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Por A. M.
 Los vapuleados fiscales federales
Eduardo Freiler y Federico Delgado pusieron en blanco sobre negro la “falta
de compromiso” del Poder Ejecutivo en la investigación sobre
el escándalo de las coimas en el Senado. Ayer le pidieron al juez
Carlos Liporaci que reiterara las medidas que no cumplieron –o lo
hicieron en forma parcial– la Dirección Nacional de Migraciones,
la Policía Federal, el Banco Nación y el Honorable Senado.
Como botón de muestra, los investigadores saben cuándo pero
no a dónde viajaron los legisladores imputados.
En el dictamen con el que pidieron el procesamiento de siete de los once
senadores a los que el juez había dictado la falta de mérito,
Freiler y Delgado cuestionaron la falta de colaboración del Ejecutivo
ante los pedidos que le hacía la Justicia en este caso. Recibieron
variadas críticas desde distintos frentes del Gobierno y también
desde la jefatura del bloque justicialista del Senado. Por eso decidieron
detallar en qué se basaron al emitir su queja. Esto es lo que debería
hacer Liporaci:
 Pedir a la Dirección
Nacional de Migraciones que elabore un informe complementario al que presentó
el 5 de enero porque falta saber el destino de los viajes realizados por
varios senadores, por ejemplo el efectuado por Eduardo Bauzá el
24 de mayo y el 14 de julio de 2000, el de Ricardo Branda el 11 de junio,
los de José Genoud el 20 de julio y 10 de agosto, y el de Alcides
López del 5 de junio.
Solicitar a la Policía
Federal que prepare un informe, a través de las diferentes compañías
de aeronavegación, tendiente a establecer el recorrido de los viajes
efectuados por los senadores imputados entre abril y agosto de 2000. Sugirieron
que colabore Interpol Argentina.
Intimar a los representantes
legales de las empresas que comercializan tarjetas de crédito para
que informen sobre la existencia de bases de datos que permitan establecer
definitivamente si los imputados tienen tarjetas emitidas en el exterior.
En este punto señalaron que la información requerida al
Banco de Boston respecto del senador Javier Meneghini debió dirigirse
a la sucursal Santiago del Estero.
Insistir ante las autoridades
del Banco Nación para que cumplan con la solicitud sobre información
bancaria de los imputados. Las mismas adujeron que era una tarea demasiado
compleja y difícil de concretar.
Pedir al director de la Administración
Nacional de la Seguridad Social que informe sobre el destino de los 39
millones 400 mil pesos que le fueron otorgados para indemnizaciones que,
finalmente, no habrían sido pagadas.
Reiterar los oficios a la Comisión
Bicameral de Fiscalización de los Organos de Inteligencia y Seguridad
Interior, a la Comisión de Asuntos Constitucionales, a la Secretaría
Administrativa del Senado y a la presidencia de ese cuerpo para la obtención
de información sobre la distribución de gastos de bloque,
subsidios, pensiones graciables y viajes al exterior.
Citar a declaración
testimonial a los diputados Alfredo Bravo, Elisa Carrió y Alicia
Castro.
BECERRA
LE ENVIO UNA NOTA CRITICANDO AL EJECUTIVO
Jorge de la Rúa en apuros
Al ministro de
Justicia, Jorge de la Rúa, se le acerca un nubarrón. En
función de un pedido de los fiscales federales, el procurador general
de la Nación, Nicolás Becerra, le notificará hoy
que no acepta ninguna clase de intromisión del Poder Ejecutivo
en la investigación de los sobornos en el Senado. La iniciativa
de Becerra es una señal de respaldo a los fiscales Eduardo Freiler
y Federico Delgado, que fueron duramente cuestionados por el Gobierno
la semana pasada cuando apelaron la falta de mérito a los sospechosos
en la causa de las coimas. También pone al descubierto una suerte
de conflicto de poderes.
“Me parece que va a ser excesivo”, anticipó su evaluación
el viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga. “No hubo interferencia,
no hubo ataque a los fiscales; hubo ayuda a la investigación y
va a seguir existiendo esa línea de trabajo porque es una orden
del Presidente de la nación”, planteó el funcionario.
Precisamente, una de las cuestiones que señalaba la apelación
de Freiler y Delgado era la falta de colaboración del Gobierno
en la pesquisa. En respuesta, el Ejecutivo reprochó a los fiscales
actuar movidos por segundas intenciones y hacer una interpretación
política de los hechos. Esta reacción fue interpretada desde
el Ministerio Público como un intento de interferir en el accionar
judicial. Por eso todos los fiscales firmaron una carta pidiendo respaldo
a su jefe, Becerra, en la que afirmaban, entre otras cosas, que “en
un Estado de Derecho, la independencia de los fiscales (...) es una garantía
para la sociedad”.
El procurador dará hoy a conocer su apoyo a los fiscales y exhortará
al Ejecutivo para que respete la independencia de poderes en un texto
que estaba terminando de redactar ayer a la tarde. Becerra ya adoptó
medidas similares en dos ocasiones: cuando el Gobierno del ex presidente
Carlos Menem cuestionó al fiscal Carlos Stornelli por la investigación
sobre venta de armas, también avaló al fiscal Pablo Lanusse
quien denunció supuesto tráfico de influencias de miembros
del Ejecutivo en una causa abierta que involucraba al Banco de Galicia.
Entretanto, a raíz de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans,
los fiscales Oscar Amirante y Guillermo Marijuán analizan si el
ministro del Interior, Federico Storani, y el jefe de Gabinete, Chrystian
Colombo, cometieron algún delito al cuestionar abiertamente a Freiler
y a Delgado.
“El Gobierno jamás ha interferido en el trabajo de los fiscales
o el juez”, insistió Ricardo Ostuni, vocero del presidente
Fernando de la Rúa.
Lo que admitió a regañadientes es que “en lo que se
coincide es en que la institución (el Senado) recobre su prestigio”
y que desde la “mesa de diálogo” podrían propiciarse
cambios en el Congreso.
LIPORACI
SE DEFIENDE EN UN REPORTAJE
“Esto ha sido una campaña”
El juez federal
Carlos Liporaci salió a defenderse de las críticas por su
actuación en la causa de los supuestos sobornos en el Senado, y
de las acusaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
“Esto ha sido una campaña de desprestigio sobre mi persona
y mi familia”, aseguró sin mucha originalidad el magistrado,
en un reportaje concedido al sitio diariojudicial.com
A continuación, los párrafos más salientes de las
declaraciones del magistrado.
“El doctor (Antonio) Cafiero
ha dicho en más de una oportunidad procesal que no tiene ninguna
prueba, nada más que un íntimo convencimiento. Es llamativo
que ahora se rasgue las vestiduras cuando él ha dicho con claridad
que no tiene pruebas.”
“No disminuyó mi
convicción (sobre el pago de sobornos) sino que los simples indicios
no alcanzan para llevar a una persona a proceso. Yo hablé de indicios,
pero son sólo eso.”
“(A Alberto Flamarique
y Fernando de Santibañes) se los cita a prestar declaratoria porque
hay preguntas que hacerles para saber de dónde salió el
dinero del supuesto cohecho.”
“Nunca pensé en
abandonar la causa, en enfermarme o en renunciar.”
“Acá se instaló
la idea de que un juez no puede tener bienes. (...) También parece
que un juez no se puede endeudar. (...) Parece que mis hijos, por portación
de apellido, no pueden trabajar en la administración pública.
Se cuestiona que formé una familia donde lo de uno es para todos.”
“El Consejo de la Magistratura
no encaja en nuestro sistema de gobierno. Por tradición y porque
somos un sistema presidencialista. (...) Para ciertos consejeros y para
cierto periodismo, la función del Consejo es echar a los jueces.”
* “Todo esto es un ataque, como lo ha dicho el
ex vicepresidente (Carlos Alvarez), para renovar el fuero federal, porque
según ellos es corrupto. Me tocó a mí, como le podía
haber tocado a otro colega.”
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