No era un banquero de la “primera línea” del establishment financiero, aunque estaba ligado a los poderosos. Su primera aparición en los medios –al menos, la que se recuerda– no fue de lo más feliz: ocurrió en octubre de 1996, cuando el juez Julio Cruciani allanó las oficinas del Banco Mercurio en una investigación por el giro de divisas a Estados Unidos presuntamente vinculadas al ingreso de mercadería de contrabando al país. Mariano Perel, para entonces ex director de Mercurio, había sido citado a declarar como involucrado. Pero rehusó el convite y se mantuvo prófugo por unos días, lo cual lo convirtió en noticia. Su nueva aparición en los medios, ahora, tuvo un tinte trágico. Nada indica, hasta el momento, que pueda tener alguna vinculación con los hechos de entonces.
Las maniobras en las que Perel había quedado involucrado –y finalmente sobreseído– estaban vinculadas a las operaciones de la denominada “aduana paralela”, un mecanismo mediante el cual habrían ingresado mercaderías al país de contrabando por varios miles de millones de dólares durante la década del ‘90. El Banco Mercurio habría sido utilizado para realizar los pagos al exterior por estas compras, obviamente sin documentación respaldatoria, y Perel había quedado en el centro de la investigación con respecto a quiénes posibilitaron la operación.
Mercurio había nacido como casa de cambio en 1957, pero fue evolucionando a la par del sistema financiero aprovechando las oportunidades para subir escalones. Durante la última dictadura militar, ingresó en el negocio de las operaciones en el mercado de capitales (compraventa de bonos y acciones) y ya en la década del ‘90 se transformó en banco. Pasó a operar como entidad mayorista, sin sucursales, sacándole el jugo a la fortaleza conseguida durante los años de inestabilidad financiera, que la llegó a ubicar, junto a Piano y Vélox, en el trío de casas de cambio más poderosas del mercado.
En este último período se incorporó Perel a Mercurio, entidad que estaba en manos de Jacques Benadón. Uno de los negocios que atendía la entidad era la remesa de divisas desde y hacia el exterior, y es precisamente en este plano donde sus operaciones quedaron bajo sospecha. El pago al exterior con cheques en dólares o letras a la vista había sido el mecanismo adoptado por los operadores en la denominada “aduana paralela” para esquivar la apertura de cartas de crédito bancarias, lo que les hubiera demandado la presentación de documentación formal de respaldo. Por otra parte, desde la desregulación del mercado cambiario el giro de divisas al exterior no requiere autorización previa ni exige que el librador explique el concepto por el cual efectúa el pago.
De acuerdo a testimonios recogidos durante la investigación, la cancelación de las importaciones ingresadas por la “aduana paralela” se realizaban sin la intervención formal de un banco –vía apertura de carta de crédito y calificación del cliente–, pero sí a través de un agente financiero que “facilitara” la maniobra sin pedir antecedentes. Este habría sido el caso de Mercurio, según la pesquisa que llevaba adelante el juez Cruciani, y Perel debía tener “algún conocimiento” de la maniobra por sus funciones en el banco. Una de las operaciones a la cual el magistrado le siguió la pista involucraba pagos regulares semanales de 50 mil dólares, a través de Mercurio, con destino final en Miami. La empresa pagadora era Boarding Pass, importadora y distribuidora de electrónica, telefonía y computación que, sin embargo, no registraba importaciones declaradas por esos importes.
Cuando el juez citó a Mariano Perel a declarar, éste rehusó presentarse en una primera instancia. Sus abogados pidieron su eximición de prisión, que le fue otorgada, pese a lo cual el imputado no se hizo presente a la nueva citación. Un cúmulo de antecedentes se sumaron para demostrar que efectivamente habían ingresado al país ilegalmente sumas impresionantes de mercadería, con la supuesta complicidad de funcionarios de Aduana que habrían facilitado la entrada de los containers al país y hasta vendían, irregularmente, las estampillas que conferían visos de legalidad para suventa al mercado interno. Pero fueron pocos, y de poca monta, los involucrados que finalmente fueron a prisión.

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