Por Irina Hauser

Ninguno de los testigos que llevó el juez Carlos Liporaci para que declararan a su favor en el Consejo de la Magistratura, donde se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito, aportó pruebas que lo beneficiaran e incluso algunos consejeros pusieron en duda su credibilidad. La contadora Patricia Baulán –por ejemplo–, que realizó un informe del flujo de fondos del juez, llegó a decir que se sentía herida como profesional porque su cliente le había ocultado información. Así las cosas, en la Comisión de Acusación circulan propuestas para consensuar un dictamen acusatorio que se votará el martes 13 y que, según pudo establecer Página/12, recibirá apoyo mayoritario. Ese sería el punto de partida del proceso de juicio político contra el magistrado que decretó la falta de mérito en la causa por supuestos sobornos en el Senado.
–¿Cuánto cobró usted de honorarios por su trabajo para Liporaci?
–le preguntó Pablo Fernández (diputado de la Alianza) a la contadora Baulán.
–Cobré 800 pesos, pero en total son 4800 –respondió ella.
–¿Y cuando recibirá los 4000 restantes? –insistió Fernández.
–Yo también quisiera saberlo –fue la sorpresiva respuesta.
Fernández, indignado, anunció que antes del fin de semana presentará un dictamen acusatorio. Esa u otra resolución similar sería apoyada en la reunión del martes 13 por Carlos Maestro (Alianza), Miguel Pichetto (PJ), Fermín Garrote y Mario Gersenobitz. La menemista Lelia Chaya se abstendría. Mientras tanto, el tema también es investigado por el juez Gabriel Cavallo y el fiscal Pablo Recchini.
La principal fuente de sospecha sobre el aumento de la fortuna del juez es la compra de su casa, que los tasadores de la Corte valuaron entre 950 mil y 1.120.000 pesos contra los 610 mil que dice haber abonado él. Además de la contadora, declararon el prestamista que le facilitó parte del dinero y un amigo que dice haber pagado el alquiler de otra casa en el country Golfer’s que Liporaci usaba.
El prestamista. Guido Torrisi, un hombre canoso que dice no tener filiación política ni causas judiciales, contó que en vive de los ingresos de un garaje y que otorga préstamos hipotecarios sólo circunstancialmente. A Liporaci, dijo, lo conoció a través de la inmobiliaria que vendió la casa de Gaspar Campos 471. Le prestó 210 mil pesos porque le inspiraba confianza su condición de juez y porque hay una hipoteca de por medio. Si es necesario, añadió, dado que la deuda vence en julio, se la refinanciará, más allá de lo que gana como juez. También se mostró molesto porque a raíz de la pesquisa del Consejo le tocó ser investigado por la AFIP.
El amigo. Ogando contó que tiene una estrecha amistad con Liporaci. A pesar de eso, reconoció, no supo de antemano que su amigo pensaba comprar la vivienda de Vicente López. Pero dijo que se puso contento porque antes “parecían los Campanelli”, apiñados, nieto incluido, en un departamento. Ogando dijo que tiene autos, dos plazos fijos, un piso en Libertador y que sus ingresos provienen de una empresa de “sistemas digitales integrados”. Cuando le insistieron con posibles ingresos de la Cámara de Diputados, admitió que allí tiene un cargo de subdirector por el que cobra unos 2200, aunque no reporta a nadie ni tiene funciones fijas.
Robusto y trajeado, Ogando argumentó que Liporaci suscribió el alquiler en el Golfer’s porque él estaba en Misiones. Aseguró que venían buscando una casa, pero durante su viaje el juez y su mujer tomaron la posta. Y, casualmente, el hallazgo coincidió con su ausencia. Pero el alquiler de 1850 pesos y los gastos restantes, hasta el arreglo del lavarropas, dice que siempre los pagó él.
La contadora. Baulán fue a quien Liporaci encargó un informe para justificar sus pagos, ingresos y egresos. Ella lo hizo, pero ayer refunfuñó porque Liporaci no le paga y le ocultó datos, como por ejemplo,que una de sus hijas cobraba una pensión graciable de 500 pesos por mes. La contadora dijo que le advirtió que el “punto crítico” sería el mes de julio, cuando se venciera el préstamo. Le aconsejó tramitar un crédito, pero refirió que, según su cliente, ningún banco le quiere prestar plata. Además, afirmó que hay errores en las declaraciones patrimoniales del magistrado ya que olvidó consignar los ahorros acumulados –que oscilan entre 2500 y 3000 pesos por mes desde 1997–. Especificó que no estaban en ningún banco sino que los tendría escondidos en su casa.
En suma, el clima en la Comisión de Acusación muestra que Liporaci sería enviado a juicio político. Después, en el plenario del Consejo quizá la balanza de opiniones pueda favorecerlo. Pero también tiene la chance de renunciar antes, como rezan algunos rumores, que dicen que el juez de los sobornos está esperando algún guiño para hacerlo, obtener inmunidad a cambio y quedarse con algún “carguito”, algo que supo conseguir para casi toda su familia.

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