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Por Irina Hauser
 Con la audacia que la caracteriza,
María Julia Alsogaray recorrió ayer la mayoría de
los juzgados federales donde tiene causas pendientes para anunciar que
de ahora en más se defenderá sola, “sin la asistencia
de letrados”. La ex secretaria de Recursos Naturales llevó
a los jueces un escrito donde se queja de que “al comenzar la contienda
electoral de 1999 se produjo una verdadera catarata de denuncias calumniosas
desde la tribuna política” en su contra “y la promesa
de llevar dichas acusaciones a los Tribunales”. Es algo similar a
lo que ya afirmó cuando querelló a la Oficina Anticorrupción
(OA). “No deseo seguir alimentando este juego, al que quiero y puedo
enfrentar personalmente”, dice el documento.
“Conspicuos exponentes de la Alianza gobernante, como el ex vicepresidente
de la Nación, Carlos Alvarez, y el ministro del Interior, Federico
Storani, se encuentran en la necesidad de conseguir a cualquier precio
alguna medida judicial en mi contra, como forma de ver confirmada su temeraria
afirmación de que soy una ‘figura emblemática de la
corrupción menemista que ya ha sido condenada por la opinión
pública”, despotrica la ingeniera en su presentación.
Ya a fines de enero, Alsogaray anunció su decisión de renunciar
a los servicios de los abogados Oscar Rabinovich, Roberto Eliosoff y Pablo
Slonimsqui, a pesar de que en su momento los describió como “los
mejores técnicos”. Es que, al parecer, las conversaciones
con el ex presidente Carlos Menem la llevaron a concluir que era conveniente
cambiar de estrategia y asumirse como víctima de una persecución
política para afrontar la veintena de causas judiciales en que
está implicada.
Para defenderse a sí misma, la ex interventora de ENTel dijo que
se ampara en el Pacto de San José de Costa Rica. Todo indica que
el único caso en que no lo hará es en el expediente por
enriquecimiento ilícito, en el que fue procesada por el juez Juan
José Galeano y por el que tiene prohibido salir del país.
En ese caso nombraría a un abogado. Algunos rumores señalaban
como candidatos posibles a ese rol a Mariano Cúneo Libarona y a
Mariano Cavagna Martínez, un íntimo del juez federal Adolfo
Bagnasco, quien se prepara para trabajar en su estudio cuando deje de
ser juez. Bagnasco instruye una causa contra María Julia en la
que está cuestionada por haber entregado en forma supuestamente
indebida, mientras manejaba la venta de la ex ENTel, 200 hectáreas
de Radio Nacional. Pero ése no es el peor de sus dolores de cabeza.
La causa por enriquecimiento está apelada ante la Cámara
Federal, que deberá resolver si ratifica su procesamiento. Con
todo, el expediente más peligroso para ella es otro que está
en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, en que la OA la acusó
de liderar una asociación ilícita junto con otros ex funcionarios
y que la podría llevar a la cárcel, ya que se trata de un
delito no excarcelable. Con algunos de aquellos viejos compañeros
que aparecen imputados en varios casos, y que tienen defensores propios,
Alsogaray encarará una suerte de defensa conjunta.
En el texto que distribuyó en los tribunales federales, la ex funcionaria
mimada de Menem volvió a responsabilizar a la OA de liderar una
“cruzada denunciera” y de tener “una actitud desembozadamente
persecutoria, cuestionando sistemáticamente la oportunidad, el
mérito y la conveniencia de las decisiones y acciones que me tocó
asumir y realizar durante mi paso por la función pública”.
Para rematar, la ingeniera dice que tiene “tranquilidad de conciencia”
y que no duda de que podrá responder a las demandas en su contra
defendiéndose sola.
MARIO
DADONE DESCARGO RESPONSABILIDAD EN UN MUERTO
El viejo truco en IBM Nación
Por A.M.
Quienes escuchaban la declaración
del ex directivo del Banco Nación, Mario Dadone, se miraron como
si ya hubieran asistido a una escena similar. Dadone fue indagado por
el juez Adolfo Bagnasco acusado de fraude y cohecho en el caso IBM-Banco
Nación y aseguró que el dinero que apareció en una
cuenta bancaria en el exterior a nombre de su esposa perteneció
al fallecido Roberto Imposti, otro ex directivo del Nación. La
mujer también declaró y afirmó que su marido le pidió
que firmara para abrir una cuenta, pero que ella desconocía con
qué objetivo. Hoy declara su hermano, el ex presidente de esa entidad
Aldo Dadone, y su cuñada Elizabeth Albarracín.
Acompañado por el abogado Mariano Cuneo Libarona, Mario Dadone
se presentó –de traje azul a rayas– y su esposa de tailleur
negro y “muy arreglada”. Bagnasco lo había procesado,
pero en 1996 la Cámara Federal lo benefició con la falta
de mérito. El juez decidió citarlo a él y a su hermano
de nuevo a indagatoria porque recibió informes del juez de Ginebra,
Michel Graber, sobre el movimiento de cuentas de los Dadone y sus esposas.
A Dadone se le imputa haber recibido una suma de dinero por haber logrado,
mediante su actuación como integrante del directorio del Nación,
el direccionamiento de la licitación del proyecto informático
Centenario en beneficio de la empresa IBM. La informatización de
525 sucursales le iban a costar al banco 249 millones de pesos y la coima
pagada ascendería a 37 millones, aunque sólo se llegaron
a pagar 21.
El dinero recibido por Dadone habría sido girado desde la cuenta
3494 que la empresa CCR poseía en el Banco General de Negocios,
con distintas transferencias bancarias en el exterior que finalmente fueron
depositadas en la cuenta 745.985 y 747.417 de la Unión de Bancos
Suizos de Zurich a nombre de Mabel Caldara, su esposa. Fueron 1 millón
159 mil dólares que ingresaron en esa cuenta el 25 de mayo de 1994.
Mario Dadone era el apoderado de esa cuenta.
El acusado relató ayer ante el juez y el fiscal Carlos Cearras
que Ricardo Imposti, otro miembro del directorio, le ofreció participar
en un negocio de inversión en campos. Dadone dice que le respondió
que no le interesaba, pero ofreció prestarle dinero. Firmaron un
contrato por un préstamo de 280 mil pesos. Imposti no devolvió
las primeras dos cuotas pero al tiempo le anticipó a Dadone que
iba a recibir 1 millón 159 mil dólares –la cifra exacta
detectada en la cuenta suiza– y que la iba a poner en una cuenta
en el exterior. Dadone le ofreció que usara una de sus cuentas
ubicadas fuera del país. Acordaron un mecanismo por el cual Imposti
pudo retirar, según la versión de Dadone, la diferencia
entre lo que le debía y el dinero recibido.
Dadone aseguró que no le preguntó a Imposti sobre el origen
del dinero y que tampoco le llamó la atención que alguien
que no podía pagar una deuda de pronto recibiera una suma semejante.
Sin embargo, recordó que en 1996, cuando el estalló el escándalo
a partir de la publicación del libro La Nación Robada del
periodista Santiago Pinetta, empezó a pedirle explicaciones a su
compañero de directorio. Quería saber si había usado
su cuenta para canalizar el dinero del soborno mencionado en la denuncia.
En ese momento de la declaración, el fiscal Cearras le preguntó
si estaba acusando al fallecido Imposti de haber cobrado parte de la coima.
Dadone respondió que “de ninguna manera”. Y continuó
explicando que dejó de llamarlo a partir del pedido de un familiar
de Imposti porque estaba muy enfermo y se ponía nervioso. Imposti
murió en febrero de 1997.
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