucini) no tenía un programa anti-lavado de dinero. Cuando el staff demócrata preguntó al responsable de la relación “qué había hecho para determinar si tal programa funcionaba o no en el Banco República, éste respondió que ‘durante sus revistas anuales, el Banco República le había dicho que contaba con un programa anti-lavado de dinero pero él no lo había confirmado con documentación’. La misma situación se aplicó al Federal Bank”.
Más adelante, el preinforme relata que cuando el Banco Central se dirigió al Citi para inquirir por los propietarios del Federal Bank el Citi contestó que sus archivos “no contenían ninguna información útil para identificar a los accionistas del banco de referencia”. Cuando el subcomité indagó al representante del Citi acerca de esta respuesta, el responsable de la relación dijo que procedió así porque tuvo la impresión de que “el Banco Central estaba jugando algún tipo de juego”, que estaba “tratando de obtener alguna prueba legal de los propietarios”. Tras varias conversaciones con los integrantes del subcomité del Senado, el “citibanker” admitió que recién ahora comprendía que debió haber contestado la carta del Banco Central “de otra manera” y el Citibank “debió haber hecho más” respecto de la solicitud.
Lo que revela la letra del informe senatorial, además de caracterizar al lavador Federal Bank como “offshore afiliada” del República, es, entre otras cosas, la escasa voluntad del Citibank de colaborar en la identificación de los propietarios del “shell bank” de Bahamas. Se entiende la reticencia si se tiene en cuenta que quien aparece sindicado cada día más como dueño fue socio del Citibank en el CEI: el escribano menemista Raúl Juan Pedro Moneta.
Que no panda el cúnico
La noticia de que el senador Levin aceptaba la seriedad de la denuncia de Carrió-Gutiérrez y la incluía entre los casos a investigar estremeció al Citibank, que ya ha sufrido otros cimbronzados, en especial su participación en el desvío de fondos de los hermanos Salinas de Gortari, y conmocionó al BCRA, cuya conducción es clave en el esclarecimiento del affaire y cuyo presidente Pedro Pou y el director superintendente de Entidades Financieras Guillermo Lesniewier acaban de ser procesados por fraude a la administración pública. Pero por sobre todo obligó a Moneta a poner las barbas en remojo y acelerar las acciones para que su implacable perseguidor, el juez Luis Leiva, sea acusado por el Consejo de la Magistratura, con lo que intentaría acreditar la existencia de una imaginaria y fabulosa conspiración en su contra.
Lo cierto es que, si todos están al borde de quedar mal, el criador de caballos criollos es quien la tiene peor: en diciembre del año pasado, este diario reveló que, con un atraso de cuatro años, el BCRA había decidido enviar a la Justicia operaciones sospechadas de lavado de dinero y realizadas por el Banco República en connivencia con el Citibank y, con mayor gravitación entre otras entidades, el Federal Bank. Daba la casualidad de que tanto el Federal Bank como las otras offshore (The Winterbotham Trust Company, Ludgate Investments, Southwark Assets Managements, Lolland Stoks, Scott & Chandler, Cairo Holdings, Budleigh Ltd. Uruguay) habían sido constituidas en el mismo lugar –Bahamas–, el mismo día, con números correlativos, un mismo domicilio ubicado en la calle Blanes Viale de Montevideo y eran representadas por una mismapersona, el abogado Carlos Basílico, también directivo de UFCO, la sociedad de Islas Vírgenes, columna vertebral del CEI y primera propietaria del Edifico República.
Los funcionarios del Central sugirieron, en su informe de agosto del 2000, que existiría “una estrecha vinculación entre el Banco República y el Federal Bank”. Si bien Moneta había argumentado que no había cuentas recíprocas entre ambas entidades ni formaban un mismo grupo económico, el personal de la línea aconsejó considerar “si la relación entre el Banco República con el Federal Bank reúne características comunes entre bancos locales y del exterior, puesto que en ese caso el Federal Bank es cliente de la entidad local y realiza operaciones en el país sin contar con la correspondiente autorización”. Ciertas versiones indican que, para las mismas fechas, una nota del Citibank al Central se remitía a la investigación que comenzaba en Washington y cuya documentación corroboraría que Moneta (el Banco República) y el Federal Bank podrían ser una y misma cosa. El reciente preinforme con su peculiar redacción también lo insinúa: “el Banco República (...) y su offshore afiliada (...), el Federal Bank”.
El Federal Bank había tenido una notoriedad efímera al trascender que por allí y por el Citibank de Nueva York se había escurrido el primer millón detectado en la megacoima del caso IBM-Banco Nación. El juez federal Adolfo Bagnasco libró por entonces seis exhortos al Citibank para que informara de la titularidad de esas cuentas. Nunca fueron respondidos, aunque los más agudos rumores apuntaban al dúo Claudia Bello-Gastón Figueroa Alcorta, un hombre que solía ser visto de visita en la mesa de dinero del Banco República. Como si fuera poco, el Federal Bank era, además, accionista del CEI.

Del Central a Internet, sin escalas ni carencia

Pese a que los estatutos lo prohíben por un año, el renunciado vicesuperintendente de Entidades Financieras y hombre de Pou, Javier Bolzico, aterrizó en Patagon.com.

Por S.V.

El presidente del Banco Central, Pedro Pou, le agradeció los servicios prestados; Javier Bolzico, renunciante al directorio y a la Vicesuperintendencia de Entidades Financieras, se fue del edificio de la calle Reconquista para aterrizar sin transición en los sillones de Patagon.com, un sitio de información financiera que se convertiría en banco virtual este año. La decisión de Bolzico desafía la Ley de Etica Pública que prevé un año de carencia antes de pasar de la función pública a una entidad privada con la que hubiera tenido vinculación funcional. En este caso y por su cargo, Bolzico se retira del BCRA en conocimiento de todo el así llamado “secreto bancario”.
Lo cierto es que, además, con su renuncia, el BCRA parece haber comenzado a curarse en salud. La dimisión del joven director, hombre de estrecha confianza de Pou, es interpretada por expertos del circuito financiero como una acción preventiva dado que en esos mismos reductos suena con fuerza el rumor de que en los próximos meses la investigación abierta en Estados Unidos sobre lavado de dinero y enfocada, entre otros, hacia Raúl Moneta y sus bancos (ver aparte) implicaría seriamente a los máximos directivos del Central y la superintendencia.
Las autoridades del BCRA también se encuentran bajo investigación judicial por las ayudas dadas a Moneta por sus bancos Mendoza y República. En estas asistencias Bolzico jugó un rol de importancia al negar que los directores y accionistas de ambas entidades hubieran violado las relaciones técnicas exigidas por el Central, conclusión que contradecía los informes de los inspectores enviados por la propia autoridad financiera. “Es la primera baja de una gestión que corre el riesgo de quedar muy apretada por no evaluar bien el factor externo. Pou está entregando la dama: Bolzico es muy de su palo”, interpretó un antiguo merodeador la city. Cuando Pou reemplazó en la presidencia del banco a Roque Fernández, elevado a ministro de Economía luego de la renuncia de Domingo Cavallo, lo hizo llevando de la mano al financista Martín Lagos. Todos, Fernández, Pou, Lagos –y por fuera del BCRA, Carlos Rodríguez– eran miembros del CEMA, la fundación armada por Eduardo Bauzá a pedido de Carlos Menem como recambio al equipo de Cavallo. El CEMA tenía como uno de sus principales sponsors al empresario Domingo “El Negro” Catena, ex primo político y socio de Pou en las bodegas Navarro Correas.
Pou también acercó a Javier Alberto Bolzico, pero le costó un riñón conseguir que los pliegos de su pollo pasaran la prueba del Senado. Para lograrlo debió resignar un escaque y enviar también a la Cámara alta los del contador entrerriano Alberto Pignanelli, quien asumió su puesto en junio de 1997. Sin embargo, se afirma que Bolzico no sólo es un incondicional de Pou. Como todo miembro del directorio tiene un padrino político y en su caso se habría contado con el respaldo de Alberto Kohan, otro nombre que es seguido con interés por la fiscalía de Nueva York a causa de sus relaciones con Gaith Pharaon y el BCCI y maniobras de lavado de dinero. Que así fuera, no evitó que el poder de designación de Pou llamara la atención de los especialistas. Por esas fechas Julio Nudler escribió: “Lo notable es que, en teoría, los candidatos deberían ser escogidos por el Poder Ejecutivo y el Central ni siquiera saber de quiénes se trata, con lo que el método para cubrir los cargos se parece a todo menos al correcto”.
Luego de que Página/12 informara de su renuncia, trascendió que Bolzico había sido fichado por quienes poco antes le habían solicitado la correspondiente autorización para operar: los ejecutivos de Patagon.com. -el sitio web de información financiera controlado por el Banco Santander Central Hispano– que aspiran a reconvertirse en Patagon Internet Bank, un banco virtual. Según la misma información, para su pase habría sido decisiva la intervención de un hombre de su plena confianza: Rubén Marasca, su gerente en la superintendencia, encargado del vital sector decontrol de las auditorías realizadas a las entidades financieras. Pero la relación entre Bolzico y Marasca viene de más antiguo. Siempre de acuerdo con las fuentes, la vinculación de Bolzico con el Central ha seguido los vaivenes con el gobierno de quien se considera su máximo valedor: mientras Alberto Kohan estuvo en el gobierno como secretario general de la Presidencia, Bolzico fue designado asesor del directorio del Banco Central. Cuando Kohan se alejó de la administración –aunque conservando su proximidad a Carlos Menem y al poder–, Bolzico abandonó el Central para dedicarse a conducir la privatización del Banco de la Provincia de Santa Fe, que quedó en manos de los banqueros Rohm. Allí Marasca fue su segundo. Con el retorno de Kohan a la actividad pública, regresó Bolzico al Central, pero ahora en calidad de director y vicesuperintendente de Entidades Financieras. En tanto el cargo de superintendente estuvo vacante, Bolzico llevó la responsabilidad máxima y desde ella poco y nada hizo respecto de un aspecto sustancial: el lavado de dinero. Fueron dos largos años. El reingreso de Bolzico fue asimismo el ingreso de Marasca a la superintendencia. Hoy, que los nubarrones se ciernen sobre los directivos del Central, Marasca es quien invita a Bolzico a ocupar un destino más seguro y alejado de la tormenta.

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