|
Por Irina Hauser
 El procurador general de la
Nación, Nicolás Becerra, respaldó ayer a los fiscales
Eduardo Freiler y Federico Delgado, criticados por el Poder Ejecutivo
cuando apelaron la falta de mérito de los implicados en la causa
de los sobornos del Senado señalando, entre otros puntos, la falta
de colaboración oficial. Los respaldo, aunque no tanto: en la comunicación
que dirigió al ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, y
también a los propios fiscales, recomienda a éstos guardar
“mesura” al “exteriorizar sus opiniones por medios de comunicación
social”.
Freiler, Delgado y todos los fiscales federales le habían pedido
a Becerra que rechazara la intromisión del Ejecutivo en la causa
de las coimas en el Senado. Señalaron “la interferencia que
se pretende” con “respecto de la independencia funcional del
Ministerio Público Fiscal de la Nación”. El ministro
del Interior, Federico Storani, había acusado a Freiler de politizar
el caso, y el jefe de gabinete, Chrystian Colombo, sostuvo que “algunas
consideraciones” del dictamen fiscal “son un poco extremistas”.
Como era evidente que se había planteado un conflicto de poderes,
en su notificación Becerra le advirtió al hermano del presidente
Fernando de la Rúa que “resulta apropiado (...) que todas
las manifestaciones emanadas de quienes ejercen responsabilidades públicas
se formulen en un marco de respeto que mantenga el equilibrio necesario
para que se actúen en plenitud todas las funciones del Estado”.
También afirmó: “Garantizaré
a los señores fiscales (...) la continuidad en el pleno y eficiente
cumplimiento de las tareas propias de su investidura”.
En realidad, el tono que adquirió días atrás el cruce
de acusaciones por este tema hacía pensar que las expresiones de
Becerra hacia el Gobierno serían de mayor voltaje. Incluso desde
la propia Procuración anunciaron que la presentación se
haría el miércoles. Pero finalmente fue demorada -y moderada–
a raíz de una visita desesperada del titular de Justicia al Procurador
en la que le repitió casi lo mismo que ya venía diciendo
el Presidente. Por si acaso agregó por escrito: “La independencia
de los poderes u órganos extra-poder, no debe confundirse con prohibir
el derecho de opinión que, sin constituir interferencia, cabe a
toda persona o funcionario, particularmente cuando, ante manifestaciones
ajenas a un acto funcional, se suscita una opinión divergente”.
Las palabras de Fernando de la Rúa las citó el mismo Becerra
en su presentación: “Nunca he dado ninguna opinión
contra ellos (los fiscales) ni contra ningún juez porque respeto
la independencia de los poderes”. En el anteúltimo párrafo
añade que cree oportuno “resaltar” la resolución
39/86 que dispone “recordar a los magistrados y funcionarios integrantes
del Ministerio Público que al exteriorizar sus opiniones por medios
de comunicación social deberán” guardar “la mesura
y circunspección propias de sus cargos, evitando formular declaraciones
que excedan el interés que representan en las causas en las que
intervienen”.
Por su parte, ayer Freiler dijo que se sintió “respaldado
por sus colegas y por el Procurador General”. Y agregó que
para evaluar la voluntad del Gobierno de colaborar en la investigación
de las coimas, “tienen que brindar los elementos necesarios para
que se crea que es así”.
|
