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Por Adriana Meyer
 Cuando el ex diputado justicialista
César Arias pidió que la Justicia investigue a Carlos Menem
y a todos los funcionarios de su gobierno por lavado de dinero nunca imaginó
que esa iniciativa podría prosperar. Un fiscal federal quiere saber
si Estados Unidos tiene información sobre los imputados, entre
quienes se encuentra el ex presidente. Arias había hecho la denuncia
a partir de las declaraciones del ex jefe de la DEA –Drug Enforcement
Administration– en la Argentina, Abel Reynoso. En julio de 1999,
cuando lo relevaron del cargo, Reynoso reveló que investigaba una
operación de lavado de 1300 millones en apenas 15 meses. Según
el agente, la maniobra involucraba a políticos argentinos, uruguayos
y brasileños.
El fiscal Luis Comparatore había iniciado una investigación
que tenía el mismo objetivo que la denuncia de Arias, pero ambas
se unificaron en el expediente que quedó en manos del juez federal
Adolfo Bagnasco. Reynoso es un nacido argentino que emigró de chico
a los Estados Unidos. Volvió a la Argentina trabajando para la
DEA. Cuando lo relevaron, concedió una entrevista a la revista
Noticias en la que reconoció que investigaba la participación
de tres bancos de primera línea en una millonaria maniobra de lavado
de dinero, junto al FBI y a la SEC (Securities and Exchange Commission),
la comisión de valores norteamericana.
Según los datos que poseen esos organismos, el caso de la mafia
del oro y uno similar en Brasil habrían tenido como objetivo lavar
dinero, y tenían su centro de operaciones en Montevideo y ramificaciones
en San Pablo, Panamá y Buenos Aires. Los investigadores norteamericanos
elaboraron un informe en el que establecía que “los fondos
provienen del narcotráfico, de retornos de privatizaciones, de
la venta ilegal de armas y del tráfico de oro, y una vez lavados
se reinvierten en Brasil y en la Argentina, asociados con capitales genuinos
en fondos de inversión”. La maniobra habría contado
con la creación de sociedades fantasma en Uruguay, realizadas en
un estudio jurídico vinculado con un ex candidato presidencial.
En apenas 15 meses pasaron 1300 millones de dólares por cuentas
como la conocida Daforel, mencionada tanto en los casos de venta de armas
e IBM-Nación. En esta trama también aparecen los manejos
financieros de los banqueros Raúl Moneta, Carlos y José
Rohm, bajo la mira del SEC.
César Arias era, y sigue siendo, el apoderado del Partido Justicialista,
cuyos cuadros ocuparon la administración sospechada por la pesquisa
norteamericana. “Habrá especulado con un sobreseimiento masivo
o un pedido de archivo, pero le salió mal”, comentó
a Página/12 un veterano funcionario judicial. Sin embargo, la denuncia
circuló varios meses por distintos despachos, tuvo un paso por
la Cámara Federal, hasta que cayó en el Juzgado Federal
Nº 7, ocupado por Bagnasco (por pocas semanas más). El fiscal
que trabajó durante 1999 con ese magistrado es Miguel Angel Osorio,
quien conocía cada detalle de la mafia del oro por haber sido su
investigador, y le fue delegada esta causa. El 13 de septiembre de 2000
impulsó la denuncia de Arias, que tomaba como base las declaraciones
de Reynoso. En su requerimiento, Osorio detalló que el delito se
habría cometido a lo largo de todo el territorio nacional y sus
vías de acceso, y estarían involucradas “las más
altas autoridades nacionales”. Y describió “la condición
estructural de nuestro país como centro de triangulación
y consumo de drogas, avalado por el aparato estatal”. Los imputados
son el ex presidente Carlos Menem, el ex funcionario Alberto Kohan, el
traficante Monzer Al Kassar y el banquero Gaith Pharaon.
El fiscal pidió la declaración testimonial de Reynoso y
solicitó, en base al Tratado de Cooperación firmado con
los Estados Unidos, copias de la información que hubiesen remitido
desde ese país a la Argentina sobre investigaciones relativas a
narcotráfico y lavado de dinero que involucren a funcionarios del
anterior gobierno nacional. Y tras conocer la existencia de la investigación
sobre lavado de dinero que hizo el Senado norteamericano, publicada el
lunes en exclusiva por Página/12, Osoriopodría requerir
que le envíen también esos datos. El informe compromete
a los bancos República, Federal, Citibank y Mercado Abierto, de
Aldo Ducler, ex asesor del senador Ramón Ortega.
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