Sobre llovido, mojado. La evidencia sobre la vinculación entre el ex dictador chileno Augusto Pinochet y los crímenes de la Caravana de la Muerte fue suficiente para que la Corte Suprema chilena resolviera en agosto pasado el desafuero del entonces senador vitalicio. También fue suficiente para que el juez Juan Guzmán dictara su procesamiento y arresto, hace casi dos semanas. Y ahora, luego de las revelaciones del diario electrónico El Mostrador sobre el encubrimiento que el mismo Pinochet ordenó por algunos de los crímenes, el juez Guzmán, a pedido de la parte querellante, citará a declarar como testigos a quienes en aquel momento (octubre de 1973) confirmaron las denuncias de tortura realizada contra Eugenio Ruiz-Tagle, que después Pinochet encubrió. Además, el juez citará a Carlos Bau, quien fuera torturado junto a Ruiz-Tagle y que nombró al actual jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Chilena, general Hernán Gabrielli Rojas, como uno de los torturadores. La Fuerza Aérea respaldó a Gabrielli.
El caso que compromete más aún a Pinochet en la causa de la Caravana de la Muerte es el del ingeniero Eugenio Ruiz-Tagle, primo del ex presidente Eduardo Frei (1994-2000). Ruiz-Tagle fue torturado, fusilado y luego despedazado a sablazos, sin juicio previo, en Antofagasta. En ese entonces, el abogado Gastón Cruzat presentó una denuncia que fue luego suscripta nada menos que por Sergio Diez, que luego sería embajador de Chile ante la ONU durante la dictadura, y por Jaime Guzmán Errázuriz, quien después sería el principal ideólogo del régimen militar. Gracias a la influencia de Diez y Guzmán, el cuerpo de Ruiz-Tagle fue entregado a sus familiares, algo insólito para el modus operandi de la Caravana.
El caso derivó en que el entonces ministro de Justicia, Gonzalo Prieto, pidiera al auditor del Ejército, general Osvaldo Salas, que se iniciara una investigación interna. Prieto recordó ayer, ante El Mostrador, que el tema de Ruiz-Tagle hasta llegó a ser objeto de discusión en el Consejo de Gabinete, y que allí Pinochet se mostró consternado. Sin embargo, y aquí está la prueba ofrecida por el diario electrónico, días después Salas pidió instrucciones a Pinochet, y éste le respondió, de puño y letra: “Proponga respuesta: El señor Eugenio Ruiz Tagle fue ejecutado en razón a los graves cargos que existían contra él. No hubo torturas, según información”. Guzmán citará a declarar a Diez, Prieto y Cruzat, ya que Salas y Guzmán ya fallecieron.
Los abogados de Pinochet reaccionaron de manera típica, pero también de modo sorprendente. “El general no está en condiciones de recordar una situación que ocurrió hace 28 años”, dijo Pablo Rodríguez Grez. “No está en condiciones de dar una explicación para cada uno de los documentos”, coincidió el abogado Miguel Schweitzer. “Es un recurso publicitario, que busca tratar de influir negativamente en la opinión pública, así como también buscar algún tipo de impresión en los integrantes de la Corte de Apelaciones”, declaró Gustavo Collao. Pero el mismo Rodríguez opinó, de manera insólita, que los antecedentes revelados pueden ser “beneficiosos” ya que “se confirma que el gobernante no ordenó fusilamientos, sino que se enteró después de estos hechos”.
En realidad, lo único que confirma esta nueva prueba es que, una vez conocidos los crímenes, Pinochet los encubrió. Esto no cae dentro de los delitos de autoría e instigación por los cuales el ex dictador fue procesado, por lo que si se lo quiere juzgar por encubrimiento habría que iniciar un nuevo proceso. Si ésta es la fantasía de los abogados de Pinochet, no sólo las pruebas existentes, sino también las declaraciones del general Joaquín Lagos Osorio de que Pinochet ordenó los crímenes comprueban que la cuestión de la autoría intelectual, de hecho, está probada. Justamente, ayer el juez Guzmán pidió el video del programa de televisión en el que Lagos Osorio inculpaba directamente al ex dictador y contaba cómo eran torturadas las víctimas.
“Sería un curioso caso de daltonismo jurídico, si la defensa insiste en que estos documentos los benefician. Creen ver blanco donde es negro. En caso de que Pinochet diga la verdad, sería considerado encubridor de las torturas y homicidio que afectaron a Ruiz-Tagle”, declaró Eduardo Contreras, uno de los abogados querellantes. Para su compañero Hiram Villagra, con el caso de Ruiz-Tagle “todo va a ser relativamente rápido” en el proceso a Pinochet, porque estas nuevas pruebas “aclaran” la responsabilidad del ex dictador no sólo en el encubrimiento, sino también en la autoría directa de los crímenes de la Caravana de la Muerte.
Por otro lado, la sala de verano de la Corte de Apelaciones de Santiago comenzará a estudiar el próximo martes la apelación presentada por la defensa de Pinochet contra el procesamiento de su cliente, aludiendo a su estado de salud.

BUSH Y LA BAJA DE IMPUESTOS
Modificando a George W.

George W. Bush envió ayer al Congreso el programa que es la niña de sus ojos en términos de política interna: su plan de recortes de impuestos por miles de millones de dólares, que ahora muchos de sus republicanos contemplan como la clave para ganar en las elecciones del Congreso en el 2002. La oposición demócrata aseguró que combatiría contra el paquete, pero utilizó un lenguaje mucho menos confrontativo que durante la campaña presidencial para las elecciones de noviembre del año pasado.
El lenguaje de Bush también cambió con el tiempo. En su campaña argumentó que el boom de la economía y el enorme superávit fiscal permitía un premio para todos los norteamericanos. Pero con la reciente desaceleración, ahora el presidente afirma que los recortes son una medida de emergencia para revigorizar la demanda interna. “Nuestra economía está dando señales alarmantes y simplemente no podemos seguir igual y esperar que todo salga bien: necesitamos un alivio impositivo de inmediato e insto al Congreso que lo apruebe con la velocidad que estos tiempos de crisis requieren”, enfatizó ayer al enviar el proyecto a los legisladores. Los republicanos esperan poder aprobar los recortes para el 4 de julio, pero el paquete que surgirá entonces probablemente será distinto del plan que Bush delineó esta semana.
Por un lado, el proyecto será el foco de una ofensiva lobbysta de las corporaciones para insertar una serie de recortes especiales antes de que se firme como ley. Por el otro, los demócratas denuncian que el plan de Bush costará un billón de dólares más de lo que dice, y que el superávit fiscal se reduciría en un 96 por ciento. Ante un plan que según Bush está dirigido a “la gente común”, sin embargo, los demócratas se están mostrando mucho más cautos que durante la campaña presidencial, cuando denunciaron que el recorte no era más que un enorme regalo para los más ricos.

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