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Luis Bruschtein
destacó en su columna del sábado la importancia que
tuvo el proceso de participación que, inundaciones mediante
y por razones de fuerza mayor, protagonizaran el Gobierno de la
Ciudad y los vecinos de Belgrano. Recuperando este señalamiento,
parece sensato destacar que el fenómeno de la participación
de la comunidad, en lo que refiere a la Ciudad de Buenos Aires,
no tendría por qué circunscribirse a la agenda que
impone un desastre como la inundación reciente. La Constitución
de la Ciudad define como forma de gobierno el sistema de la democracia
participativa. Esto da lugar a que el articulado de su estatuto
fundador incluya un sinnúmero de instituciones que, si funcionaran,
potenciarían decididamente la participación popular.
No todos lo sabemos, pero en su artículo 52 la Constitución
ciudadana incorpora el Presupuesto Participativo como criterio de
gestión de las cuentas públicas, recuperando de este
modo la experiencia que desde hace doce años se impulsa en
Porto Alegre y que se ha transformado en un modelo ejemplar de democratización
de la gestión pública capaz de replantear el papel
del Estado y de orientar el rumbo de la economía. No es sólo
la Constitución la que habla de esto, también en ocasión
del debate sobre la Ley de Administración Financiera de la
Ciudad, la Legislatura metropolitana se comprometió a sancionar
la norma que regulara el proceso de participación en el presupuesto
antes de que finalizara 1998. Hoy hay cinco proyectos en la Legislatura
que, con distintas ópticas, proponen desarrollar este instrumento.
Sin embargo, el Presupuesto sigue siendo tarea unilateral del Ejecutivo,
con una limitada apertura en el debate legislativo, y sin la necesaria
participación directa de la comunidad que, como sabemos,
sigue siendo la que paga el pato ante la dilapidación de
los recursos públicos y la ausencia de inversiones imprescindibles.
El anterior jefe de Gobierno de la Ciudad (el actual presidente
Fernando de la Rúa) solía justificarse diciendo que
habría participación en el presupuesto cuando se crearan
las comunas. Nunca quedó claro por qué el presupuesto
podía ejecutarse sin descentralización y no podía
discutirse sin dicho proceso. Máxime, cuando en Porto Alegre
la experiencia de Presupuesto Participativo resultó ser un
insumo clave –y previo– en la tarea de zonificar la ciudad.
La experiencia porteña indica que hasta el momento la ciudad
carece de presupuesto participativo y también de comunas.
Si hubiera voluntad política, el móvil instalado por
el Gobierno de la Ciudad y la presencia de funcionarios rindiendo
cuentas y discutiendo alternativas con la comunidad podría
ser el modo normal de gestionar los asuntos públicos y no
el resultado de una crítica coyuntura.
* Secretario de Estudios y Formación - CTA Central de los
Trabajadores Argentinos.
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