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Cuando el
ministro Machinea pide la venta de genéricos como la manera
de abaratar medicamentos, le pide a la Argentina lo que no tiene.
Porque en la Argentina prácticamente no hay genéricos.
La legislación argentina permite que la industria farmacéutica
comercialice medicamentos que no son de desarrollo propio, bajo
la forma de “medicamento similar” (una “copia”).
Para ello es necesario un certificado de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas
(Anmat), lo cual requiere solamente pruebas de equivalencia farmacéutica
(pruebas de laboratorio, pero no en seres vivos). Esta legislación
no contemplaba la realización de pruebas de equivalencia
terapéutica (bioequivalencia y biodisponibilidad), que son
pruebas en organismos vivos que aseguran que la “copia”
tiene el mismo efecto terapéutico que el original.
Recién en 1999, la Anmat –a través de la disposición
3185– resolvió someter a algunas drogas (las consideradas
de alto riesgo sanitario) a este tipo de pruebas. Un medicamento
genérico (a diferencia de una copia) es aquel que ya ha sido
sometido satisfactoriamente a estas pruebas. La diferencia, obviamente,
no es semántica. Sólo estos últimos tienen
controles en humanos que garantizan que su efectividad es la misma.
En la Argentina, apenas 4 o 5 drogas han iniciado esta fase y todavía
no han sido probadas.
Todos los médicos saben que existen decenas de nombres comerciales
para una misma droga. Pero también saben por la experiencia
diaria o por los reportes de farmacovigilancia, que no todas tienen
las misma efectividad ni la misma incidencia de efectos adversos.
Esto no debiera ser así si el Estado garantizara que toda
droga que sale al mercado es realmente tan efectiva como la original.
Pero no lo hace.
Un claro ejemplo son las drogas para el tratamiento de pacientes
infectados por HIV. El Ministerio de Salud de la Nación,
según lo indica la Ley de Contabilidad, debe comprar en licitación
pública la oferta más conveniente, lo que no necesariamente
se debe interpretar como el menor precio. Desde que el Estado provee
antirretrovirales, ha surgido en el mercado una amplia gama de productos
similares, muchos de los cuales sólo son ofrecidos al ministerio.
Esto preocupó y preocupa a algunos funcionarios y técnicos
del Gobierno y ha sido el principal reclamo de las organizaciones
comunitarias que trabajan con personas positivas, por entender que
el ministerio, al no exigir las pruebas de equivalencia terapéutica
de los medicamentos, no está en condiciones de garantizar
la calidad de los que compra y distribuye a más de quince
mil personas con VIH.
Actualmente, muchas obras sociales han implementado vademecums en
los cuales sólo incluyen las formas comerciales más
económicas de una droga. Si bien esto es teóricamente
racional, la realidad es que obligan a sus afiliados a consumir
exclusivamente drogas que muchas veces tienen manifiestamente menos
actividad. Y que, seguramente, no son las que eligen los funcionarios
del Estado a la hora de comprar medicamentos para consumo propio.
El costo es una variable muy importante, pero no la única.
El análisis del tema conlleva habitualmente una involuntaria
hipocresía, ya que es antipático reconocer que muchas
veces, sólo unas pocas empresas (en muchas ocasiones multinacionales)
pueden garantizar probadamente la eficacia terapéutica de
lo que vende. Y porque la idea de los genéricos es atractiva
ya que evitaría un desagradable mercado de “estímulos”
poco éticos implementados por los laboratorios farmacéuticos
sobre el cuerpo médico para inclinarse a indicar determinadas
formas comerciales y no otras.
Sin embargo, la utilización de genéricos requiere
primero que el Estado sea capaz de garantizar que todo lo que se
vende es apto y de evitar que esos mismos “estímulos”
aplicados por sectores de la industria en ciertosniveles de la burocracia
estatal puedan acelerar la aprobación de determinadas formas
comerciales.
La disminución de la proporción del gasto en salud
que significan los medicamentos es un reclamo de todos los sectores
comprometidos con la comunidad. Pero tomar serias medidas al respecto
puede afectar a uno de los lobbies más poderosos de la salud
argentina que factura varios miles de millones por año y
que probablemente gasta una fracción de éstos en subsidiar
partidos políticos, aceitar los dictámenes de funcionarios
y técnicos de entes reguladores y ganarse la amistad de parlamentarios.
Este lobby tiene suficiente fuerza como para entorpecer la carrera
de cualquier funcionario que insista demasiado en aplicar las normativas
existentes -aun sin crear otras nuevas– sobre el funcionamiento
del mercado de medicamentos, su calidad farmacológica y su
precio.
Los argentinos consumimos medicamentos caros y malos. Aprobar los
genéricos sin garantizar su calidad ayudaría a consumir
medicamentos más baratos. Pero seguiría ampliando
la brecha entre ricos y pobres, que se amplía cada día
más en nuestro sistema de salud, siguiendo este modelo en
que el Estado ha decidido dejar librada la salud a los códigos
del mercado. Los pobres comprarán los genéricos más
baratos y consumirán drogas con menos efecto. Y los ricos
(incluidos los funcionarios) comprarán, bien aconsejados,
los medicamentos más caros y que saben que son realmente
efectivos.
* Doctora
en el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo LanariUniversidad
de Buenos Aires. Presidenta de Médicos del Mundo Argentina.
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