Por Carlos Noriega
Desde Lima
Por la oficina que Vladimiro
Montesinos tenía en el Servicio de Inteligencia desfilaron políticos
oficialistas y de oposición, jueces, fiscales, empresarios, periodistas.
Una cámara oculta los grabó guardándose en los bolsillos
gruesos fajos de dólares y recibiendo instrucciones. El capo de
la mafia registró para la posteridad pero ahora para los
tribunales dejusticia la corrupción de la clase dominante
peruana.Durante largo tiempo la videoteca de la corrupción coleccionada
con obsesión por Montesinos se mantuvo oculta. Las grabaciones
del jefe de los espías fueron el secreto mejor custodiado del país.
Hasta que alguien logró apoderarse de uno de esos videos: Montesinos
sobornaba con 15 mil dólares al congresista opositor Alberto Kouri.
El gobierno de Fujimori cayó porque no soportó el impacto
y Montesinos fugó del Perú. El contenido de las grabaciones
secretas de Montesinos comenzó a desfilar ante los sorprendidos
ojos de los peruanos. Y ahí aparecían, recibiendo su parte
del dinero sucio que repartía Montesinos, personajes que durante
los años del fujimorismo habían pasado como opositores y
hasta como moralizadores.
Antes de huir del Perú, el ex presidente Alberto Fujimori se habría
llevado a Japón unos 300 videos de sus reuniones con Montesinos,
los que seleccionó luego de intervenir la casa de su ex asesor.
Pero, al parecer, Fujimori no tuvo tiempo de borrar todas las evidencias
que podrían comprometerlo. En un lote de seis videos enviados a
la fiscal de la Nación, Nelly Calderón, hay uno en el que
aparece Fujimori. No se sabe, hasta el momento, en qué circunstancias
fue filmado el ex presidente. En esos seis videos hay varios ex ministros
fujimoristas, entre ellos el actual candidato presidencial Carlos Boloña,
magistrados, militares y empresarios. Estas seis cintas serían
las próximas en escandalizar las pantallas de la televisión
peruana.
El último protagonista de la saga de los vladivideos
es el ex congresista del partido aprista Agustín Mantilla, a quien
se lo ve recibiendo 30 mil dólares de manos de Montesinos en marzo
del 2000, un mes antes de las elecciones de ese año. Mantilla se
comprometió a trabajar dentro de su partido para aislar al sector
más radicalmente opuesto al fujimorismo, oponerse en el Congreso
a cualquier intento de procesar a militares por violaciones a los derechos
humanos y apoyar la re-reelección de Fujimori. Mantilla fue ministro
del Interior durante el gobierno de Alan García (1985-90). García
acusó el golpe de la revelación que puso en evidencia a
uno de sus más cercanos colaboradores, a quien expulsó de
su partido acusándolo de haberle dado una puñalada
por la espalda. García se ubica en tercer lugar en las encuestas
con un 12,9 por ciento. Los sondeos todavía no han medido el efecto
Mantilla.
El único candidato presidencial que todavía se mantiene
libre de la sombra de los videos de Montesinos es Alejandro Toledo, quien
encabeza las encuestas con un 29,4 por ciento. Esto ha llevado a los candidatos
afectados a denunciar una supuesta manipulación en los videos para
exhibir aquellos que podrían debilitar a los rivales de Toledo
y ocultar los que lo podrían perjudicar. Ayer miércoles
el presidente Valentín Paniagua, acompañado de su gabinete,
dio una conferencia de prensa para responder estas críticas. Paniagua
resumió la posición del gobierno en el espinoso tema de
los vladivideos y el orden de su exhibición: Compartimos
la preocupación de que estos videos pueden perturbar el proceso
electoral, por eso demandamos que todos los videos sean expuestos al público
en elmás breve plazo para evitar cualquier conjetura de una manipulación
maliciosa. Hasta el momento hay más de 250 personas investigadas
por sus vínculos con Montesinos, 18 de las cuales están
en prisión incluyendo a la antigua cúpula militar
y otros 21 están prófugos.
SEGUN
UNA NOTA FIRMADA POR PINOCHET
Ordené los fusilamientos
A estas alturas lo único
que le falta al caso de la Caravana de la Muerte en Chile
es una confesión del propio Augusto Pinochet. La acusación
contra el ex dictador quedó absolutamente probada,
según uno de los querellantes, por la publicación ayer en
el diario El Mostrador de una nota manuscrita suya donde ordenaba encubrir
la tortura y muerte extrajudicial de una de las víctimas de la
Caravana.
Proponga esto: Eugenio Ruiz Tagle fue ejecutado en razón
a los graves cargos que existían contra él. No hubo torturas,
según información. Rubricado con su propia firma,
Pinochet rechazaba así en 1973 el pedido del procurador general
del Ejército chileno de investigar la muerte de ese dirigente socialcristiano.
Doce días después de las ejecuciones colectivas en el norte
de Chile, el ministro de Justicia de la dictadura, Gonzalo Prieto, pidió
al Ministerio de Defensa sancionar a los culpables de la muerte
de Ruiz Tagle. Al recibir el memorándum, el procurador general
militar, Osvaldo Salas, escribió a Pinochet solicitando una
investigación sumaria administrativa. Pero el comandante
en jefe del Ejército frenó todo con la creativa fórmula
que ayer fue presentada formalmente por los abogados querellantes al Tribunal
de Apelaciones de Santiago. Ahora, sus abogados afirman que el general
no está en condiciones de recordar algo que sucedió hace
28 años.
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