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Por Laura Vales
 La vicejefa de Gobierno porteño,
Cecilia Felgueras, fue indagada durante más de dos horas en el
Palacio de Tribunales, sobre supuestas irregularidades en la compra de
comida para las colonias de vacaciones de la Municipalidad. La Justicia
investiga si al hacer esas compras –para la temporada de verano 98-99,
cuando Felgueras era secretaria de Promoción Social–, se cometió
un delito al omitir llamar a una licitación pública. También
si la Ciudad pagó más de lo razonable o favoreció
a empresarios amigos en detrimento de otros que no lo eran tanto. El denunciante
del caso, José Luis Orrico, está precisamente en la vereda
de los que se sintieron dejados de lado. Antiguo proveedor de la gestión
de Carlos Grosso, Orrico apuntó con su denuncia hacia la plana
mayor del entonces gobierno porteño, incluido Fernando de la Rúa
y sus funcionarios Héctor Lombardo y Eduardo Delle Ville. Todos
tienen fueros menos Felgueras, quien ayer dio sus explicaciones al juez
Eduardo Moumdjian y le entregó documentación sobre cómo
se hizo el procedimiento. “Se portó de mil amores”, dijo
sin sonrojarse el magistrado después de escucharla.
La investigación judicial se inició en enero del ‘99
y pertenece en realidad a otro juzgado, el de Héctor Yrimia, a
quien Moumdjian reemplaza de manera temporaria. El planteo que impulsa
el denunciante Orrico es el siguiente: en su calidad de empresario gastronómico,
trabajó para la Municipalidad durante cerca de 20 años y
ganó numerosas licitaciones. “Pero a partir del ‘96 empezó
a quedar afuera y a notar que existía un sistema en el que siempre
ganaban los mismos, aun sin cumplir con los pliegos de bases y condiciones”,
sintetizó su abogada Alejandra Baratta.
Orrico elevó entonces una presentación contra distintas
áreas de la Municipalidad, por los delitos de defraudación
contra la administración pública, malversación de
caudales y fraude al comercio. En relación con Felgueras, se investiga
la firma de 17 contratos para la provisión de comida a las colonias
de vacaciones.
Según los denunciantes, tal mecanismo se utilizó para evitar
el llamado a licitación pública y la consecuente competencia
en igualdad de condiciones. La abogada de Orrico puntualizó, por
ejemplo, que su cliente no fue invitado a participar de la compulsa, pese
a lo cual igual decidió presentarse. “Pero aun así
lo sacaron del medio con el argumento de que estaba inhabilitado; después,
Orrico comprobó que tenía la misma habilitación que
los demás y que había ofrecido precios más bajos”.
Felgueras ya se había presentado espontáneamente en la causa,
pero ayer fue indagada por primera vez. “Por este tema ya fui sobreseída
dos veces, por un juez y un fiscal”, dijo la funcionaria a Página/12.
“Hoy me convocaron a ampliar la información y concurrí
porque es mi deber”.
La vicejefa de Gobierno llegó al despacho del juez con varias carpetas
en las que se detalla paso a paso cómo fue el procedimiento para
las contrataciones en cuestión. La intención, resumieron
ayer sus asesores, fue demostrar básicamente que:
 Todo se hizo de acuerdo con
la Ley de Contabilidad del Estado.
Hubo un intento de licitar
estos servicios de comida, por lo que se llegó a abrir un expediente,
pero por falta de tiempo se debió apelar finalmente al concurso
de precios. “El papel de Felgueras en todo el proceso fue refrendar
con su firma 8 de las 17 contrataciones que había realizado el
director de Deportes porque superaban los 100 mil pesos, por lo que necesitaron
de su aval”.
Un dictamen de la Procuración
General porteña avaló lo actuado.
Desde la Municipalidad hacían hincapié en que detrás
de esta demanda el denunciante mantendría un litigio civil “por
38 millones de dólares contra la Ciudad”. La abogada de Orrico
admitió su existencia. Pero no confirmó el monto en juego
y calificó al tema como “independiente” del caso.
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