Por Claudio Scaletta

Los casi 10 mil millones de pesos que se habrían blanqueado durante ocho años a través del triángulo formado por los bancos República, Citibank y el offshore Federal Bank, revelado por el Senado de Estados Unidos, parecen haber pasado inadvertidos para los morosos controles del BCRA. En sendos reportajes, Pedro Pou, titular del Central, afirmó desconocer las cifras del lavado en la Argentina y consideró, sin embargo, que los datos divulgados esta semana por el informe del Parlamento estadounidense fueron elaborados sobre información proporcionada por la propia autoridad monetaria. Pou prefirió cargar la responsabilidad por la falta de precisión de sus propios datos sobre las autoridades locales del Citibank, a las que amenazó con el inicio de una causa penal. Dos informes firmados por Carlos Fedrigotti, titular de la entidad, son “absolutamente contradictorios”, afirmó. Aunque en principio el Citi había optado, al igual que en otros casos que lo involucraron esta semana, por el más absoluto silencio, a última hora de ayer difundió un escueto comunicado en el que “lamenta” las declaraciones de Pou y “rechaza enfáticamente” su interpretación de los hechos. El Citi agregó “que aclarará el tema directamente con el Banco Central y no a través de la prensa”.
Mientras el controvertido Pedro Pou osciló entre el desconocimiento de cifras y datos y el reconocimiento de la solidez técnica del informe de los legisladores estadounidenses, fuentes vinculadas con la lucha contra el lavado, tanto de la Sedronar como del BCRA, prefirieron encuadrar los hechos en el marco de la disputa de fondo entre los principales bancos locales y la Embajada norteamericana. Para estos funcionarios no es neutral que la información aparezca en el preciso momento en que el presidente Fernando de la Rúa se apresta a decretar la reglamentación de la ley que combate el lavado de dinero. En la norma, sancionada el año pasado, aún restan definir algunos aspectos que irritan a los bancos, en particular los relativos a los alcances de fiscalización de la Unidad de Información Financiera. Los banqueros argumentan que una legislación restrictiva puede provocar que inversiones genuinas se destinen a países vecinos.
Pero la principal preocupación de Estados Unidos estaría en la envergadura que adquirió el lavado en la Argentina, plaza a la que se destinarían dineros negros provenientes de otras regiones calientes de América latina, como Colombia y México. El principal cuestionamiento al rol del BCRA sería su ineficaz función de contralor de estas actividades delictivas. Si bien la responsable del informe de la Superintendencia de Bancos sobre las operaciones sospechosas de lavado, Alicia López, fue dejada sin funciones dentro de la institución –y a pesar de que Pou haya afirmado que el departamento que conducía la funcionaria fue subido de categoría–, los resultados de dicha investigación fueron, a juicio de los especialistas, por demás pobres. Desde el año ‘96 sólo se detectaron 29 operaciones sospechosas. De este total, apenas 9 se transformaron en denuncias ante la Justicia. El resultado judicial no se tradujo aún en condenas efectivas.
A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde toda la información es accesible para quien desee consultarla –el informe del Senado puede consultarse por Internet–, en la Argentina los datos de las operaciones sospechosas son mantenidos en reserva por el Central, cuyos funcionarios se muestran sigilosos en su relación con la prensa, cuando no temerosos cuando se trata de segundas y terceras líneas.
El informe de la subcomisión del Senado de Estados Unidos, que preside el demócrata Carl Levin, involucra al Citibank en la utilización de “bancos corresponsales” para introducir dinero negro en la plaza norteamericana (ver recuadro). En este caso, los corresponsales fueron el República, propiedad del financista menemista Raúl Moneta, y el Federal Bank. Según el informe, el Federal, aunque sirve a clientes argentinos, posee licencia en las Bahamas y declara oficinas en Uruguay, situaciónjurídica que le facilita gran flexibilidad frente a los controles de los tres países.
La información contradictoria suministrada por el Citi al Central, de la que se quejó Pou, fue la que evidencia el triángulo con el República y el Federal. Así, en 1999 informó que no tenía elementos que justificaran que el Federal funcionara como afiliado offshore del República. Tras la investigación realizada en Estados Unidos, que descubrió la relación, el Citi rectificó, en agosto de 2000, los datos suministrados inicialmente al BCRA.
Tal vez el peso de las evidencias emergentes del informe de la subcomisión dirigida por el senador Levin haya obligado al Central a buscar un chivo expiatorio, pero lo cierto es que la pelea entre Pou y el Citi significa la rotura del bloque que enfrenta a los bancos locales con la Embajada norteamericana, conflicto que seguramente quedará superado cuando De la Rúa decrete la reglamentación de la ley antilavado.

ALIANCISTAS DISIDENTES LOGRARON REABRIR UNA CAUSA
Investigado por encubrimiento

Los diputados de la agrupación Argentinos por una República de Iguales (ARI) pidieron y lograron que la jueza María Romilda Servini de Cubría reabriera una causa que involucra al presidente del Banco Central, Pedro Pou, en un supuesto encubrimiento de operaciones de lavado de dinero. La presentación había sido realizada ayer por la mañana por la diputada radical Elisa Carrió, los socialistas democráticos Alfredo Bravo, Héctor Polino y Jorge Rivas, y por el peronista disidente Juan Zacarías. A última hora de la tarde, Servini hizo lugar al pedido, que también involucra al segundo de Pou en el Central, Manuel Domper.
Los legisladores del ARI pidieron la reapertura de la causa porque “los antecedentes de Pou y Domper dan motivos más que suficientes para dudar de que ellos tengan solvencia moral, idoneidad política y probidad administrativa”, según un comunicado. De acuerdo con los denunciantes, el Central no controló las operaciones posiblemente vinculadas con el lavado de dinero en el país. Aunque la causa había sido archivada por Servini el año pasado, la investigación impulsada por Carrió y su par mendocino Gustavo Gutiérrez, retomada recientemente por el Senado estadounidense, influyó para que se reabriera la carátula.
Por su parte, Bravo afirmó que “Pou es la figura principal que denunciamos, junto con Domper. Son las figuras máximas y el Banco Central debe estar al tanto de cómo se lava el dinero aquí en el país”. El diputado del ssocialismo democrático también remarcó que los acusados “tienen que saber cuáles son los bancos que actúan en esa forma”. En tanto, Rivas indicó que la presentación contra los máximos responsables del Central es por “ausencia de control y monitoreo” en las operaciones de lavado de dinero en Argentina.
Pero no sólo el tema de Pou y el Banco Central acaparó la atención y las fuerzas del ARI; ayer, Carrió también le pegó duro al propio gobierno aliancista. “(José Luis) Machinea forma parte del establishment que no quiere que se controle el lavado de dinero”, disparó, y también criticó al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, por haber convocado a Pou para reglamentar la ley contra el lavado de plata “sucia”.
En el comienzo de una extensa jornada mediática, Carrió le aseguró a Radio Del Plata que el Gobierno “no tiene voluntad política” para investigar el informe de los senadores estadounidenses sobre el blanqueo de fondos argentinos de origen ilegítimo. Luego de afirmar que la administración delarruista “no quiere perder el respaldo de los bancos”, la diputada consideró que “a lo mejor” el dinero lavado sirvió para financiar campañas electorales.
Por otro lado, Carrió le pidió al presidente De la Rúa y al ex vice Carlos “Chacho” Alvarez que encabezaran la investigación sobre este tema. Desde el Frepaso no estuvieron faltos de reflejos e informaron que Chacho se comprometió a impulsar una comisión investigadora en el Congreso .
Ya por la noche, en un programa por CVN, se emitió otro reportaje a la legisladora chaqueña; allí aseguró que “toda la estructura de Argentina es de complicidad”. Y pese a su anterior acusación sobre la falta de voluntad política del oficialismo para avanzar con el tema, solicitó al Gobierno “que se ponga al frente de la investigación, que es lo que prometió en la campaña”.

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