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Por ahora el Gobierno logró permanecer al margen del escándalo
del lavado de dinero. Pero a medida que el tema crece, las posibilidades
de que no lo roce de algún modo son cada vez más remotas.
Fernando de la Rúa analizó el tema con Chrystian Colombo
y José Luis Machinea y concluyeron que resulta esencial tomar la
iniciativa antes que la bola de nieve los arrastre, aunque sea con la
acusación de mantenerse inactivos. En línea con esa evaluación
política, el ministro de Economía anunció anoche
que envió todos los antecedentes sobre lavado de dinero al procurador
del Tesoro, Ernesto Marcer, quien “el próximo lunes hará
una presentación ante la Justicia con la denuncia correspondiente”.
Previamente, el propio De la Rúa había manifestado que “instruí
al ministro de Economía para que haga la presentación judicial
y formule la denuncia”.
El apuro por mostrar ejecutividad en un tema que comienza a quemarle las
manos hizo que el Gobierno tomara otra resolución. Después
de meses sin reglamentar la ley de lavado de dinero, Colombo anunció
ayer que esa tarea estará completada el próximo martes.
Los bancos ejercieron un fuerte lobby para parar la aplicación
de la ley, al considerar que la norma les asigna responsabilidades demasiado
pesadas, como advertir a una unidad especial del Gobierno sobre operaciones
sospechosas. De no hacerlo, podrían quedar involucrados como cómplices
en maniobras de lavado.
Los bancos habían logrado su objetivo hasta que el Senado de Estados
Unidos presentó su informe sobre lavado y desató el escándalo.
Colombo precisó que en los próximos días se pondrá
en funcionamiento la Unidad de Información Financiera, que tendrá
a su cargo investigar las operaciones sospechadas de lavado de dinero.
Hasta que ese cuerpo no se constituya, la ley pierde casi todo su sentido
práctico.
En rigor, el Gobierno había prometido la reglamentación
para esta semana. Al no poder cumplir, Colombo le puso nueva fecha, a
fin de morigerar las críticas por la tardanza y diluir las especulaciones
sobre la permeabilidad del Gobierno al reclamo de los bancos. “El
decreto reglamentario está prácticamente terminado”,
insistió, por su parte, el viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga,
quien precisó que la unidad dependerá de esa cartera y estará
integrada por seis miembros del Poder Ejecutivo y cinco nombrados por
concurso. Los del Gobierno serán representantes de los ministerios
de Justicia y Economía, el Banco Central, la Secretaría
contra el Narcotráfico, la Comisión Nacional de Valores
y la AFIP.
El otro camino que recorrió ayer el Gobierno para demostrar su
interés por el tema fue elevar la información disponible
sobre lavado al procurador del Tesoro. Sin embargo, ni De la Rúa
ni Machinea dieron detalles sobre el carácter de la denuncia que
pretenden que Marcer lleve a la Justicia. No dijeron si el Estado se sumará
como querellante en causas existentes o aportará elementos para
iniciar otra investigación. Si la estrategia pasara por el primero
de esos carriles, podría darse el caso de que el Gobierno se plegara
a la denuncia contra el presidente del Banco Central, Pedro Pou, impulsada
por diputados disidentes de la Alianza, como Alfredo Bravo y Elisa Carrió.
Pero no parece que ése vaya a ser el caso, si se tiene en cuenta
que en los últimos días Machinea respaldó públicamente
a Pou.
“Le remití una carta al procurador del Tesoro con la información
y el informe del Senado de Estados Unidos. Con eso hará una denuncia
ante la Justicia”, dijo Machinea. El ministro estuvo muy interesado
en remarcar que esa acción “demuestra la intención
del Gobierno de que se avance todo lo necesario en la investigación”.
“El Gobierno ha colaborado con los miembros del Congreso que estuvieron
en esta investigación, como los diputados Elisa Carrió y
Gustavo Gutiérrez, prestándoles la máxima colaboración”,
enfatizó el ministro. En la misma línea, Colombo destacó
“la acción muy concreta de la Argentina contra las operaciones
de lavado de dinero, como fue la sanción de la ley”. De la
Rúa no quiso quedar al margen en la tarea de subrayar “la
preocupación” del Gobierno por el tema. Desde Córdoba,
manifestó que había dado instrucciones a Machinea para que
elevara la información disponible a Marcer, a fin de que “formule
una denuncia”. También explicó que esa orden surgió
ante “la publicación de un informe por parte del Senado de
Estados Unidos”, y consideró que “toda investigación
debe ser profundizada”.
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Cambio Senado por
Lavado
Después de manifestar su apoyo a la propuesta de Elisa
Carrió de conformar una comisión que investigue las
operaciones de lavado de dinero, Carlos “Chacho” Alvarez
apuntó ayer contra el presidente del Banco Central, Pedro
Pou. “Es importante analizar exhaustivamente el rol del Banco
Central en estos temas y si ha cumplido o no con las tareas de contralor”,
subrayó, reclamando que la investigación también
haga eje sobre el papel que ha desempeñado Pou. El líder
del Frepaso cuestionó que el Central “no haya podido
precisar la cantidad de dinero que se lava en Argentina”. Y
para dejar en claro su ineptitud en esa tarea, añadió
que “hay diputados que están planteando que hubo lavado
por 10 mil millones de dólares en los últimos diez
años”, cifra que calificó de “escandalosa”.
Al igual que en el tema de las supuestas coimas en el Senado, Alvarez
se puso rápidamente del lado de quienes reclaman al Gobierno
una actitud decidida en investigar el lavado de dinero. Reclamó
que el tema sea asumido “como una cuestión institucional”,
para lo que “debe invitar a las otras fuerzas políticas
a participar”.
Por otra parte, Chacho consideró que las actividades del
ex banquero Raúl Moneta deben ser “parte de la investigación”,
al estimar que durante el menemismo, el ex titular del Banco República
estaba vinculado con “tráfico de influencias”.
“Detrás de Moneta, o al costado, se movieron palancas
muy importantes del poder menemista y eso me parece que se conoce,
así que debe ser parte de la investigación”,
precisó. Finalmente, dijo que “el combate a las nuevas
formas de delito como el narcotráfico y el lavado de dinero
debe ocupar un lugar central en la Alianza”.
En tanto, los diputados Darío Alessandro y Horacio Pernasetti,
presidente y vice del bloque de la Alianza de la Cámara baja,
manifestaron ayer que impulsarán la investigación
de lavado de dinero desde el ámbito legislativo. Y al igual
que Chacho, dijeron que “debe analizarse exhaustivamente si
las autoridades del Banco Central han cumplido con su obligación
de controlar e impedir la proliferación de lavado de dinero
a través del sistema financiero”.
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OPINION
Por Irma Parentella *
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Un problema de decisión
Luego de un extenso trámite parlamentario, en mayo del
año pasado se convirtió en ley (la 25.246) un proyecto
consensuado para prevenir y reprimir las operaciones financieras
conocidas como “lavado de dinero”. Se consideró
de suma importancia haber cubierto un vacío legal que, de
múltiples maneras, facilitaba la legitimación de activos
obtenidos mediante actos de corrupción, tráfico de
armas, ventas de drogas ilegales, etc., estimados por especialistas
en alrededor de 700 millones de dólares anuales.
La justificación de esta ley se basa en los riesgos que entraña
para una sociedad democrática la circulación de enormes
capitales provenientes de delitos cometidos por mafias carentes
de todo escrúpulo. También en la necesidad de dificultar
el accionar financiero de los narcotraficantes como forma de limpiar
la oferta de drogas ilegales. La creación, mediante esta
ley, de la Unidad de Información Financiera (UIF) tiene por
objetivo avanzar sustancialmente en la detección e investigación
de operaciones financieras sospechosas de estar relacionadas con
graves delitos precedentes.
Pero este avance sólo será posible si se le da suficiente
impulso político, reglamentando prontamente la ley sin desvituarla,
dinamizando el proceso de constitución de la UIF y, más
adelante, dándole a ésta todo el respaldo necesario
para una eficaz labor. Si la reglamentación de la ley queda
en manos de los que presionaron para que la UIF dependiera del Banco
Central, o tuviera menos autonomía, el debate que realizamos
no habrá servido. El gobierno anterior no hizo nada para
controlar el lavado de dinero en nuestro país, a pesar de
la creación por decreto del año 1990 de la Comisión
Mixta de Control de las Operatorias Relacionadas con el Lavado de
Dinero del Narcotráfico. No hubo decisión política
de combatir a los mafiosos. Por eso es preciso que el gobierno de
la Alianza apoye decididamente las investigaciones que iniciaron
en distintos momentos algunos legisladores nacionales, así
como también a aquellos que las hicieron desde otros ámbitos.
En nuestro país se da con cierta frecuencia una situación
que debería ser motivo de reflexión: la sanción
de leyes que luego en gran medida no se cumplen, entre otras razones
debido a que los organismos del Estado no desempeñan eficazmente
su rol de control o, lo que es peor, amparan a los poderosos.
Solo va a haber señales claras de que queremos terminar con
la impunidad y vivir en una sociedad democrática si elaboramos
leyes apropiadas y, además, las respetamos y las hacemos
cumplir.
* Diputada nacional, Frepaso-Alianza. Presidenta de la Comisión
de Drogadicción.
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