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En
una respuesta directa a las críticas del Gobierno, los fiscales
federales salieron en un solo bloque a denunciar la “interferencia”
del Poder Ejecutivo en la investigación de los sobornos en el Senado
y exigieron a su jefe –el procurador Nicolás Becerra–
que respalde el trabajo de Eduardo Freiler y Federico Delgado.
El reclamo fue presentado a Becerra ayer, a primera hora de la tarde,
bajo la forma de una carta de dos carillas. Su contenido terminó
de ser acordado por los fiscales en actividad en una reunión a
puertas cerradas en los tribunales de Comodoro Py, que empezó poco
después del mediodía y se extendió durante más
de una hora y media.
“Hay preocupación por lo sucedido y se planteó que
era necesario hacer algo para neutralizar cualquier intento de avasallar
a quienes están investigando los sobornos, o que esta ofensiva
pase a mayores”, resumió uno de los asistentes a la reunión.
En el texto final, los fiscales exigieron al procurador “un pronunciamiento
explícito y terminante” para “respaldar la actividad
que cualquiera de los integrantes del Ministerio Público lleve
a cabo en cumplimiento de la Constitución Nacional”.
La réplica al Ejecutivo empezó a ser barajada el viernes
pasado, cuando el Gobierno disparó los cuestionamientos más
fuertes contra Freiler y Delgado.
El día anterior, los fiscales habían apelado la decisión
con la que el juez Carlos Liporaci benefició con la falta de mérito
a siete de los senadores investigados por el presunto pago de sobornos
para la sanción de la reforma laboral. El dictamen incluyó
fuertes críticas al Gobierno, al que la fiscalía acusó
de no colaborar con la investigación. Desde el Ejecutivo se achacó
a su vez a los fiscales el actuar movidos por segundas intenciones y el
estar reemplazando la falta de pruebas con una interpretación política
de los hechos. La reacción del Gobierno fue leída como una
pretensión de interferir en el accionar de la Justicia.
“En un Estado de Derecho, la independencia de los fiscales (...)
es una garantía para la sociedad”, se subraya en uno de los
párrafos del oficio elevado ayer a Becerra.
Fuentes cercanas al procurador anticiparon que dará a conocer entre
hoy y mañana su postura. Becerra estuvo fuera del país –en
un congreso en Panamá– cuando Freiler y Delgado dieron a conocer
la apelación que desató la polémica. Volvió
el domingo a la noche; sus allegados aseguran que desde entonces no habló
con los fiscales. Pero dan por descontado que dará un respaldo
formal a los suyos, e incluso que habrá una exhortación
al Ejecutivo para que respete la independencia de los poderes.
El reclamo de apoyo tiene sus antecedentes: los fiscales tomaron medidas
similares cuando el gobierno menemista apuntó contra el trabajo
de Carlos Stornelli en la investigación de la venta de armas. Y
más recientemente también pidieron que se apoye el desempeño
de Pablo Lanusse en relación con el supuesto tráfico de
influencias de sectores del Gobierno en una causa abierta que involucraba
al Banco de Galicia.
La carta a Becerra fue firmada por Gerardo Pollicita, Patricio Evers,
Pablo Recchini, Guillermo Montenegro, Claudio Navas Rial, Carlos Rívolo,
Jorge Di Lello, Jorge Alvarez Berlanda, Eduardo Taiano, Germán
Bincaz, Luis Comparatore, Paulo Starc, Carlos Cearras, Oscar Amirante
y Guillermo Marijuan.
Poco antes de agregar su firma a la lista, los dos últimos fueron
notificados de que en su fiscalía recayó una denuncia para
que se investigue si el ministro del Interior, Federico Storani, y Chrystian
Colombo, cometieron delito al cuestionar abiertamente a Freiler y Delgado.
El escrito fue presentado por el abogado Ricardo Monner Sans y se convirtió
en la primera denuncia judicial contra Storani y el jefe de Gabinete.
Casi al mismo tiempo, desde el Congreso nacional los diputados Jorge Rivas,
Elisa Carrió, Alfredo Bravo y Héctor Polino exigieron al
Gobierno que informe sobre su actuación en la causa, frente al
señalamiento de falta de colaboración realizado por los
fiscales.
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