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Por Adriana Meyer
 ”Llegó la hora de
escuchar al Gobierno”, dijo uno de los investigadores del caso de
los sobornos en el Senado. Así lo dispuso el juez federal Carlos
Liporaci al fijar las fechas de las indagatorias de dos ex funcionarios
que tuvieron que abandonar sus despachos por este escándalo: el
20 de febrero deberá presentarse el ex secretario de Inteligencia,
Fernando de Santibañes, y el 27 será el turno del ex ministro
de Trabajo, Alberto Flamarique. Liporaci también citó a
indagatoria al senador José Genoud, tal como pidieron hace una
semana los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado. El legislador
será interrogado el 16 de marzo.
En el dictamen de apelación a la falta de mérito que había
dictado Liporaci, los fiscales señalaron que Genoud habría
tenido un rol protagónico en la sanción de la Reforma laboral.
“Comandaba a su antojo uno de los bloques mayoritarios y llevó
a cabo personalmente las negociaciones”, escribieron. Freiler y Delgado
sostienen que hubo “negociaciones paralelas” que habrían
consistido en “reuniones secretas entre Augusto Alasino y sus entonces
comandados, José Genoud por la bancada radical y los operadores
del Poder Ejecutivo, principalmente Alberto Flamarique y Fernando de Santibañes,
en las que buscaban un consenso susceptible de apreciación pecuniaria”.
Liporaci decidió cumplir con lo que había anunciado en diciembre:
avanzar en el esclarecimiento de quién pagó los supuestos
sobornos. Los fiscales no tienen dudas de que el dinero de las coimas
salió de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Por eso denunciaron
al secretario de Finanzas de ese organismo, Juan Gallea, por haber ocultado
pruebas a la investigación, aportado documentos falsos a la causa
y encubierto la maniobra.
Entre las nuevas medidas que tomó el juez ayer está la citación
a declaración testimonial del auditor de la Sindicatura General
de la Nación, Ricardo Pérez Vélez, quien elaboró
el informe que detectó irregularidades en la rendición del
dinero de la SIDE: De Santibañes informó como gastados 22
millones que –en realidad– estaban en otra cuenta de la SIDE.
Liporaci convocó, además, a seis periodistas que escribieron
artículos sobre las “negociaciones paralelas” por la
Reforma. Felipe Yapur, de Página/12, es uno de ellos. Y citó
al periodista Joaquín Morales Solá para que amplíe
su testimonio.
Los fiscales se habían quejado de la falta de “colaboración”
de diversos organismos. Uno de ellos era la Dirección Nacional
de Migraciones. Su director, Angel Roig, aclaró ayer en un comunicado
que “no queda lugar para la duda de cuál es la actitud de
la Dirección Nacional de Migraciones para colaborar en el esclarecimiento
de este caso, por propia convicción y por instrucciones del presidente
Fernando de la Rúa”. Un funcionario de esa repartición
comentó a este diario que cada pedido del juzgado era remitido
a la Policía Federal porque ahí centralizaba todo e insinuó
que quienes enviaron información parcial a la Justicia fueron los
uniformados.
También salió a aclarar fue el ministro de Justicia, Jorge
de la Rúa, quien aseguró que las críticas a los fiscales
vertidas por su hermano, el presidente Fernando de la Rúa, y el
ministro del Interior Federico Storani “se refirieron a expresiones
periodísticas del fiscal (Eduardo) Freiler anteriores a la apelación”.
Y agregó que “el Gobierno respeta la independencia de los
poderes, pero esa independencia no excluye el disenso respetuoso que no
significa interferencia”.
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