“El informe del Senado norteamericano va a tener consecuencias importantísimas para la lucha contra la corrupción en el país”, vaticinó ayer Elisa Carrió. Y se animó a anticipar que su segunda parte será “profundamente esclarecedora”. En diálogo con Página/12, la diputada sostuvo que la investigación sobre el lavado de dinero en la Argentina que inició junto a su par Gustavo Gutiérrez fue “planchada” por los responsables políticos del Banco Central, con Pedro Pou a la cabeza. Y en principio desestimó que el asesinato del financista Mariano Perel y su esposa en Pinamar tenga vinculaciones con el tema.
–¿Hasta qué niveles puede escalar la investigación abierta en el Senado norteamericano?
–Hay expectativas fundadas, y estoy satisfecha porque creo que realmente se está empezando a ver la verdad. Para mí que se haya conocido esta primera parte del informe es un gran descanso, porque confirma nuestras investigaciones. Además, la difusión pública de alguna manera nos preserva. Se corren demasiados riesgos trabajando en silencio.
–Raúl Moneta acaba de asegurar que se contactó con representantes del gobierno norteamericano, quienes le garantizaron que no hay ninguna investigación abierta sobre él.
–El subcomité del Senado tiene en sus manos toda la documentación, y allí hay pruebas. Los que depositaron en esas cuentas saben quiénes son y debe haber muchos que están muy preocupados. En lo personal, creo que no hay que gastar energías en contestarle a Moneta. Pero vale la pena recordar que el Senado norteamericano es el que investigó a (el ex presidente de México) Carlos Salinas de Gortari.
–¿La documentación enviada al subcomité involucra a Moneta?
–Absolutamente. Y también al caso IBM-Banco Nación.
–¿A qué funcionarios del menemismo toca la información en poder del Senado?
–Es un tema que no se debe anticipar.
–¿Cuál fue la respuesta de los responsables del Banco Central mientras ustedes trabajaban sobre el punto?
–Hubo una clara actitud de frenar todo. Pareciera que el que estaba a cargo de la superintendencia de entidades financieras, que es quien planchó los expedientes, fue Javier Bolzico, un funcionario vinculado con (Alberto) Kohan, que ya dejó el cargo. Pero también hubo omisiones de todo el directorio del Banco Central. Se tomaron cuatro años para mandar a pedir un dictamen a la gerencia de control.
–¿Qué le sugirió el hecho de que en la cabaña, donde fueron asesinados Mariano Perel y su esposa, apareciera un recorte con declaraciones suyas sobre el lavado de dinero?
–Me asustó un poco, no sabía si se trataba de un mensaje mafioso. Pero ahora me inclino a pensar que no. De todas maneras decidimos adoptar algunas medidas de seguridad.
–¿Cree que los homicidios pueden estar ligados al lavado de dinero?
–Si bien Perel trabajaba en una corporación vinculada con los bancos que se investigan, no estoy segura de que fuera así. A partir de la información que se fue reuniendo durante el día de hoy, pareciera que no, que la hipótesis perdió fuerza.
–¿Pidió que le pusieran custodia?
–La acabamos de pedir, junto a (el diputado) Gustavo Gutiérrez. El Ministerio del Interior ordenó poner una para mí y mis hijos, y otra para su familia.
–¿Sabe algo más sobre la entrada de desconocidos a la casa que usted había alquilado en Punta del Este?
–Fue algo muy extraño. Estoy convencida de que se trató de una operación, sobre todo porque dos días después del primer episodio intentaron volver a entrar en la casa. Y eso hay que sumar que Gustavo también tuvo problemas en la suya cuando volvió de sus vacaciones.

RAUL MONETA ALEGA TOTAL INOCENCIA
Cómo defenderse atacando

El banquero Raúl Moneta aseguró ayer a través de una nota que el Banco República, que él presidía, “no ha intervenido jamás en operación alguna de lavado o blanqueo de dinero, de legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas o en operaciones que puedan ser consideradas siquiera sospechosas en ese sentido”.
En una nota de dos carillas que lleva su firma, enviada a la agencia de noticias DyN, Moneta rechazó las acusaciones contenidas en un informe conocido en Estados Unidos –anticipado en forma exclusiva por Página/12 el lunes– que involucran, entre otros, al banco que él presidía.
Además, criticó a los diputados nacionales Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez, que efectuaron denuncias en su contra. Moneta aseguró que el informe sobre lavado de dinero en el que se incluye al desaparecido Banco República “está suscripto solamente por asesores de un senador demócrata de los Estados Unidos, el señor Carl Levin”. Y agregó que “hemos contactado a representantes del gobierno de Estados Unidos, quienes nos han asegurado la inexistencia de investigación alguna que nos involucre”. Carrió, por su parte, insistió ayer en que el informe preliminar dado a conocer en el Senado norteamericano sobre bancos argentinos presuntamente vinculados con el lavado de dinero confirma sus denuncias sobre la existencia de “mafias en el Estado”. “Yo siempre dije que en la Argentina había una especie de Estado mafioso y que había mafias que seguían funcionando”, dijo Carrió. Y advirtió que “ésta es una cuestión compleja que hay que investigar a fondo”. Carrió presentó denuncias al Senado de EE.UU. hace un año. Y ayer reiteró que el titular del Banco Central, Pedro Pou, “va a tener que responder cómo es posible que el Senado de EE.UU. haya investigado en cuatro meses lo que él no investigó en cuatro años”, y detalló que en la investigación se descubrió “el lavado de dinero por medio del Citibank de Nueva York” por una suma “del orden de los 400 millones” de dólares. Carrió informó además que presentó “un escrito ante el Consejo de la Magistratura acompañando documentación referente a las operaciones de lavado de dinero efectuadas a través del Banco República y el Federal Bank”.

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DICTAMINO CONTRA EL JUEZ LEIVA
Más cerca del jury de enjuiciamiento

Con cinco votos contra dos, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura emitió ayer un dictamen contra el juez mendocino Luis Leiva y aprobó el inicio del trámite para su remoción. El magistrado está acusado de “mal desempeño de sus funciones”, pero como en el debate de ayer no hubo acuerdo a la hora de redactar de los fundamentos de la medida, la redacción del texto se postergó hasta la semana próxima.
Los veinte consejeros que integran el Consejo de la Magistratura deberán votar finalmente si envían o no el dictamen contra Leiva al jurado de enjuiciamiento. Los cinco miembros que votaron ayer a favor de la acusación fueron los consejeros-legisladores Lelia Chaya, Miguel Pichetto y Augusto Alasino –los tres justicialistas– y los consejeros-abogados Juan Gersenobitz y Fermín Garrote. Los que se opusieron a promover la destitución del magistrado mendocino fueron los consejeros-diputados Carlos Maestro (UCR) y Pablo Fernández (Frepaso). Este último estuvo ausente ayer por problemas familiares, pero ya había redactado junto con Maestro el dictamen sugiriendo la desestimación del juicio político. Al fundamentar su voto, Maestro advirtió que el intento de destitución de Leiva es “una presión de un grupo empresario” para lograr la separación del juez de su cargo.
Leiva cobró notoriedad a raíz de la causa que instruyó contra el banquero y empresario Raúl Moneta, con quien mantiene una dura pelea plagada de acusaciones mutuas. Antes, se había hecho cargo del caso por la obtención irregular de documentos del sirio Monzer Al Kassar, causa que finalmente recaló en un juzgado porteño. En 1996, volvió a ser noticia cuando procesó a 22 ex funcionarios del Banco de Mendoza, todos ellos vinculados a los ex gobernadores José Octavio Bordón y Rodolfo Gabrielli. “No me dejo presionar y el que lo intente cometerá un grave error” suele decir Leiva. “Si condenar a los culpables es ser un duro, pues entonces lo soy. Es de blandos cargar sólo contra ladrones de bicicletas y ése no es mi estilo”, le dijo en 1999 a la revista Noticias.
La denuncia en su contra que cobró más notoriedad fue la que presentaron por su actuación en la causa en la que investigó la liquidación del Banco de Mendoza y en la que imputó a Moneta. Leiva había acusado al ex titular de los bancos Mendoza y República del delito de subversión económica. Moneta estuvo prófugo durante medio año, hasta que la Corte Suprema de Justicia declaró a Leiva incompetente para seguir con el trámite de ese expediente y se lo remitió al juez federal porteño Gustavo Literas.
A raíz de esa situación, Moneta impulsó un pedido de juicio político contra Leiva.
Pero hay otros cuestionamientos al magistrado que no tienen relación alguna con ese conflicto y que, según indicaron las fuentes, tienen incidencia en el trámite acusatorio. Otro juez federal de Mendoza, Raúl Acosta, presentó un escrito en donde se habla del supuesto contrabando de 52 maletines que Leiva habría introducido desde Chile y que obsequió a los magistrados que participaron de las VII Jornadas de jueces federales con competencia penal, realizadas en 1995. También se lo cuestiona por la compra de dos terrenos que, según la denuncia, habrían sido escriturados por debajo de su valor real en un barrio privado mendocino. Además, se presentó otra denuncia porque Leiva había sido quien dispuso la libertad del comerciante de armas sirio Monzer Al Kassar.

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