Por Victoria Ginzberg
Desde Mar del Plata

“Este tribunal no es presionable. Ni la falsa denuncia ni la injuria lo alejará del propósito de investigar la verdad sobre lo ocurrido durante el terrorismo de Estado”, aseguró, serio, el juez del Tribunal Oral de Mar del Plata, Roberto Falcone, antes de que comenzara la primera audiencia del Juicio por la Verdad en la ciudad balnearia. La frase no sorprendió a los presentes: Falcone aludía a una campaña desatada en Mar del Plata contra los magistrados del Tribunal Oral desde que éstos ratificaron su competencia para indagar sobre el destino de los desaparecidos. Después de esa declaración entró Alfredo Battaglia, el primer testigo del juicio. El y Julio César D’Auro narraron su paso por distintos centros clandestinos de detención de “La Feliz”.
Battaglia, abogado y miembro del Partido Comunista, fue detenido el 24 de marzo de 1976 a la tres de la mañana. Una decena de personas –miembros de las Fuerzas Armadas y policías de civil– con armas largas y cortas irrumpieron en su casa y lo llevaron, en pijama, hasta la Prefectura Naval. En el ascensor le ataron las manos en la espalda y lo encapucharon. El abogado narró cómo desde Prefectura, donde dormía junto a otros dos prisioneros, lo trasladaban durante el día a distintas dependencias de las Fuerzas Armadas: la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), la Base Naval y la Base Aérea. Esta última se convertiría con el tiempo en La Cueva, según palabras del testigo “el lugar de mayor represión y tortura de Mar del Plata”. En ese centro clandestino estuvieron detenidos los abogados laboralistas secuestrados en “la noche de las corbatas”, el primer hecho que decidió investigar el tribunal que indagará sobre el destino de los más de 300 desaparecidos de la zona.
Battaglia reveló que durante los interrogatorios le preguntaban por los miembros de la gremial de abogados y de militantes de izquierda y especificó que, aunque no sufrió la picana, fue víctima de otro tipo de torturas, como los simulacros de fusilamientos. Tranquilo y seguro, habló durante casi dos horas fluidamente sin que los fiscales, los jueces o los abogados de las partes tuvieran necesidad o pudieran interrumpirlo.
“En La Cueva, que todavía no estaba preparada para ser un lugar de detención, los oficiales nos preguntaban porqué estábamos ahí... y nosotros se lo preguntábamos a ellos”, expresó Battaglia. El abogado fue trasladado a Sierra Chica, donde estuvo un día y luego fue llevado a la comisaría 4ª de Mar del Plata, a la cárcel de Devoto y a la Unidad 9 de La Plata.
En los penales, Battaglia ya estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), pero eso no significaba un buen trato por parte de sus carceleros. “Nadie podía mirar a quien interrogaba o daba órdenes. Había que tener las manos atrás y la cabeza baja para no recibir sanciones. Era el índice de la humillación. Los guardiacárceles nos trataban con patadas, zancadillas. Lo peor era caerse porque te levantaban a patadas y de los pelos”, describió el hombre, que hoy tiene 69 años. Para ejemplificar la calidad y cantidad de comida que recibían, el abogado relató que el hambre provocó que un detenido chileno armara un hilo largo con cordones de zapatos y, con un bote de basura, fabricó una trampa para ratas. Battaglia salió en libertad en septiembre de 1977.
El otro testigo de la jornada fue el martillero público Julio César D’Auro, quien fue secuestrado en la calle el 19 de julio de 1976 “por la tardecita”. D’Auro, que había sido secretario del bloque de concejales del Frejuli en 1973, describió que en la época de su cautiverio la comisaría 4ª y la Base Aérea (La Cueva) ya habían sido acondicionados como centros clandestinos de detención.
Battaglia y D’Auro coincidieron en señalar al coronel Pedro Barda como responsable de su detención. Una vez en libertad, el abogado se entrevistócon el militar, quien le dijo que él “decidía sobre la libertad de los desaparecidos”. D’Auro también mencionó al teniente Aníbal Cativa Tolosa como jefe del grupo de tareas que se ocupaba de los secuestros de los “subversivos” peronistas. El militar murió en un enfrentamiento en octubre de 1976 y esa misma noche el martillero público y sus compañeros de cautiverio fueron torturados en represalia.
En el momento de las preguntas, el tribunal –que además de Falcone integran Mario Alberto Portela y Néstor Rubén Parra– hizo hincapié en la participación en secuestros y tareas de inteligencia de los civiles que formaban parte de las bandas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y el Comando de Organización (C de O). Entre los integrantes de estos grupos, D’Auro mencionó a Armando Nicolella, quien luego formó parte de la seguridad de las empresas de Alfredo Yabrán.
Las presiones y la campaña de desprestigio que mencionó el juez Falcone al inicio de la audiencia, se supone, provienen de sectores vinculados con las patotas civiles que colaboraban con los militares e incluso hacían sus propias operaciones. Falcone y otros miembros de la Justicia marplatense están enfrentados con un grupo de abogados liderado por el actual conjuez y ex fiscal federal, Gustavo Demarchi. Este hombre fue titular de la fiscalía federal de Mar del Plata durante la dictadura y un empleado suyo estuvo relacionado con el asesinato de la estudiante Silvia Filler, a quien la CNU mató en 1971, durante una asamblea. Las preguntas sobre la participación de los miembros del CNU en la represión estatal anuncian la dirección que puede tomar este juicio.
“Si bien hay leyes de impunidad, los civiles no están protegidos y podrían ser sometidos a un juicio con las garantías que no tuvieron los desaparecidos. Además, estos delitos no prescriben”, afirmó Cesar Ventimiglia, abogado de Acción Ciudadana, una de las cuarenta asociaciones que adhieren y promueven este juicio junto con los organismos de derechos humanos.

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